La familia de Cecilia Monzón solicitó el traslado inmediato de Javier López Zavala al penal federal de El Altiplano, tras su condena de 60 años de prisión por feminicidio, al denunciar presuntos privilegios en el penal de San Miguel, en Puebla.
A cinco días de que se dictó la condena máxima de 60 años de prisión contra Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón, la familia de la activista y abogada exigió que el exfuncionario priista sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano o Almoloya, en el Estado de México.
La solicitud fue reiterada públicamente por Helena Monzón Pérez, hermana de la víctima, quien denunció que durante una visita al Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de Puebla fue testigo de una actitud de deferencia de un custodio del penal de San Miguel hacia López Zavala. De acuerdo con su testimonio, este hecho ocurrió frente a ella, lo que consideró un indicio grave de posibles privilegios al interior del centro penitenciario.
A través de redes sociales, Helena Monzón difundió mensajes como “¿Y Almoloya, pa’ cuándo?”, “Justicia para Cecilia Monzón” y “Altiplano ya”, insistiendo en que el traslado es un paso pendiente para garantizar una justicia plena. No es la primera vez que la familia alerta sobre presuntas comodidades y trato preferencial hacia el exsecretario de Gobernación de Puebla durante su reclusión.
El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, había negado previamente estos señalamientos; sin embargo, antes de concluir 2025 reconoció que, una vez dictada la sentencia, López Zavala sería trasladado a un penal federal de máxima seguridad, como El Altiplano, ya sea por su peligrosidad o por generar problemas al interior del penal.
Cabe recordar que Javier López Zavala fue sentenciado el 31 de diciembre de 2025 como autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, ocurrido en mayo de 2022. En el mismo fallo, el tribunal también condenó a Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ruiz, autores materiales del crimen, quienes recibieron igualmente 60 años de prisión.
Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal ordenó el pago de multas e indemnizaciones por daño moral y reparación del daño. La lectura íntegra de la sentencia se llevará a cabo el 8 de enero de 2026, en audiencia pública.
