La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó la renuncia de tres de sus funcionarios tras detectarse presuntas irregularidades y denuncias sobre una posible red de extorsión, manipulación de carpetas y cobros ilegales a empresarios.
Los implicados son Miguel Islas López, extitular de la Fiscalía Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; su coordinador Jorge Malváez Rodríguez; y Luis Antonio León Delgadillo, exresponsable de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI).
De acuerdo con la FGE, aunque los funcionarios presentaron su renuncia voluntaria, se abrió una investigación interna para determinar si incurrieron en faltas administrativas o delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Hasta el momento, no se han recibido denuncias formales, pero la institución exhortó a posibles víctimas a presentar querellas.
Versiones extraoficiales señalan que los exfiscales habrían encabezado una red interna de corrupción y extorsión que presionaba a empresarios, contratistas y políticos con supuestas carpetas de investigación por delitos financieros o fiscales. Algunos reportes mencionan cobros de entre 30 mil y 80 mil pesos para detener cateos o liberar detenidos.
Entre los casos recientes se menciona el del empresario Javier Milian, dueño del bar 40 Grados, quien fue detenido en circunstancias irregulares y posteriormente liberado por orden judicial. Su defensa denunció intentos de extorsión por parte de personal de la Fiscalía.
Tras las renuncias, la titular de la dependencia, Idamis Pastor Betancourt, designó a Diego Domínguez Idalias como nuevo titular de la Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia y a Tania Nallely Salmerón al frente de la Fiscalía de Investigación Regional.
La fiscal reiteró su compromiso de cero tolerancia a la corrupción y aseguró que las investigaciones continuarán hasta deslindar responsabilidades.
Las destituciones ocurren en medio de una reestructuración interna que busca recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la procuración de justicia en Puebla, tras múltiples denuncias por prácticas irregulares dentro de la institución.
