El auto de formal prisión que se dictó en contra de Alfredo Arango García, ex secretario de Salud en la administración anterior, reunió los requisitos constitucionales por lo que se le negó el amparo promovido por su defensa.
La resolución emitida por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, bajo el amparo auxiliar 97/2012, derivado del juicio 65/2012, plantea textualmente:
“Se advierte que el auto de formal prisión reclamado se encuentra apegado a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que previo a privar de la libertad a los gobernados debe seguirse en su contra un proceso en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual se realizó en el presente asunto, dado que se recibió la declaración preparatoria del quejoso, en la que, previamente, el juez responsable le hizo de su conocimiento los derechos que establece el artículo 20 constitucional, y se le tuvo nombrado a su defensor particular; también se le hizo saber la imputación que obra en su contra, así como el nombre del denunciante, resolviendo su situación jurídica dentro del término constitucional”.
La resolución de la autoridad federal, además, determina que los elementos de prueba fueron suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de Alfredo Arango García en el delito de enriquecimiento ilícito.
Se avalaron además, “signos de riqueza ostensible y notoriamente superiores” a los referidos por Arango García, quien empleó mecanismos consistentes en la rendición de declaraciones patrimoniales incompletas, ocultando la existencia de algunos bienes inmuebles, muebles y diversas cuentas bancarias a su nombre y de sus dependientes económicos.
De esta forma, la instancia federal avaló las actuaciones realizadas por autoridades del estado de Puebla en el caso del ex secretario de Salud del sexenio marinista, Alfredo Arango García, quien el pasado 12 de enero del presente fue ingresado al Centro de Reinserción Social de San Miguel, al cumplirse una orden de aprehensión en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, marcado por la ley como grave y sin derecho a obtener la libertad bajo caución.
