La noche de este lunes ha trascendido que la Fiscalía General de la República (FGR) podría haber ya iniciado una investigación contra Tonatuih Gutiérrez Sánchez, en su calidad de agente del Ministerio Público (MP) de la Unidad de Investigación de Feminicidios, como parte de una demanda que se ha presentado en su contra por la supuesta aparición de un caso de tortura en las indagatorias del asesinato de la activista Cecilia Monzón Pérez.
Un asunto de suma trascendencia ya que de este aspecto podría derivar que, en unos 12 días a más tardar, se pudiera declarar exonerado o culpable al político priista Javier López Zavala, quien es acusado de ser el presunto autor intelectual del homicidio de Monzón Pérez, quien fue ultimada el 21 de mayo de 2022.
El litigio ha entrado en la recta final y se está volviendo un asunto muy complicado para que la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) pueda sostener su acusación contra quien fuera secretario de Gobernación entre los años 2005 y 2007.
La FGE de ser la parte acusadora, podría acabar siendo la parte acusada. En particular el agente del MP, Tonatuih Gutiérrez Sánchez, quien se encargó de formular la acusación contra López Zavala y otros dos supuestos participantes en la muerte de Mozón, ya que lo buscan responsabilizar de la tortura de uno de los implicados.
Una parte clave del desenlace del largo juicio –que lleva 8 meses– contra López Zavala será el uso de la doctrina jurídica llamada “fruto del árbol envenenado”, que está prevista en el artículo 273 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Esa doctrina dice que toda prueba pericial obtenida ilegalmente o que sea “una prueba contaminada”, es inadmisible en un juicio. Dicha figura, surgida del sistema penal de Estados Unidos, plantea que, si un árbol está “viciado”, también lo estará el fruto de este.
Tal figura se buscará aplicar de la siguiente manera: en la recta final del juicio, ha aparecido un peritaje mediante el cual se sostiene que habría sido objeto de tortura Jair N, quien es sobrino de López Zavala y de acuerdo con el relato oficial de la FGE es quien habría contratado al sicario Silvestre N, en el estado de Veracruz, para que él mismo lo trasladara al lugar del crimen –en el Camino Real a Cholula— y ahí, el asesino a sueldo ejecutara a la abogada Monzón.
El testimonio pericial que ha presentado la defensa del político priista sostiene que Jair N lo habrían confinado –luego de detenerlo— en uno de los sótanos de la FGE y ahí le pusieron una bolsa de plástico negra en la cabeza para asfixiarlo y posteriormente, amenazarlo con matar a su esposa y su hija si no cooperaba con la Fiscalía General del Estado.
Eso habría llevado a Jair N, según ese peritaje, a que firmara por la fuerza hojas en blanco y grabara un video incriminando a Javier López Zavala, como el personaje que habría orquestado el asesinato.
A la par, se presentó el testimonio de un psicólogo forense que habría sostenido que Jair N presenta trastornos de ansiedad, miedo y estrés postraumático que demuestran el uso de torturas para aceptar la falsa acusación de que él y su tío habrían organizado la muerte de Cecilia Monzón.
Dicha historia ha servido para que la defensa de López Zavala plantee que, de acuerdo con la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, se deseche la declaración ministerial de Jair N, que data de junio de 2022 y se sostiene que se obtuvo bajo tortura, el cual es un medio ilegal.
Y a su vez se eliminen los cateos, las detenciones, las confrontaciones, testimonios, careos y material fotográfico que se obtuvo a raíz de la declaración de Jair N, quien de acuerdo con el relato oficial de la FGE su testimonio es lo que permitió esclarecer el caso.
La petición que se le está haciendo al juez de control es que se desestime toda la información que habría proporcionado Jair N, bajo el principio de que habría sido resultado de la tortura solapada –según los defensores de los acusados— por el agente del MP, Tonatuih Gutiérrez Sánchez.
A lo anterior se debe agregar, el error o el dolo, de que en la acusación inicial se habla de los asesinos materiales de la activista, pero no de la existencia de un autor intelectual del crimen.
Además, de que unos testigos no quisieron declarar de última hora y una abogada que, según la FGE era quien aportaba pruebas contra López Zavala en el juicio, acabó declarando todo lo contrario, que ella no cree en la culpabilidad del político priista.
Todo esto lleva a dos escenarios:
Primero: Si el juez de control no le da un valor relevante al peritaje que presentó la defensa de los acusados, podría declarar culpables a los implicados y condenarlos hasta 50 años de cárcel.
Segundo: Si el togado acepta los peritajes surgidos, en el último tramo del juicio, es probable que para el día de navidad esté libre Javier López Zavala y los otros dos implicados.
Si se da el primer escenario, Tonatuih Gutiérrez Sánchez será “el héroe de la película”.
Pero, si ocurre la segunda posibilidad, va a querer desaparecer de la faz de la tierra.
Y la FGE se hundirá más en el fango.
