Miguel Ángel Celis, alias “El Animal”, no ha logrado construir una defensa jurídica. Lo que ha construido es una red de operadores.
Tres cambios de abogados en pocos meses no son estrategia: son fracaso.
Ninguno pudo desmontar el expediente.
Y cuando el derecho no alcanza, aparece la vieja receta: influencias, favores y reciclaje de personajes del sistema.
Hoy su entorno está integrado por perfiles conocidos no por ganar juicios, sino por moverse en la penumbra de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Entre ellos se mueve un exintegrante de la FGE, parte del grupo importado desde el Estado de México, señalado en distintos círculos por su cercanía con prácticas de corrupción y por la fabricación de expedientes como herramienta de presión.
No actúa como abogado técnico: opera como intermediario político-judicial.
A su lado aparece otro exfuncionario ministerial que hoy usa su antiguo cargo, sus contactos internos y el conocimiento de los expedientes para integrarse al equipo de “El Animal” e intentar burlar a la justicia desde las entrañas mismas del sistema que antes sirvió.
No vienen a litigar: vienen a torcer la ley con las mañas del pasado.
No es coincidencia. Es el mismo molde: exfuncionarios convertidos en gestores de impunidad.
La estrategia no se libra en tribunales. Se mueve en pasillos, llamadas y presiones.
Porque además se gobierna con miedo.
Trabajadores han sido advertidos de que podrían perder su empleo si no se alinean. Terror económico como método de control. Mensajes disfrazados de preocupación empresarial que en realidad buscan paralizar y someter.
Eso no es defensa legal. Es extorsión emocional.
Y dentro del penal de Tehuacán, el espectáculo es peor.
Se reportan privilegios incompatibles con cualquier régimen penitenciario:
– Visitas sin control de horarios.
– Permanencia constante en el área de enfermería.
– Presencia de personas ligadas a su seguridad privada.
– Ingreso de alimentos externos.
– Compra de protección interna.
La cárcel convertida en sala VIP.
Mientras miles cumplen reglas, uno compra excepciones.
Cuando no hay pruebas, se consiguen contactos.
Cuando no hay argumentos, se fabrican salidas.
Cuando no hay inocencia, se busca impunidad.
El caso Celis dejó de ser solo un proceso penal para convertirse en un retrato de cómo se intenta pervertir el sistema con dinero, nombres reciclados de la Fiscalía y presión sobre terceros.
No se busca la verdad. Se busca escapar.
El mensaje es peligroso: que con los operadores correctos la ley se dobla; que con los contactos adecuados la prisión es un trámite; que con suficiente presión todo se negocia.
Pero no.
La ley no es mercancía.
La cárcel no es hotel.
La justicia no es un favor.
Tehuacán no necesita más exfuncionarios convertidos en operadores oscuros.
Necesita instituciones firmes y procesos que no tiemblen ante nombres ni amenazas.
Porque cuando un acusado se rodea de personajes señalados por corrupción y fabricación de delitos, ya no estamos frente a una defensa. Estamos frente a una red.
Y cuando esa red presiona empleados, compra privilegios y presume contactos, lo que intenta no es defenderse.
Intenta secuestrar al sistema.
Eso debería encender todas las alarmas.
¿Qué no se enteran en el Poder Judicial poblano?
¿O son cómplices?
De la fiscal Idamis Pastor Betancourt ya ni pregunto porque, pues como se sabe, no se le puede pedir peras al olmo.
