Primera Plana Puebla y este columnista tuvieron acceso al borrador de la Reforma Electoral que se pondrá a discusión y en su caso aprobación a partir del próximo martes en San Lázaro, pese a que no existe consenso dentro de la propia coalición oficialista.
Aunque la filtración ha sido descalificada por la propia presidenta Sheinbaum, el proyecto plantea un recorte dentro del INE, el cual pasaría de 11 a 8 consejeros; de la misma forma, se propone un recorte presupuestal del 25% a las prerrogativas de los partidos políticos y a su vez se propone que el número de representantes populares (diputados) pase de 500 a 508.
De la misma forma, el proyecto propone que los Organismos Públicos Locales Electorales estén integrados por solo cinco personas designadas por el Senado.
Como ya lo señalé, la reforma constitucional de la Comisión Presidencial para la reforma del Estado, propone la reducción de 11 a ocho consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) elegidos con el principio de paridad, y mantiene el cargo de secretario general.
De acuerdo con el proyecto de 21 páginas entregado a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya copia tiene Primera Plana Puebla, los consejeros electorales estarán en el cargo por un periodo de nueve años sin posibilidad de reelección.
La reforma mantiene el esquema en el que los representantes de partidos políticos, los consejeros del Poder Legislativo y la secretaría ejecutiva tienen derecho a voz, pero no a voto.
Las personas consejeras permanecerán en su cargo hasta concluir su periodo; el 4 de abril próximo concluirán funciones tres consejeros: Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, cuyos relevos serán elegidos con la legislación vigente.
“Hasta el 26 de julio de 2029, el Consejo General del INE estará integrado por once personas; luego de esa fecha estará conformado por nueve integrantes”, aclara la propuesta que enfatiza que el INE deberá conducirse con “racionalidad presupuestaria y austeridad republicana”. Esto según el texto entregado a la presidenta.
En cuanto a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se integrarán por un máximo de cinco personas designadas por el Senado por dos tercios del pleno, que durarán siete años en el cargo.
La propuesta señala que el Senado emitirá el acuerdo, la convocatoria pública y designará al Comité Técnico de Evaluación conformado por “cinco personas de prestigio”: tres nombradas por los senadores y dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, se establece que si el Senado no logra un acuerdo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará la designación en sesión pública, “de la columna correspondiente al género a elegir”.
El documento destaca que la designación de las personas integrantes de los OPLE entrará en vigor el 1 de septiembre de 2027 y “la legislación de las entidades federativas dispondrá lo relativo a la integración de los OPLE”.
Por lo que se refiere a la integración del Congreso de la Unión, se propone el aumento de 500 a 508 diputados en “un sistema mixto”, además de una modificación en la fórmula para asignar las 200 curules de representación proporcional.
La propuesta de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado plantea la elección de 300 diputados por mayoría relativa, es decir, uno por cada distrito electoral que tiene el país. 200 más serán elegidos por la vía plurinominal, aunque con un cambio de fórmula: 100 serán por el sistema de mayor porcentaje de votación individual que no obtuvo mayoría, con una lista decreciente de mujeres y hombres integrada por cada partido, o “lista nacional cerrada no bloqueada”.
También se establece que ocho diputados de representación proporcional serán elegidos por la diáspora mexicana, “mediante listas cerradas no bloqueadas, sin candidaturas independientes”.
“Cada partido presentará una lista integrada por dos columnas, una con cuatro mujeres y otra con cuatro hombres con residencia de más de tres años fuera del país. Los electores podrán emitir una sola preferencia en cada columna”, dice el documento.
Se aclara que el número de preferencias individuales determina la prelación en la lista.
Las diputaciones por el principio de representación proporcional se asignarán a cada partido político de acuerdo al porcentaje de votación nacional que obtuvieron en la elección.
“Para ocupar las diputaciones, se alternará entre sistemas, iniciando con el de la lista nacional; dentro de cada lista, se alterna el género. Sobre «la diáspora» se establece que el Estado garantiza los derechos de la diáspora mexicana, entendida ésta como el conjunto de personas de nacionalidad mexicana por nacimiento que residen con fines de permanencia fuera del territorio nacional”.
En cuanto al Senado, se eliminan 32 senadores por la vía plurinominal, porque serán solamente 96 escaños.
Serán elegidos 64 senadores bajo el principio de mayoría relativa en las entidades federativas, dos por cada estado. “Las fórmulas de candidaturas estarán compuestas por un hombre y una mujer; la primera persona de la fórmula corresponderá a una mujer en por lo menos la mitad de las entidades federativas”.
Financiamiento a partidos políticos
De acuerdo con la propuesta cuya iniciativa se prevé sea enviada la próxima semana y que hasta el momento solamente tiene el apoyo de Morena, la bolsa de financiamiento anual para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos políticos se reduce en un 25% respecto al monto actual.
“El ahorro se logra con la fórmula: 48.7 por ciento del valor de la UMA, multiplicado por el número de personas en el padrón electoral”, se explica en el documento.
La propuesta resalta que durante las campañas electorales, el monto aumentaría a una cantidad del 50% del financiamiento ordinario.
En una nota, se indica que “en este escenario, la distribución del financiamiento ordinario (30% igualitario y 70% proporcional), se puede modificar para atender la petición de partidos pequeños, es decir, 40% igualitario y 60% proporcional”.
Con relación a los recursos públicos asignados a las candidaturas independientes, solo pueden destinarse a las campañas electorales; las personas candidatas independientes podrán obtener aportaciones privadas, pero estas deben tener origen en personas físicas mexicanas.
El límite de aportación de afiliado o simpatizante de los partidos políticos y candidaturas independientes pasa de 3.3 millones de pesos al año a 850 UMA al año, es decir, 99 mil 713 pesos.
