La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), encabezada por Rosa Isela Sánchez Soya y Marco Antonio Moreno Rosado, reproduce la peor faceta del burocratismo oficial: se ha convertido en un organismo que recibe quejas, finge que les da atención y les acaba dando “carpetazo” a casi todos los recursos que se presentan. Al final no incide en cambiar la realidad de nada y el tema de la protección de las garantías individuales y sociales acaba quedando en un plano secundario.
Ese es el saldo de los últimos 14 meses, el cual es el periodo en que Sánchez Soya y Moreno Rosado han estado al frente de la CDH en calidad de presidenta y secretario técnico, respectivamente, por mandato de los diputados locales de la 4T que, en noviembre de 2024, fingieron un proceso exhaustivo de selección de los directivos de dicho organismo público y autónomo.
Por esa razón la comparecencia de este jueves en el Congreso local, de Rosa Isela Sánchez Soya, pasó con más pena que gloria.
Simplemente no hay ningún resultado perceptible de la CHD. Todo se reduce en agotar trámites burocráticos, el presupuesto del organismo y exhibir números que no inciden en la realidad que le toca atender a la comisión, que es frenar la persistente violación a los derechos humanos en el estado de Puebla.
La dinámica que han impuesto al interior del organismo es similar al sistema de manufactura de una maquiladora. Cada encargado cumple con la producción de un número de piezas y no le incumbe nada de lo que pasa fuera de la factoría.
En la CDH hay cuatro visitadores. A cada uno de ellos se les reparte entre 160 y 180 quejas que llegan al organismo. En un mes, deben reportar que se atendieron y “resolvieron” entre el 80 y el 90% de esos recursos. Luego de ese procedimiento, en la mayoría de los casos, no pasa nada. No se frena ninguna violación a los derechos humanos.
Eso significa que cada visitador tiene, en promedio, que atender nueve quejas por cada día laborable de un mes. Eso significa destinarle poco menos de 60 minutos a cada recurso, si es que se cumple con la jornada de ocho horas. Al final no hay ningún efecto de nada con el grueso de las denuncias.
Solo el 1% de los señalamientos de agravios llega a convertirse en una recomendación en contra de la alguna autoridad violatoria de las garantías individuales.
A un año y dos meses en que Rosa Isela Sánchez Soya y Marco Antonio Moreno Rosado se estrenaron en sus respectivas responsabilidades, es la hora que la CDH no tiene un diagnóstico mínimo de la situación que guarda el respeto a los derechos humanos en el estado de Puebla.
La única información que ofrecen son números, más números de trámites, sin lograr algún cambio o sanción hacia los servidores públicos que no respetan los derechos constitucionales de la población.
El verdadero resultado del periodo que va de noviembre de 2024 a enero de 2026 es el siguiente:
La CDH ha hecho mutis de que en la entidad poblana se han abierto más de 2 mil carpetas de investigación por tortura que se han cometido en cuerpos policiacos, por alcaldes o custodios de los penales.
Ha “cerrado los ojos” frente al drama de los miles de migrantes que atraviesan Puebla buscando una mejor oportunidad de vida y son objeto de extorsiones, robos y mal trato de autoridades.
Soslaya que en Puebla solo se castigan cuatro de cada 100 delitos que se cometen.
Le da la espalda a las mujeres que sufren tratos vejatorios para visitar a un familiar en alguno de los penales del territorio poblano.
Ignora la realidad del acoso sexual en las oficinas públicas, la violencia en las aulas de las escuelas públicas y la intolerancia de gobernantes con periodistas.
Ni siquiera da una mirada al manto de impunidad que envuelve docenas de asesinatos, desaparecidos y de presos políticos que hubo en el periodo de “la guerra sucia”, por la acción de los cacicazgos, en el nacimiento del PRD y durante el morenovallismo, solo por citar algunos periodos obscuros de la vida de la entidad poblana.
Y por si fuera poco, la CDH ni siquiera tiene la capacidad de frenar las violaciones a los derechos humanos que se cometen hacia el interior del propio organismo.
En la comisión se ha creado un Comité de Igualdad Laboral y Contra la Discriminación, que encabeza Laura Catalina González Hernández, quien es “el brazo derecho” de la presidenta, ya que lo mismo elabora discursos que diseña la agenda de actividades de Rosa Isela Sánchez Soya o establece dinámicas de trabajo para el personal de la CDH.
Cuando un trabajador o funcionario de la CDH no se uniforma, no se disciplina con la forma de pensar o de actuar de Rosa Isela Sánchez Soya o de Marco Antonio Moreno Rosado, de manera anónima, llega una queja en su contra al Comité de Igualdad Laboral y Contra la Discriminación, para que le den “un escarmiento”.
