El diputado federal Mario Riestra Piña, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), propuso adiciones al Código Penal Federal y la Ley General de Salud para aumentar las penas por la falsificación de certificados de vacunación contra COVID-19.
En la fundamentación de las propuestas, el legislador señaló que si bien la falsificación de documentos es un delito que ya está previsto en el Código Penal Federal, la gravedad de falsificar el certificado va más allá del solo hecho de reproducir un documento y hacerlo pasar como real, sino que se pone en riesgo la salud de las personas y se vulneran las medidas sanitarias adoptadas por los países.
Actualmente, el artículo 243 del Código Penal Federal castiga con cuatro a ocho años de prisión y de 200 a 360 días de multa la falsificación de documentos públicos, y en el caso de documentos privados, prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días de multa.
Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.
Con la adición de un cuarto párrafo como propone Riestra Piña, la pena aumentará hasta en una mitad, cuando se falsifique el certificado de vacunación contra COVID-19.
Científicamente, dijo el panista, se ha comprobado que las vacunas salvan vidas y la probabilidad de hospitalización y muertes son muy reducidas.
Incluso, la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas”, expresó.
Expuso que el certificado de vacunación, principalmente, sirve como comprobante para quienes viajan a otros países donde existen restricciones.
Es por esto que contar con el certificado de vacunación contra COVID se ha vuelto indispensable en nuestro país e incluso obligatorio para viajar al extranjero, pero se ha reportado la falsificación de los mismos, siendo esta una práctica común, sobre todo en caso de tener la necesidad de salir del país y no contar con la vacuna correspondiente”, lamentó.
En el Centro Histórico de Ciudad de México se ha reportado que se ofrece certificados desde los 600 pesos e incluso en un programa radiofónico se dio a conocer que un sujeto pide tres mil pesos para falsificar un certificado porque el interesado será ingresado en el registro de personas vacunadas.
En el caso de la adición a la Ley General de Salud, Riestra Piña propuso que quien falsifique o adultere la aplicación de alguna vacuna incluida en el Programa de Vacunación Universal o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias de vacunación, se la aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
Y tratándose de servidores públicos, la pena se duplicará y se aplicará sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan de conformidad con la ley aplicable.
