En Puebla, como en muchas partes del país, hay historias judiciales que terminan convertidas en espectáculos mediáticos.
Y casi siempre ocurre lo mismo: cuando un expediente mal construido llega a los tribunales y se derrumba, alguien necesita encontrar culpables distintos a los verdaderos responsables.
Eso parece estar ocurriendo con el sonado caso del empresario de grúas Julio César Flores, asesinado en Tehuacán en 2022, al parecer para quitarlo del negocio.
En los últimos días comenzaron a circular publicaciones y videos en redes sociales donde familiares de la víctima acusan directamente a magistrados del Poder Judicial del Estado de Puebla de haber liberado irregularmente al presunto responsable, Juan Oscar N., quien incluso había sido sentenciado a 35 años de prisión. Este sujeto pagó 100 mil pesos a dos sicarios y les proporcionó el arma a los autores materiales del homicidio: Jonathan N. y José Manuel N.
Foto: Especial
En los señalamientos difundidos en redes se mencionan directamente a integrantes del Cuarto Tribunal de Alzada del Poder Judicial del Estado: Yrina Yanet Sierra, Isaí Rivas y Abelardo Gil Martínez.
El señalamiento es grave.
En las publicaciones se habla de corrupción, de una absolución “exprés” y de decisiones irregulares del tribunal.
Pero la narrativa mediática tiene un problema: ignora –o deliberadamente omite– cómo funciona realmente el sistema judicial.
Quien tenga un mínimo conocimiento del proceso penal sabe que los magistrados no deciden con base en presiones mediáticas ni en exigencias sociales. Su obligación constitucional es resolver conforme a derecho y con base estrictamente en lo que está dentro del expediente.
Ni más ni menos.
Los magistrados no investigan. No integran carpetas. No fabrican pruebas. Analizan lo que la autoridad investigadora puso sobre la mesa.
Y ahí aparece el verdadero problema de esta historia.
Fuentes jurídicas que han tenido acceso al expediente coinciden en una cosa: la integración del caso por parte de la Fiscalía General del Estado presenta deficiencias graves.
Actuaciones mal elaboradas, inconsistencias procesales y pruebas cuya solidez jurídica difícilmente resistía un análisis profundo en segunda instancia.
Cuando eso ocurre, el tribunal no tiene margen de maniobra.
La ley no permite que los magistrados “corrijan” los errores de la fiscalía. Si el caso está mal construido, el resultado es inevitable.
La justicia, en esos casos, no falla por voluntad de los jueces. Falla porque la investigación llegó rota desde su origen.
Sin embargo, hay otro elemento que vuelve aún más extraña la reciente ofensiva mediática.
La conferencia de prensa donde se realizaron los señalamientos no fue abierta a todos los medios de comunicación. Por el contrario, fue una convocatoria selectiva, dirigida únicamente a algunos medios muy específicos.
En Tehuacán hay versiones que señalan que la operación mediática habría sido coordinada por el abogado Carlos Tress Ogazón, quien ha fungido como vocero de Miguel Ángel Celis Romero, personaje ampliamente conocido en la región.
Fuentes locales aseguran que Tress no solo habría organizado la convocatoria, sino que incluso habría cubierto viáticos a ciertos medios para asegurar la cobertura.
Si esto es cierto, la pregunta cambia de fondo.
¿Por qué convertir una resolución judicial en un montaje mediático cuidadosamente operado?
Porque cuando la discusión se centra en los magistrados, la atención pública se desvía de la pregunta realmente incómoda: ¿quién y por qué integró mal el expediente?
Pero además surge otra interrogante que comienza a inquietar dentro del propio ámbito judicial.
¿Será que la estrategia de Tress Ogazón consiste en presionar públicamente a todos los magistrados que tengan en sus manos asuntos relacionados con Miguel Ángel Celis Romero? ¿Será que cada resolución que no favorezca a su grupo será respondida con campañas de señalamiento, acoso mediático o difamación?
Porque si ese es el método, lo que está ocurriendo no es una simple inconformidad jurídica.
Es un intento de presión.
Y el asunto se vuelve aún más delicado cuando se observa que el caso del homicidio del empresario Julio César Flores se mezcla mediáticamente con otros conflictos judiciales en los que aparece el nombre de Celis Romero, alias “El Animal”.
¿Por qué mezclar temas distintos? ¿Por qué convertir cada resolución judicial en una narrativa política?
En Tehuacán hay preocupación creciente por la reaparición de operadores políticos ligados a Miguel Ángel Celis Romero, personaje que durante años acumuló influencia económica, política y social en la región.
Distintas voces locales advierten que algunos de sus operadores estarían intentando trasladar sus conflictos hacia la capital del estado, generando presión mediática, confrontación pública y ruido político.
Si eso es cierto, el problema deja de ser únicamente judicial.
Se convierte en un asunto de seguridad y gobernabilidad.
Porque la pregunta que queda flotando en el aire es demasiado grande para ignorarla.
¿Hasta dónde siguen llegando los accesos y privilegios de Miguel Ángel Celis Romero?
¿Y hasta dónde llega la incapacidad –o la tolerancia– de las autoridades judiciales y penitenciarias para ponerle un alto?
Porque cuando la justicia se convierte en espectáculo, cuando los expedientes se sustituyen por conferencias de prensa y cuando los tribunales se intentan presionar desde los micrófonos, hay algo que resulta evidente.
Alguien está intentando reescribir la historia.
Y en Puebla ya sabemos que cuando eso ocurre, casi nunca es para que se conozca la verdad.
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Mientras tanto, siguen las malas noticias para “El Animal” en el litigio por la herencia de doña Socorro Romero Sánchez.
Ahora, un juez de Control ha liberado una orden de aprehensión contra Arantzazu González Izaguirre, esposa de Miguel Ángel Celis Romero, por el delito de fraude específico por el mal manejo de la administración o el cuidado de bienes ajenos.
Foto: Especial
Ya de por sí complicado, el panorama para Celis Romero luce todavía más oscuro.
¿O alguien aún tiene dudas?
