Aprueban en comisiones regreso parcial del Registro Civil a los auxiliares

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dio luz verde a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, para devolver parcialmente a los presidentes auxiliares las facultades sobre el Registro Civil, lo que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) calificó como un "paliativo" que no resuelve el problema.

En entrevista posterior a la sesión de este cuerpo colegiado, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ignacio Mier Bañuelos, señaló que esta reforma permitirá a las autoridades subalternas "coadyuvar" a la administración estatal en la prestación de este servicio en sus demarcaciones.

Indicó que los ediles auxiliares que quieran hacerse cargo del Registro Civil deberán ingresar a una capacitación, sujetarse a los nuevos lineamientos y sanciones de carácter penal que entrarán en vigor una vez que se apruebe la reforma.

"Solamente es coadyuvar, es decir, pueden ya participar activamente en las funciones registrales, o sea, prestar el servicio del Registro Civil a las personas siempre y cuando cumplan con algunos requisitos que se establecen", explicó.

Por su parte, la coordinadora de los diputados por el PRI, Silvia Tanús Osorio, comentó que su posición es que se regresen a los ediles auxiliares totalmente las facultades que tenían antes de la reforma de 2013, entre las que destacó el control sobre el Registro Civil.

Declaró que en esta reforma no fue incluida la propuesta presentada por su compañero de bancada, Francisco Jiménez Huerta, por lo que consideró que el nuevo ordenamiento no será integral al no concentrar otras aportaciones.

Adelantó que el voto del grupo legislativo del PRI será en contra de esta reforma a la Ley Orgánica Municipal, puesto que se dejaron las sanciones aplicables a los ediles subalternos que terminará por criminalizarlos.

Hay que recordar que la propuesta avalada en la comisión establece que en caso que algún edil subalterno cometa alguna irregularidad, como la expedición de algún acta de nacimiento de forma ilegal, será acreedor a un castigo de tipo penal que irá de los 2 a los 8 años de prisión.