Uno de los mayores fraudes inmobiliarios en Puebla de los últimos años posibilitó la venta de 480 casas habitación mediante créditos ilegales del Infonavit y con el aval de la Notaría Pública 29 de la capital. Dicho asunto se está ventilando en el Juzgado Segundo de la Civil de la Angelópolis y ha dado un giro de 180 grados, pues de los tres peritajes que se han presentado, dos concluyen que se falsificaron las firmas de los auténticos propietarios de los terrenos en que se edificó el desarrollo Arcos Altos, quienes denunciaron que nunca vendieron los predios y fueron objeto de una invasión.
En el corto plazo, la jueza Elizabeth Morales Sierra dictará sentencia y todo hace suponer que debe declarar culpables a los presuntos autores del fraude, que son el constructor Gregorio Rey Olvera y el Corporativo Sazuri, con base en el resultado de tres peritajes en grafoscopía.
Dicho desfalco implica ganancias de por lo menos 211 millones de pesos, en un asunto del que únicamente se conoce “la punta de iceberg” de un brutal timo contra cientos de derechohabientes del Infonavit que, en un caso, les vendieron casas que no tiene seguridad jurídica y, en otros casos, porque se usaron sus nombres para contratar créditos ficticios, sin que se hayan percatado de esos movimientos.
Lo que más llama la atención es que el fraude ocurrió a la vista de varias autoridades, sin que nadie interviniera para evitarlo.
Este caso es “una prueba de fuego” para observar si hay algún cambio relevante en el Poder Judicial poblano con la llegada de Pedro Antonio Martínez Hernández a la presidencia del Consejo de la Judicatura.
Y es que Puebla se ha convertido en el paraíso de las invasiones y fraudes inmobiliarios.
En el estado de Puebla se invaden y se despoja de bienes inmuebles y “no pasa nada”, ni el Poder Judicial y mucho menos la Fiscalía General del Estado “mueven un dedo” contra esos ilícitos. Sin contar que las autoridades encargadas de regular el desarrollo urbano, tampoco hacen nada al respecto.
Lo que pasó con Arcos Altos exhibe que las delegaciones del Infonavit en Puebla y Tlaxcala abunda la ineptitud o la colusión con grupos delictivos, ya que no se revisa la legalidad con que se construyen los desarrollos inmobiliarios que se ponen a la venta con créditos de interés social.
Y es un asunto que salpica al Colegio de Notarios de Puebla, ya que se ve involucrado el fedatario 29 de la capital, Víctor Manuel Aureliano Cortés, quien firmó los contratos de las ventas de inmuebles, dando el aval de que las operaciones eran licitas, cuando atrás había una demanda de invasión de tierras de los propietarios en donde se construyó Arcos Altos.
Ahí no termina todo, pues en esa notaría se protocolizó el contrato para la compra de los terrenos en que se edificó Arcos Altos y los dueños originales de esos predios han denunciado que sus firmas fueron falsificadas y que ellos nunca consintieron vender la superficie involucrada.
Tal como se ha narrado en La Jornada de Oriente, desde hace tres años se construyó en 2.5 hectáreas el desarrollo Arcos Alto. Ahí se levantaron 12 edificios –de cuatro pisos– que incluyen 480 viviendas, de 52 metros cuadrados cada una y cuyos precios oscilan entre los 439 mil pesos y hasta 542 mil pesos.
El asentamiento está en territorio de Ixtacuixtla, Tlaxcala, pero las casas se vendieron en su mayoría a derechohabientes de Puebla, que tramitaron los créditos en la delegación poblana del Infonavit y los contratos los avaló la Notaría Pública 29, ubicada en la colonia Carmen Huexotitla de la Angelópolis. Mientras que el litigo se desahoga en un juzgado del municipio de Puebla.
Dos peritajes contra uno
“La punta de la madeja” de este asunto inicia el 21 de julio de 2023, fecha en la cual en la Notaría Pública 29 de Puebla se firmó la escritura 47 mil 738, en el volumen 444, con los folios 47 mil 738 y 47 mil 739.
En ellos se asienta que los señores María del Consuelo Gloria Carlota Hernández y Peñafiel y/o Carlota Hernández Peñafiel de Landa y/o María del Consuelo Gloria Carlota Hernández Peñafiel, junto con Pedro Gastón Landa y/o Pedro Gastón Landa Landa, habrían vendido 2.5 hectáreas al Corporativo Sazuri para que ahí se construyera el fraccionamiento Arcos Altos.
Según se asienta en el expediente judicial 957/2024/2C, con el paso de los meses, ambos señores se percataron que se estaba construyendo cientos de casas en terrenos que nunca han puesto a la venta y por esa razón demandaron un juicio de nulidad del contrato de la falsa compra de los predios.
Pese a la demanda, continuó el levantamiento de las 480 casas, la publicidad de la venta de los inmuebles y el otorgamiento de los créditos del Infonavit para que los inmuebles fueran adquiridos por trabajadores.
Mientras que la Notaría Pública avalaba los contratos de compraventa de las casas. Todo eso pasaba, pese a que había una demanda por despojo de los terrenos en que se levantó Arcos Altos.
El pasado 21 de mayo, se presentaron ante el Juzgado Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, dos peritajes para constar si son falsas o verdaderas las firmas de los señores que supuestamente vendieron los 2.5 hectáreas en donde se construyó el fraccionamiento de la discordia.
El primer dictamen lo presentó la perito María Cristina Araceli Ratoni Hernández, quien establece que son falsas las firmas de los propietarios originales de los terrenos en disputa, ya que “la ejecución, las características gráficas, estructurales y morfológicas no proceden del puño y letra” de los agraviados.
Los acusados de ser los invasores presentaron el peritaje de Karla Daniela Carbajal Nájera, quien es perito y tiene la cédula profesional 6981288. Ella concluyó que las firmas: “Corresponden en sus elementos estructurales, morfológicos y grupos de gestos caligráficos” de los propietarios iniciales de las tierras.
Al haber dos dictámenes encontrados, el Tribunal Superior de Justicia ordenó un tercer peritaje en discordia. Mismo que se presentó hasta 17 de octubre de este año.
Tomás Sánchez García, quien es perito especializado en Documentoscopía y Dactiloscopía, llegó a la siguiente conclusión:
Que las firmas “… no corresponden por ejecución de puño y letra del señor Pedro Gastón Landa Landa… de acuerdo con el estudio técnico caligráfico… por lo que la firma fue falsificada mediante el método de imitación servil”.
Llega a esa misma conclusión en el caso de las firmas de la mujer que inició la demanda contra los acusados.
