En los años anteriores, Santa María Coyomeapan estuvo en el centro de la opinión pública por una cruenta y prolongada disputa política –que dejó un saldo de por lo menos tres muertos—, misma que terminó en octubre de 2024. Una vez que se disipó ese conflicto, ya nadie se acuerda de dicho municipio, pese a que ahora enfrenta una peor crisis que es: una destrucción masiva de los bosques de la Sierra Negra, por medio de grupos del crimen organizado –que se disfrazan de pobladores que defienden “los usos y costumbres”— y con el desinterés absoluto de los tres niveles de gobierno de lo que ahí pasa.
No es algo menor, apenas hace unos días un par de pobladores fueron privados de su libertad y estuvieron a punto de perder la vida, junto con sus familias, solo por un simple y pasajero hecho: hacer dos breves menciones en sus redes sociales de la destrucción del bosque en Coyomeapan.
Y ese hecho violento se hizo con la complacencia de las autoridades municipales que son encabezadas por el alcalde Guillermo Abasolo Romaña, quien “no movió un dedo” en este asunto de los dos ciudadanos secuestrados y agredidos; mucho menos en torno a la depredación del bosque, pese a que el edil es del PVEM, que se supone es el partido ecologista de México.
El saqueo forestal en Coyomeapan no es algo nuevo, pues en la década de los años 90 en el vecino municipio de Ajalpan se vivió una crisis por la disputa del poder político local, como consecuencia de que de los partidos políticos en esa región eran financiados por los taladores.
En los tres anteriores lustros, en Coyomeapan hubo un fuerte conflicto por la lucha del control del -Ayuntamiento y la presencia de un férreo cacicazgo ejercido por la familia Celestino. Para nadie era un secreto que uno de los motores de esas disputas es el negocio de los aprovechamientos forestales.
Santa María Coyomeapan está ubicado en la Sierra Negra, en una zona donde priva el atraso social, que incluye una posición geográfica muy alejada de la capital y la ciudad de Tehuacán, lo que propicia el desarrollo de la tala clandestina.
La mayoría de la población de dicha demarcación es indígena y en el último censo del Inegi se observaba que, el 87% de los habitantes habla náhuatl; asimismo, la mayoría de los habitantes –según otros indicadores– enfrenta un rezago escolar y sobrevive con una renta muy baja que les deja la actividad agrícola.
“Si no pagan, vamos a matar a sus familias”
El secuestro de dos pobladores se detonó por algo muy simple: en una cuenta de Facebook de un activista social de Tehuacán se subieron algunas fotos que muestran la fuerte destrucción de los bosques en Coyomeapan.
La publicación no daba nombres de los taladores ni sugería quiénes podían ser los responsables.
Dos habitantes del barrio de Morelos, en Coyomeapan, tal como lo hacen millones de mexicanos, un día revisaron sus cuentas de redes sociales y se toparon con las fotos de la tala clandestina en el territorio de dicho municipio.
Uno de ellos se limitó a comentar, palabras más, palabras menos: “está fuerte”, el asunto del excesivo derribo de árboles.
El otro, solo compartió las fotos en su “muro” de Facebook.
Eso fue todo. Nunca pidieron la intervención de alguna autoridad. Ni mencionaron nombres o señas de los taladores. Ni revelaron el lugar de la depredación del medio ambiente. En resumen: no sugirieron nada.
De buenas a primeras, el poblador José Guadalupe Santiago Altamirano se vio rodeado en su vivienda por unos 20 o 30 habitantes de la inspectoría de Ixtlahuac, quienes se lo llevaron a la fuerza.
Más grave fue el caso de Rufino Ramírez Palacios, ya que por él fueron alrededor de 100 personas de la misma inspectoría.
Entre los agresores se pudo identificar a Cristóbal Comonfort Campos –según el testimonio de los agraviados—, quien en Ixtlahuac es un inspector municipal.
A los dos hombres los privaron de su libertad, se los llevaron al centro del pueblo de Ixtlahuac y ahí los hostigaron, los interrogaron, los amenazaron y, sobre todo, los extorsionaron.
Cuando los afectados preguntaron por qué los estaban agrediendo, la respuesta de los captores fue que se estaban rigiendo por “los usos y costumbres”, por lo que no podían objetar nada.
Luego de que deliberaron los pobladores de la inspectoría, se acordó que cada uno los secuestrados debía pagar 20 mil pesos para ser liberados. Pues argumentaron que esa es “la cuota” para quienes “dañan a la comunidad” hablando algo malo de esa localidad.
A duras penas, los secuestrados –pidiendo dinero prestado vía telefónica— juntaron una cantidad cercana a los 10 mil pesos, según su propio relato.
Los captores les comunicaron que los regresaban a sus casas para que reunieran el resto del dinero.
Si no lo hacían, entonces la privación de la libertad se extendería a sus familias.
Y si reportaban algo a las autoridades, entonces los iban a matar, a desaparecer.
Los afectados regresaron para pedir a sus familias que huyeran.
Eso que ocurrió no es una expresión de los usos y costumbres indígenas.
Sin duda alguna, lo ocurrido es una manifestación del crimen organizado, cuyos líderes se ponen “nerviosos” de que se difunda una o varias fotografías del área en que se explotan los bosques de manera ilegal.
Atrás de esos vecinos “enojados” de Ixtlahuac se esconden los oscuros intereses de quienes controlan la extracción de la madera ilegal y la comercializan en el mercado negro.
