Nueva reforma en materia de agua será lo mejor para acabar con “malinterpretación”: Estefan

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac, consideró que si esta nueva reforma que se realizará a la Constitución Política de Puebla en materia de agua evitará la “malinterpretación” de una posible privatización del servicio será lo mejor que podrán hacer los diputados.

En entrevista concedida a RETO Diario, dijo que el PRI en Puebla está en contra de cualquier intención de privatizar el agua en la entidad y afirmó que sus diputados locales aprobaron la reforma inicial fue para garantizar el derecho de acceso al vital líquido.

Estimó que la redacción del texto avalado en la homologación del artículo 12 de la Carta Magna de Puebla con el artículo 4 de la Constitución Política Mexicana fue la que generó una malinterpretación de una posible privatización del agua por lo que este cambio permitirá aclarar esta situación.

“El PRI se opone a cualquier privatización del agua en el estado. Entiendo que como está redactada la ley puede prestarse a una malinterpretación y no hubo nunca la intención de nuestros diputados locales de aprobar ningún instrumento jurídico que permita la privatización si esto que se presenta permite aclararlo pues que mejor”.

Estefan Chidiac, dijo no conocer a fondo el planteamiento de la iniciativa que presentará la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla y que será aprobada en una sesión extraordinaria pero estimó que esta demostrará que nunca hubo una intención de privatizar el agua será lo mejor para los ciudadanos.

Hay que recordar que derivado de la especulación por la privatización del agua a través de esta reforma constitucional se generó mucha polémica e incluso se presentaron 13 controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aunado que ocho presidentes municipales denunciaron públicamente que al interior del Congreso de Puebla se alteraron actas de cabildo para apoyar esta reforma constitucional que requería del respaldo de dos terceras partes de los 217 ayuntamientos que fuera declarada válida.