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Puebla sigue sin acatar sentencia de SCJN para despenalizar el aborto

Puebla es una de las entidades que aún criminalizan a una mujer que decide abortar antes de las 12 semanas de gestación

Foto: Archivo.

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Puebla se mantiene dentro de las entidades que criminalizan a una mujer que decide abortar antes de las 12 semanas de gestación, yendo en contra de la última sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el estudio “Panorama actual sobre el aborto en México” publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, alrededor de 54 por ciento de los embarazos no planeados en México se resuelve mediante un aborto inducido.

Es decir, alrededor de un millón de mujeres anualmente recurren a la interrupción de su embarazo y aunque existen sanciones en el Código Penal en el país, ello no ha evitado su práctica e incluso estos procedimientos se realizan clandestinamente.

El documento refiere que el aborto es el quinto lugar de las causas de “morbilidad materna extremadamente grave” y es practicado de manera frecuente por mujeres jóvenes, casadas y solteras, con una vida sexual activa de menos de 25 años.

“Poco más de un tercio (36 por ciento) de las mujeres con abortos inducidos tienen complicaciones que requieren atención médica; y esta proporción se incrementa hasta 45 por ciento en el caso de las mujeres rurales pobres del país”.

Refiere que la penalización del aborto en el país es “heterogénea y desigual” lo que afecta de manera grave los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

Destaca el documento que solamente seis entidades han despenalizado el aborto antes de las 12 semanas de gestación y son la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Baja California.

Mientras que Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Morelos.

Así como, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas mantienen la pena de cárcel.

“En los estados donde la interrupción del embarazo se considera un delito las mujeres y las personas gestantes enfrentan penas privativas de la libertad que van desde un mínimo de 15 días de prisión en el estado de Tlaxcala hasta un máximo de seis años en el caso de Sonora, además de multas, trabajo comunitario, tratamiento médico y/o psicológico”.

En el caso particular de Puebla, el aborto es sancionado con la privación de la libertad de seis meses a un año, mientras que en Baja California Sur va de seis meses a dos años, pero se puede sustituir por trabajo a favor de la comunidad hasta por 200 jornadas.

El Código Penal de Puebla establece que el aborto no es sancionable cuando se produzca de manera espontánea o sea el resultado de una violación, así como por una malformación del producto o la mujer embarazada corra peligro de muerte.

Hay que recordar que la SCJN resolvió controversia constitucional promovida a favor Estado de Coahuila declarando inconstitucional la penalización de una mujer que se practique un aborto lo que generó una jurisprudencia que podría sea aplicable en todo el país.