Con la lectura íntegra de una sentencia condenatoria que supera las dos mil páginas, el Poder Judicial del estado de Puebla dio por concluido formalmente el juicio oral por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022. El fallo impuso la pena máxima de 60 años de prisión a Javier López Zavala, ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, señalado como autor intelectual del crimen, así como a su sobrino Jair Mauricio Domínguez y al sicario Silvestre Vargas, responsables materiales del ataque.
La resolución fue notificada en audiencia ante el Tribunal de Enjuiciamiento, con sede en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, marcando el cierre legal del proceso penal y el inicio del plazo de 10 días para que las defensas puedan promover un recurso de apelación, conforme al artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Autoría intelectual y móvil del feminicidio
De acuerdo con lo asentado en la sentencia, el tribunal acreditó que López Zavala proporcionó recursos, herramientas y apoyo logístico a su sobrino, quien a su vez contrató al sicario que ejecutó el ataque armado contra Cecilia Monzón mientras conducía su camioneta sobre el Camino Real a Cholula.
Los peritajes confirmaron que la víctima recibió al menos siete disparos con un arma calibre 9 milímetros de características expansivas, lo que permitió acreditar la intención directa de matar, al tratarse de municiones que provocan daños internos irreversibles.
La Fiscalía General del Estado (FGE) estableció que el móvil del feminicidio se originó en un actuar doloso del ex funcionario priista, derivado de una denuncia previa por violencia familiar y de una prolongada disputa legal por la manutención del hijo menor que procreó con la abogada, quien se había especializado en la defensa de mujeres víctimas de violencia de género.
Notificación a penales y posible traslado inmediato
Durante la diligencia judicial, las autoridades penitenciarias del penal de San Miguel, en Puebla, y del Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México, fueron formalmente notificadas sobre la existencia de la sentencia condenatoria, lo que abre la vía jurídica y administrativa para concretar el traslado de Javier López Zavala a un penal federal de máxima seguridad.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Francisco Sánchez González, informó que el traslado está prácticamente definido y podría concretarse en un plazo no mayor a ocho días, una vez agotadas las últimas formalidades del proceso. Explicó que aunque el ex candidato priista promovió recursos legales para permanecer en Puebla, el procedimiento se encuentra en su fase final.
Señalamientos de privilegios y exigencia de justicia
A lo largo del juicio oral, que se extendió por ocho meses, Helena Monzón, hermana y abogada de la víctima, documentó presuntos tratos preferenciales y aparentes privilegios penitenciarios hacia López Zavala, situación que motivó la solicitud formal de su traslado fuera del estado una vez concluido el proceso.
Tras el cierre del juicio, Helena Monzón confirmó que las audiencias han concluido y que las notificaciones a los centros penitenciarios ya fueron realizadas, dejando todo listo para que las autoridades procedan conforme a derecho.
Etapas legales pendientes
En caso de que la defensa interponga apelación y esta sea admitida, el recurso deberá ser resuelto por un Tribunal de Alzada. Tanto la FGE como los equipos jurídicos que acompañan a la familia Monzón han manifestado estar preparados para sostener la legalidad del fallo, con el objetivo de que la sentencia permanezca firme.
Una vez agotadas las instancias ordinarias, el único medio extraordinario disponible sería el juicio de amparo, el cual podría interponerse en un plazo máximo de hasta ocho años, conforme a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esta sentencia, el caso Cecilia Monzón se consolida como uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de feminicidio, violencia de género y rendición de cuentas en Puebla, marcando un precedente en la persecución penal de los autores intelectuales de este tipo de crímenes.
