“La caída” de Gustavo Gaytán Alcaraz como director general del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) se propició por dos factores fundamentales: primero, que perdió a su principal operador político dentro del Gobierno del estado, Mario Rincón González, quien recientemente fue removido como subsecretario de Gobernación, y, en segundo lugar, una serie de auditorías que arrojaron un fuerte tráfico de contratos anómalos.
Gaytán es originario de Querétaro, de profesión abogado, que llegó a Puebla en 2011 en calidad de director jurídico de Manuel Urquiza, quien se hizo cargo del SOAPAP al inicio del gobierno panista de Rafael Moreno Valle Rosas, mismo que se dio a la tarea de privatizar el agua de la capital.
De tal manera que Gustavo Gaytán fue el artífice jurídico de la privatización del agua y desde 2014, se convirtió en director del SOAPAP y, por ende, en el regulador de Agua de Puebla, la empresa concesionaria del servicio hídrico.
Es decir, es un hombre que lleva entre 13 y 14 años al frente de los asuntos hídricos de la capital y 11 años controlando a Agua de Puebla, o, mejor dicho, solapando los vicios y abusos que se han cometido con dicho servicio público. Sin importar el fuerte malestar social que eso ha provocado.
El funcionario de origen queretano había logrado sobrevivir a seis gobernadores –tres del PAN y tres de la 4T– y parecía que estaba logrando transitar en la actual administración estatal, la del mandatario Alejandro Armenta Mier, pues tenía de aliado a Mario Rincón que, entre otras cosas, se dedicaba a defender los conflictos en los que había intereses económicos del ahora exdirector del SOAPAP, de quien este lunes se hizo pública su destitución.
Aunque en realidad “la caída” de Gaytán Alcaraz se empezó a gestar hace 10 meses con una serie de auditorías y revisiones que se hicieron al funcionamiento y ejecución de proyectos de infraestructura que controlaba el SOAPAP, mediante la adjudicación de contratos.
Arrojando –en procesos de fiscalización– un fuerte tráfico de contratos de infraestructura hidráulicas –llevadas a cabo por el SOAPAP– en donde lo que dominaba eran obras sin licitar y que se otorgaron por adjudicaciones directas, sin que se cuidara la calidad de los trabajos y que estuviera en función de las obligaciones de Agua de Puebla de brindar un optimo servicio.
Por lo menos están identificadas unas ocho empresas que habrían sido “las consentidas” por la gestión del defenestrado director del SOAPAP.
Estas serían: Valconpue, Rojmar, Coarby, Fénix del Valle, Paviexprex, así como Vym, Accial, Pavimentos M&S, siendo estas tres últimas manejadas por un personaje que era “juez y parte”, ya que era al mismo tiempo funcionario del SOAPAP y empresario constructor.
Algunos creen que quien podía haber tenido esa duplicidad es Guillermo Javier Alfaro Rizo, quien era director de Planeación del SOAPAP y un importante constructor.
En algunos de esos contratos –no se sabe bien en qué empresas– había la sospecha de que se manejaban bajo los esquemas de que un alto porcentaje que se pagaba por los trabajos era regresado en efectivo a favor del “bolsillo” de los funcionarios que adjudicaban los proyectos, que tramitaban las estimaciones presupuestales. Es decir, se acordaban “jugosos moches”.
Siempre con esquemas financieros bien estudiados para aparentar que no había esas tramas de corrupción.
Esa situación permitió –por una década– un círculo vicioso en el cual Agua de Puebla no cumplió con el contrato de concesión y dio un pésimo servicio; mientras que el SOAPAP fingía revisar a la empresa concesionaria y sus funcionarios hacían jugosos negocios con las obras hidráulicas.
De tal manera que había un contubernio entre el regulador y el ente regulado. Junto con el Congreso del estado que nunca intervino para romper con ese esquema de asociación delictuosa.
Esa forma de funcionar se empezó a romper cuando, a finales de 2024, hubo un cambio de participaciones accionarias en Agua de Puebla.
En esa fecha entró el fondo de inversión chino Xinfra Fibra E a controlar el 40% de la empresa y el 50% restante quedó en manos de Grupo Hermes, de la familia Hank González, que son los dueños de Banorte.
Dicho cambio llevó a que, el 19 de diciembre de 2024, fuera echado de la peor manera Héctor Durán, el director de Agua de Puebla, a quien simplemente un policía no lo dejó entrar a las oficinas de la empresa, para que después le notificaran que estaba despedido por pérdida de confianza.
Se dice que el exdirectivo estaría bajo el “ojo del huracán” pues su patrimonio personal no coincide con sus ingresos en la compañía concesionaria.
En febrero llegó a la cabeza de Agua de Puebla Jordi Bosch Bragado, un experimentado ejecutivo en el manejo de sistema de agua potable, luego de haber desempeñado esa función en Barcelona, España; en Argelia, en el continente africano, y en Saltillo, Coahuila.
Su principal misión fue empezar a fiscalizar todo lo que se hizo en 10 años de convivencia malsana entre Gustavo Gaytán y Héctor Durán. Toda esa revisión fue ordenada por los grupos Hermes y Xinfra Fibra E.
Para mediados de 2025 fueron removidos 30 funcionarios de Agua de Puebla, entre ellos Marisol Aguilar Sánchez, una mujer que era muy poderosa en la empresa, ya que era el artífice de “las campañas de terror” contra los usuarios del servicio hídrico, que incluían cortes ilegales del suministro del líquido y amenazas contra quienes se oponían a los abusos con el cobro de tarifas.
Desde entonces empezó a correrse el rumor que quien seguía “en caer” era Gustavo Gaytán, pues era insostenible el penoso papel del SOAPAP en el proceso de regular la concesión del agua.
Solo que la diferencia es que el cambio del titular del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla tenía que venir del Poder Ejecutivo, no de los empresarios que controlan Agua de Puebla.
Caso Xoxtla, la gota que derramó el vaso
En marzo del año pasado estalló un fuerte conflicto social debido a que la población de San Miguel Xoxtla se inconformó con la arbitraria decisión de la alcaldesa Guadalupe Ortiz Pérez –militante del PVEM– de ceder al SOAPAP el agua del pozo 4 de la comunidad, con el propósito de que el líquido sea trasladado a la ciudad de Puebla. Eso llevó a que, un mes más tarde, los inconformes bloquearan la autopista México-Puebla y se desataran procesos legales contra los líderes del movimiento.
Un asunto que pasó desapercibido es que dicho asunto desató también un choque entre Agua de Puebla y el SOAPAP.
Mientras la empresa evaluó que era innecesario provocar un conflicto social para extraer agua de un pozo, que al parecer no estaba en los planes de Agua de Puebla, la posición de Gustavo Gaytán era que ese proyecto tenía la calidad de imprescindible.
¿Qué había en el fondo? El negocio de los contratos de la perforación del pozo 4 y la extracción de agua para la capital.
Se sabe que desde la Secretaría de Gobernación se dio la orden de resolver el conflicto y se le encomendó esa labor a Mario Rincón.
El entonces subsecretario de Gobernación hizo “oídos sordos” y en varias ocasiones se presentó en Xoxtla, no para “apagar el fuego”, sino para llevar la posición de que a cualquier costo se iba a hacer el proyecto del SOAPAP.
Eso “desnudó” a Rincón como el operador político no de Gobernación, sino de los intereses personales de Gustavo Gaytán.
Hace unos días lo echaron de Gobernación y ahora será el director del Instituto de Asistencia Pública. Como una manera de “amarrarle las manos” a sus intereses particulares.
El tema del SOAPAP es amplio. En las siguientes entregas se hablará de cómo un grupo de diputados de la 4T se benefició de la ejecución de obras hidráulicas y quiénes fueron los cómplices de Gaytán.
