En estado de pánico, han entrado algunos notarios públicos –de Puebla y Tlaxcala–, varios funcionarios del Infonavit y sobre todo empresarios inmobiliarios por el reciente fallo judicial –dictado en el Juzgado Segundo de lo Civil de la capital poblana– contra el fraude de Arcos Altos, un desarrollo de condominios horizontales que implicó la invasión de tierras, así como la construcción y venta ilegal de 480 departamentos de interés social, además de la falsificación de firmas de derechohabientes del Fondo Nacional de Vivienda.
A lo largo del último año se ha narrado en La Jornada de Oriente el surgimiento del conjunto Arcos Altos, ubicado en Ixtacuixtla, Tlaxcala, pero que sirvió para defraudar a cientos de derechohabientes del Infonavit que son de Puebla, en particular de la región de San Martín Texmelucan.
Todo eso pasó frente a la mirada complaciente de notarios públicos y funcionarios del Infonavit –de las delegaciones de Puebla y Tlaxcala– que habrían actuado con dolo o negligencia, al no reparar que se estaban otorgando cientos de créditos de vivienda sobre una propiedad que estaba en litigio, toda vez que Arcos Altos se construyó en un área invadida.
Los propietarios de las tierras que fueron objeto del despojo han ganado un trascendente fallo judicial, pues en Puebla es raro que el aparato de administración de la justicia le de la razón a las víctimas de los carteles inmobiliarios que, por lo general, gozan de plena impunidad.
Es tanta la preocupación por esa sentencia que, representantes del Grupo Suzari que es la empresa que estuvo atrás de esta trama inmobiliaria, por fin se ha acercado para buscar una negociación que les de una salida al conflicto que enfrenta con los dos propietarios de las 2.5 hectáreas que fueron objeto de un despojo y que es donde se edificó Arcos Altos.
La primera negociación ha fracasado, ya que los empresarios han ofrecido para resarcir el daño una cantidad pírrica de 7 millones de pesos, cuando los dueños de las tierras, que son miembros de la familia Peñafiel, reclaman por lo menos 50 millones de pesos y que se aplique en todos sus puntos el fallo judicial.
De acuerdo con lo que dictaminó el juez Martín José Calihua Martínez, aparte del costo del terreno, los empresarios involucrados tendrían que pagar 14 millones de pesos por daños y prejuicios; junto con otra clausula, que es la más importante, la cual dice: que los 480 departamentos, que están repartidos en 12 edificios del fraccionamiento Arcos Altos, pasan a ser propiedad de los dueños originales de las tierras.
Es decir, el desarrollo Arcos Altos pasa a ser propiedad de las dos personas que originalmente fueron despojadas, que son los señores Consuelo Hernández Peñafiel y Pedro Gastón Landa y Landa.
Si no hay ese arreglo, lo que seguiría es el posible encarcelamiento de todos los implicados.
Los responsables
La forma en que operó el esquema de comercialización de Arcos Altos fue el siguiente:
Una empresa llamada NUI Arquitectos es la que ofrecía los departamentos y aparentemente los vendía. Cada vivienda tenía un valor que oscilaba entre los 439 mil pesos y los 542 mil pesos.
Quien compraba un inmueble, casi siempre con créditos de interés social, a la hora de firmar el contrato lo acababan haciendo con Grupo Suzari.
Y una tercera compañía, que es el Corporativo Kanui, se hacía cargo de la promoción en redes sociales, que fue el medio por el cual se colocó la venta del grueso de los departamentos.
Aunque las tres compañías aparentan ser distintas, resulta que todas tienen como dirección oficial el número 76 del Club de Golf Las Fuentes.
De acuerdo con lo que se menciona en el expediente judicial, quien sería el orquestador del proyecto Arcos Altos, es el arquitecto Karlos Zenteno Silva.
Quienes aparecen con mayor peso económico en las empresas que realizaron todo el entramado de Arcos Altos son María Teresa Ávila del Ángel y Dulce Violeta Rodríguez Padilla, quienes fungen como accionistas principales.
También se menciona el nombre de Gregorio Rey Olvera Morales, como apoderado legal del proyecto.
Por cierto, Grupo Suzari aparece como socio afiliado a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, que es identificada como Canadevi.
Lo cual demuestra que la Canadevi no ofrece la garantía de que las empresas afiliadas a ese organismo privado se conduzcan con ética y legalidad.
Otro problema es que se habrían falsificado firmas de derechohabientes del Infonavit para solicitar a su nombre créditos del Fondo Nacional de Vivienda y después, los departamentos gestionados por esa vía fueron revendidos. Es decir, los abusos de Arcos Altos son mucho y de graves consecuencias.
