Hace 15 meses, Rosa Isela Sánchez Soya fue electa presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) únicamente con los votos de los diputados morenistas y de sus aliados. Por lo cual llama la atención que ahora la ombudsperson encomiende el área jurídica de la CDH Puebla a un destacado político anti 4T, que es Ricardo Giorge Garay, quien es parte del círculo de confianza del excandidato del PAN a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez; además de estar vinculado a un resabio del morenovallismo: el partido Pacto Social de Integración (PSI).
Por si fuera poco, es una contradicción que, por un lado, la CDH Puebla sea un órgano garante de la protección de los derechos constitucionales y de la pacificación del estado de Puebla y, por otro lado, el nuevo director jurídico haya sido parte del equipo político que apoyó abiertamente la campaña electoral de Guadalupe Martínez Gerardo, quien es la actual alcaldesa de Quecholac y es hija de Antonio Valente Martínez Fuentes, mejor conocido como “El Toñín”, a quien el Gobierno del estado liga con el robo de combustible y ser generador de violencia en la región del Triángulo Rojo.
Tal situación plantea, una vez más, que Rosa Isela Sánchez Soya ejerce el cargo con total desubicación de las funciones básicas de la CDH Puebla y, sobre todo, del contexto político en que fue nombrada ombudsperson de Puebla.
Resulta incongruente que, siendo designada por una mayoría de legisladores de izquierda en el Congreso local, ahora le abra la puerta de la CDH Puebla a una destacada figura de la derecha poblana.
Y, sobre todo, que siendo la Comisión de Derechos Humanos un órgano autónomo e independiente, que no debe regirse bajo principios políticos o partidistas, le dé cabida a un personaje vinculado a los intereses del PAN y del PSI, que es la última fuerza política del morenovallismo que ha sobrevivido.
Aunque no se ha actualizado el directorio oficial de la CDH Puebla y en la página electrónica no se informa quién es el responsable de la Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Conciliaciones y Asuntos Jurídicos, desde hace 30 días se presentó a Ricardo Giorge Garay como nuevo responsable de esa área, que es una de las más importantes del organismo.
Quien está al frente esa dirección se encarga, entre otros asuntos, de valorar si alguna ley o norma violan la garantías individuales o sociales, lo que permite a la CDH Puebla emprender acciones de inconstitucionalidad contra aquellas legislaciones o reglamentos que se aparten del contenido de la Carta Magna.
El nombre de Ricardo Giorge Garay saltó en los espacios de opinión pública debido a que, el 27 de marzo de 2022, el entonces alcalde de la ciudad de Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez, lo designó como encargado del enlace entre el gobierno municipal de la capital y los diputados locales.
No era una tarea menor, ya que se creó ese cargo solamente para Giorge Garay, pues antes de esa fecha no existía ese puesto en el organigrama oficial del Ayuntamiento de Puebla.
La incorporación de este personaje no tenía que ver en nada con hacer funcional la relación del Congreso y el Ayuntamiento de Puebla, sino era parte del armado que ya estaba haciendo Eduardo Rivera Pérez de su próximo equipo de campaña, con el que compitió en 2024 por la gubernatura de Puebla.
Giorge Garay, al ser designado funcionario municipal, también desempeñaba dos cargos en el PSI, pues representaba a este partido ante el Instituto Electoral del Estado y era el secretario de Asuntos Jurídicos de dicha fuerza política.
Tal situación era posible ya que Ricardo Giorge era “el brazo derecho” de Carlos Navarro Corro –ya finado–, quien era el dueño del PSI, junto con su hija Nadia Navarro, y estos dos últimos personajes crecieron “como hongos en primavera”, políticamente hablando, durante el morenovallismo.
Rivera incorporó a Giorge Garay a su gestión como una manera de garantizar que el PSI fuera en alianza con el PAN en la campaña electoral de 2024, lo que así ocurrió, luego de que la familia Navarro había “coqueteado” con la 4T.
Y no solo eso, Ricardo Giorge Garay fue postulado –en la contienda de 2024– como candidato a diputado federal por el distrito de Ciudad Serdán, como parte de la alianza “Fuerza y Corazón de México”, que formaron el PAN, el PRI y el PRD.
Sus redes sociales siguen inundadas de propaganda e imágenes de actos proselitistas, como si el señor Giorge siguiera en plena campaña electoral.
Todavía tiene anuncios puestos en donde dice: “¡Con propuestas claras, Lalo ganó el debate!” o “¡México ya decidió, Xóchitl presidenta”, en alusión a los entonces candidatos a la gubernatura de Puebla y la Presidencia de República, respectivamente.
Hay varios textos que dicen: “En compañía de las y los candidatos a diputados y senadores, y del próximo gobernador de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, firmamos un acuerdo para que Puebla tenga un mejor rumbo y demostrar que nuestro estado sí tiene de otra”.
No solo aparece levantándole la mano a Eduardo Rivera, sino también a Guadalupe Martínez Gerardo, la hija de “El Toñín”, que usaba la frase “Quecholac, por un camino seguro”.
Tal situación plantea una cuestión: los diputados de la 4T del Congreso local no saben para quién trabajan, ya que eligieron a una ombudsperson que le acabó abriendo la puerta a Ricardo Giorge, un personaje que fustigaba a Morena como lo peor que le podía pasar a Puebla.
