El exdelegado de Movilidad y Transportes en Xicotepec, Luis Alberto I. I., fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la agresión sexual cometida contra una menor de edad originaria de la junta auxiliar San Isidro Atotonilco. La medida incluye prisión preventiva oficiosa, por tratarse de un delito considerado grave, por lo que permanecerá detenido mientras continúa la investigación.
La audiencia se llevó a cabo en la Casa de Justicia de Zacatlán, donde el juez de Control determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal. La detención del exfuncionario ocurrió el 28 de noviembre, durante un operativo realizado por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con las carpetas de investigación y reportes extraoficiales, la menor habría sido víctima de tocamientos y agresión sexual dentro de un domicilio en San Isidro, al que el exdelegado ingresó cuando acudió a cobrar una deuda de 70 mil pesos por la venta de una camioneta. Los familiares de la adolescente confrontaron al acusado horas después y posteriormente presentaron la denuncia ante la FGE, aportando elementos que derivaron en la orden de aprehensión.
Tras la audiencia, Luis Alberto I. I. fue trasladado al Cereso de Huauchinango, aunque inicialmente había sido llevado al penal de Zacatlán. Ahí permanecerá mientras se desarrolla la etapa complementaria del proceso, en la cual se desahogarán pruebas para determinar su responsabilidad o deslindarlo del delito que se le imputa.
El exdelegado ya había sido señalado anteriormente por supuestas irregularidades administrativas durante su gestión, aunque ninguno de esos señalamientos derivó en procedimientos penales. Su defensa sostiene que el caso podría estar relacionado con el conflicto por la deuda; sin embargo, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.
La investigación formal seguirá su curso en las próximas semanas, hasta que el Poder Judicial establezca su situación jurídica definitiva.
