La auditoría realizada a la Secretaría de Educación Pública de Puebla, ordenada por el gobernador Alejandro Armenta, fue como abrir “la caja de Pandora” en esta institución, lo que se ha detectado deja muy mal paradas a todas las pasadas gestiones.
La auditoría realizada por la ASE de 2016 a la fecha deja en claro que la SEP fue una auténtica “caja grande” tanto de las administraciones pasadas, como de los líderes sindicales que desfilaron durante ese periodo.
Solo así se puede explicar todo lo que se ha encontrado: de entrada, como lo señalé ayer en mi columna, se ratificó la entrega de al menos 500 plazas asignadas de manera irregular, muchas de ellas fantasma o desviadas a funciones no educativas (como intendencia o consejería que nunca llegaron a las escuelas).
Cabe señalar que parte de esta investigación comenzó porque un día al llegar a una escuela en la zona de la Sierra Negra, el gobernador fue interceptado por pobladores que denunciaron que no había maestros en las escuelas, ni siquiera conserjes en el lugar.
Otro asunto sumamente grave que se detectó tras esta revisión es el hecho de que se otorgaron Registros de Validez Oficiales de Estudios (REVOES), como si fueran “larines”, ya que se entregaron en ese lapso más de mil 500 reconocimientos para instituciones educativas privadas, realizados durante diferentes gestiones, 415 bajo Ignacio Alvízar y cerca de 500 durante la gestión de María Isabel Merlo Talavera, entre otros. Cabe señalar que hasta periodistas llegaron a recibir REVOES para abrir escuelas “patito”.
Destaca también, dentro del reporte, la asignación de más de 800 plazas tipo “C” de manera irregular, otorgadas durante la gestión del entonces secretario Melitón Lozano, esto durante la primera administración morenista, encabezada por Miguel Barbosa.
Igualmente se detectaron más de 500 plazas de “aviadores” (personal asignado sin funciones reales en las escuelas), esto ocurrió durante las gestiones de Isabel Merlo Talavera y Jorge Estefan Chidiac.
Asimismo, también se halló que recursos de unas 500 plazas docentes aprobadas, se utilizaron para la contratación de personal administrativo no relacionado con la educación.
La auditoría también determinó que existen múltiples casos de nepotismo en las designaciones de posiciones administrativas y educativas en los diferentes niveles de la SEP, lo cual también se está documentando.
Aunque el reporte final de la auditoría se entregará el 26 de este mes, se sabe que ya la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tiene listos los expedientes para iniciar con los procedimientos correspondientes, para buscar que sean sancionados de manera penal y administrativa a los responsables de dichas prácticas, lo cual será una verdadera “bomba” política rumbo a las elecciones del 2027.
Cabe señalar que las plazas tipo “C” de tiempo completo son las que mejor se pagan magisterialmente, llegando de acuerdo con el tabulador, con todo y prestaciones, hasta los 30 mil pesos mensuales, mientras que otras plazas de menor rango oscilan entre los 8 mil y hasta 16 mil pesos al mes.
Apuntes sobre el relevo en la Auditoría Superior del Estado
Una fuente muy bien informada en torno a los temas políticos me hizo ayer varias puntualizaciones en torno a mi columna del día de ayer.
La primera es que, de acuerdo con mi fuente Germán Reyna y Herrero, se separó ya desde hace tiempo de su empresa ARH Consultores, razón por la cual no habría conflicto de intereses, si es que el Congreso local lo designa nuevo titular de la ASE.
Segundo, de acuerdo con esta fuente, Juan Carlos Moreno Valle estaría impedido legalmente para poder ocupar el puesto de Auditor Superior del Estado, debido a que ocupa un puesto dentro de la administración estatal, como secretario técnico de la oficina del coordinador estatal del gabinete, José Luis García Parra.
Lo cierto es que la próxima semana deberá salir “humo blanco” por parte de la legislatura local en la elección del nuevo Auditor del Estado. Este proceso será la primera prueba para el nuevo líder de la junta de Gobierno, Pavel Gaspar, y el oficialismo.
