No hace mucho, a un hombre llamado Ismael Palestino Gómez “le corrieron un traslado”, que es un término jurídico para indicar que lo emplazaron y formalmente le notificaron por parte de un actuario de que hay un proceso legal en su contra por el incumplimiento con un contrato de venta de una propiedad, por lo que si no responde favorable le embargarán el bien inmueble y se lo entregarán al agraviado que lo demandó. Todo eso no tendría nada de extraordinario, si no fuera porque la persona que fue denunciada tiene entre 4 y 5 años que falleció.
Y resulta más escandaloso que, hace tres años, hubo un juicio intestamentario a la muerte de Ismael Palestino Gómez, debido a que no dejó testamento y se inició un proceso de sucesión para repartir sus bienes entre sus parientes legítimos, que en este caso serían ocho hijos del finado.
Es decir, pareciera que a este hombre lo hubieran “despertaron de la muerte” para notificarle que no se puede ir de este mundo sin antes resolver sus pendientes económicos y, sobre todo, del orden jurídico.
Dicha barbaridad de que un hombre primero se muere y unos tres años después lo hacen firmar, en tiempo y forma, la notificación de que está demandado por no cumplir con la venta de un inmueble es posible por el alto grado de corrupción y abusos que hay en el Juzgado Segundo de lo Civil con sede en el distrito judicial de Huejotzingo.
El expediente en donde el actuario reportó que Ismael Palestino está debidamente notificado por el nuevo juicio en su contra es el número 538/2024.
Ahí en ese expediente se estaría reportando una dirección y una firma falsas del hombre al que le notificaron de la demanda en su contra, por la disputa de una casa en la colonia Ojo de Agua de San Martín Texmelucan.
Eso que se ha cometido se llama fraude procesal, mismo que podría ser castigado administrativamente y con cárcel, si es que hubiera voluntad política en el Poder Judicial poblano o en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Tal caso debería ser una “prueba de fuego” para Pedro Antonio Martínez Hernández, el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que está cumpliendo su primera semana como cabeza del Poder Judicial del estado de Puebla.
Con este asunto, el nuevo titular del órgano rector del aparato de administración de justicia podría mandar un mensaje claro, contundente y trascendente a jueces, actuarios y demás funcionarios judiciales, de que ahora sí se va a combatir la corrupción, los absurdos y, sobre todo, la injusticia que priva en este poder público.
Son los temas con que Pedro Antonio Martínez se podría legitimar en el puesto que acaba de asumir, luego de que ha sido severamente cuestionado que apenas tiene 28 años, que carece de experiencia judicial y que le faltan varios años de edad y de trayectoria profesional para cumplir con la norma que rige los mecanismos de elección de los magistrados.
Sería extremadamente grave para la vida pública del estado de Puebla que Martínez Hernández solo llegue a adaptarse a los intereses de los grupos de poder que controlan al aparato judicial.
Este caso, el de Ismael Palestino Gómez, es trascendente no solo por el absurdo de notificarle a una persona fallecida de que está bajo un proceso legal, sino porque atrás de este asunto, de quien demandó, hay una poderosa mafia.
Se dice que quien está atrás de la parte demandante en contra del difunto Palestino Gómez, están los integrantes de “un cartel inmobiliario” que actúa en el municipio de San Martín Texmelucan, que se dedica a detectar bienes inmuebles que se quedaron intestados para que a través de un abanico de argucias legales se los apoderen.
El líder de esa organización criminal es un personaje polifacético, ya que lo mismo es líder en el tianguis semanal de San Martín Texmelucan, que es operador electoral; que ha sido funcionario público municipal y legislativo; así como litigante y promotor de fiestas religiosas.
Hay videos que lo muestran golpeando a comerciantes que no pagan “las cuotas”, desalojando a personas de sus inmuebles como si él fuera policía ministerial y dar discursos sobre “la ética” de los abogados.
En San Martín Texmelucan es un “secreto a gritos” que se dedica a detectar todo tipo de inmuebles intestados o que está en disputa entre familiares, para sacar provecho económico de esos conflictos.
Situación que ha dejado una larga lista de ciudadanos que han sido despojados de terrenos, casas, departamentos y locales comerciales.
Y todo este comportamiento es posible por un factor clave: ni la FGE ni el Poder Judicial “le tocan un pelo” al líder de ese cartel inmobiliario.
¿A qué se deberá?
O mejor dicho: ¿a cambio de qué?
