Luego de una larga espera de 15 años, este lunes por fin pudo haber una elección aparentemente democrática en el Sindicato de Burócratas, en cuanto que competieron todas las corrientes internas; pero lo que no pudo haber fue una contienda limpia y equitativa, ya que hasta el final persistieron los intentos de fraude por parte de la corriente del secretario general saliente, Jhovani Oliver Gallo, junto con sus candidatos: Jesús Emmanuel Rodríguez González y Cecilia Marcos Lozano.
Cuando este tecleador redactaba el presente texto, apenas estaba dando inicio el escrutinio de los votos y era imposible conocer las tendencias de los comicios.
El único dato relevante que se tenía es que, de un padrón de alrededor de 3 mil 400 trabajadores de los poderes públicos del estado de Puebla, habían votado 2 mil 393 integrantes del gremio, lo cual representaría una participación del 70%, que es una cifra muy alta.
Esa destacada respuesta en las urnas es el reflejo de un gremio agraviado por el morenovallismo que desató una ola de represión y abusos a lo largo de la última década, que incluye haber asfixiado al Sindicato Independiente de Trabajadores de los Poderes Públicos del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados.
Antes de este lunes, la última contienda más o menos limpia de dirigentes del sindicato ocurrió hace 15 años cuando se eligió como secretario general a Héctor Posadas Manzano, a quien le tocó ser el representante gremial en la parte final del gobernador priista Mario Marín Torres y el inicio de la gestión del panista Rafael Moreno Valle Rosas.
En 2013, cuando se iba a elegir al sucesor de Posadas Manzano, el gobierno de Rafael Moreno Valle decidió despedir a seis de los siete aspirantes a ser candidatos a la Secretaría General.
De esa manera, el gobierno del PAN anuló la competencia en el sindicato y convirtió a la organización en una instancia cómplice de la política represiva que hubo contra miles de oficinistas y empleados de campo del Poder Ejecutivo.
En 2018, el entonces mandatario José Antonio Gali Fayad, aprovechando que seguía vivo el terror laboral del morenovallismo, decidió de manera arbitraria que no hubiera elecciones en el sindicato y se impuso como secretaria general a Socorro Virginia Meza Cruz.
Años más tarde, en 2021, en el proceso de renovación de la organización laboral se le impidió competir a la única candidata opositora: Martha Rodríguez Salinas, lo cual acabó posibilitando –luego de un largo litigio de más de dos años– que se impusiera al frente de la agrupación a Jhovani Oliver Gallo.
En esta ocasión, Oliver Gallo intentó reproducir el mismo esquema fraudulento con el que él mismo llegó a la dirigencia.
Se movió “cielo, mar y tierra” para dejar fuera de la contienda a Martha Rodríguez Salinas y a Brenda Velázquez Batana, quienes fueron las únicas candidatas opositoras frente a una corriente oficialista constituida por siete aspirantes.
De no haber existido la intervención de la parte patronal del gremio, es decir, la Secretaría de Gobernación, la elección de este lunes hubiera sido similar a la de 2021, cuando únicamente hubo comicios “del club de Tobi”, es decir, con participantes del grupo de la entonces dirigente Virginia Meza.
La elección de este lunes fue todo menos equitativa y limpia. Aunque supuestamente se “le amarraron las manos” a Oliver Gallo para que no controlara el Comité Electoral, este organismo resultó ser un fiasco y estuvo sometido a los intereses de la dirigencia saliente.
Los organizadores no garantizaron “piso parejo” para todos los contendientes. Mientras los aspirantes oficialistas, Jesús Emmanuel Rodríguez González y Cecilia Marcos Lozano, tuvieron dos semanas para hacer campaña, al resto de los candidatos les dieron entre cuatro y cinco días de proselitismo.
En todo momento, el secretario general estuvo interviniendo en decisiones que únicamente le competían al Comité Electoral.
Y al final no hubo un árbitro fuerte, con la autoridad necesaria para frenar, en los días previos a las votaciones, el supuesto reparto de sobres con dinero que, según la dirigencia, era “el reembolso de cuotas sindicales”, pero para la oposición eran intentos de “compra de voluntades” de los trabajadores, sobre todo del interior del estado.
