Jorge Ricardo Gazca Rojas es dueño de una tienda o outlet de ropa en la colonia Bugambilias en Puebla; sin embargo, informó que denunció a cinco trabajadores de Comercio Exterior ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pues asegura que le robaron más de un millón de pesos en mercancía.
Gazca Rojas informó para el medio Ambas Manos, que personal de Comercio Exterior llegó a su tienda “Road Show Bodega” con un documento dirigido a otra persona, tras revisar su local y a través de ciertas irregularidades le incautaron mercancía como parte de dos “embargos precautorios”. La primera vez le quitaron 390 mil pesos y la segunda más de 675 mil pesos en mercancía.
Sin embargo, la situación no se quedó ahí, pues el vendedor acusó que también fue víctima de extorsión y burlas, pues el personal de Comercio Exterior le dijo que la ropa que vendía era falsa.
Contó que la primera vez que visitaron su tienda, hace dos años, los trabajadores de Comercio Exterior argumentaron que querían confirmar el origen de los productos que vendía, pero notaron que la mayoría de las prendas decían “Made in”, por lo que le solicitaron las facturas, mismas que presentó, pero como no describen los modelos y las tallas fueron rechazadas. Además, los visitadores se dieron cuenta que en su tienda tenía cámaras y le pidieron que las apagara.
Jorge Ricardo Gazca tiene más de 27 años trabajando en la industria de la venta de ropa, incluso llegó a ser gente de marcas como Levi ‘s, Champion y Aeropostale. Siete años atrás quiso montar su tienda, pero por el tipo de marcas que vende y por la naturaleza de su negocio, el 60 por ciento de su mercancía es importada.
Gazca Rojas señaló que en el primer embargo precautorio, alegó que las facturas no podían ser falsas pues son marcas que tienen presencia internacional; sin embargo, los visitadores las invalidaron, a pesar de estar registradas ante el SAT. En esa ocasión se llevaron 390 mil pesos en mercancía.
La segunda ocasión que regresaron a su tienda fue en diciembre de 2022. Esta vez lo visitaron 10 inspectores de Comercio Exterior, pero sólo cinco se pudieron identificar. Se repitió el mismo esquema, pues el sujeto que estaba a cargo de la revisión, José Antonio Jarillo Jardines, trajo un oficio firmado por Aldo Robles Cuassor, pero estaba dirigido a otra persona.
Jorge Ricardo Gazca les dijo que los datos estaban mal, que el oficio estaba a nombre de una persona física y no moral, ante este reclamo, el personal de Comercio Exterior le pidió su RFC, acto seguido, tres de los visitadores salieron y regresaron con una nueva carátula, solo que esta vez los datos sí coincidían.
Después las diez personas que entraron bajaron a su bodega para hacer una inspección de los productos, pero el personal le dijo que si les entregaba entre 50 mil y 80 mil pesos no se llevarían su mercancía, pero con lo que no contaban los visitadores es que Jorge Ricardo los estaba grabando.
Además, el comerciante narró que otro visitador, cuyo nombre era Oscar Alberto Pérez Díaz, le pidió facturas, pero solo aceptó aquellas que eran de producto empacado y rebotó las de unas chamarras y playeras; sin embargo, las facturas de los productos tenían las mismas características. Al final, como parte de un nuevo embargo precautorio se llevaron 675 mil pesos en producto.
Jorge Ricardo Gazca intentó protestar, pero los visitadores lo presionaron para que firmara un documento, primero se negó, pero le dijeron que si no lo hacía le ponían una multa económica de inmediato, que perdería el derecho a presentar las facturas de su mercancía y lo perdería todo.
El vendedor contó para Ambas Manos que del primer embargo, la Secretaría de Planeación y Finanzas, instancia que regula a la Dirección de Comercio Exterior, solo le reconoció una parte de la mercancía incautada y a cambio la dependencia le otorgó un crédito fiscal, pero impugnó la decisión y perdió el derecho a dicho crédito.
Toda está situación ha hecho que Jorge Ricardo perdiera más de un millón 137 mil pesos entre la mercancía incautada, los trámites, los abogados y el resto de gastos. Situación que lo ha llevado al límite, pues a pesar de sus denuncias y de todos sus esfuerzos por demostrar que en realidad él es la víctima, ninguna dependencia resuelve a su favor.
Por ejemplo, presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pero le dijeron que no pueden hacer nada por su caso porque él firmó el documento que avala la diligencia. Mandó escritos para exponer su situación a la Secretaría de Finanzas y emitió una denuncia a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pero ninguna dependencia le ha dado respuesta.
