Gregorio Córdova Murrieta, un migrante poblano de 48 años originario de Teziutlán, fue detenido en Hawái por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acusado de reingreso ilegal a Estados Unidos.
Lo peculiar, lo grave de este caso, es que las autoridades lo ubicaron gracias a los registros de dinero que enviaba a México, específicamente a través de 11 transferencias realizadas entre 2021 y mayo de 2024 utilizando su pasaporte mexicano y una dirección en Honolulu.
La detención se llevó a cabo el 15 de junio después de que agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) montaron vigilancia en su domicilio y confirmaron su identidad.
Fue totalmente identificado por su “piel oscura”.
Su prometida, Grace Pérez Parra, relató que Gregorio fue esposado tras abrir la puerta de su casa a los agentes y se despidió de ella con un beso, diciendo “no te preocupes”.
Gregorio trabajaba en el área de azulejos y mostradores en Honolulu y, como cualquier otro migrante, enviaba dinero para mantener a sus padres enfermos y a su hija menor.
Actualmente, el poblano está recluido en el cuarto piso del Centro Federal de Detención en Elliott Street en Honolulu. Tiene un número limitado de minutos diarios para llamadas telefónicas, los cuales distribuye entre su novia y su familia en México.
Durante muchos años, el dinero de Córdova fue para sus cinco hijos en Teziutlán. Ahora que la mayoría de ellos son adultos, dijo que él mantiene a sus padres ancianos y a su hija menor, ayudando con el alquiler y la colegiatura en la escuela de cosmetología a la que asiste.
¿Por qué es importante esta historia?
Entre otras cosas, porque este caso podría sentar un grave precedente en el uso de datos de remesas para hacer cumplir leyes migratorias, lo que evidentemente ha generado gran preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes.
Expertos advierten que la base de datos utilizada para rastrear las transferencias de Gregorio Córdova se creó originalmente para combatir delitos financieros como lavado de dinero y narcotráfico, no para perseguir casos de migración.
El abogado Daniel Werner ha calificado la práctica como riesgosa y su firma presentó una demanda para limitar el acceso del gobierno a esas bases de datos.
Gregorio se declaró culpable para acelerar el proceso y poder regresar pronto a Teziutlán con su familia.
Su sentencia está programada para el 9 de septiembre y se espera que sea deportado a México debido a que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos.
Seguramente los abogados que habilitó el Gobierno de Puebla para auxiliar legalmente a los paisanos radicados en Estados Unidos ya están asesorando a Gregorio, uno de los miles de migrantes poblanos sometidos a una auténtica cacería, ahora –increíblemente– mediante los registros del dinero enviado a México.
Recientemente, el director del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, Felipe David Espinoza Rodríguez, dio a conocer que de enero a agosto de este año, 5 mil 360 poblanos han sido deportados de Estados Unidos.
El caso de Gregorio Córdova Murrieta no es menor; sienta un terrible precedente para todos aquellos migrantes, no solo poblanos, que literalmente huyeron de México en las últimas décadas con el único objetivo de trabajar en la Unión Americana para poder enviar algo de dinero a sus seres queridos.
Pero esto a nadie parece preocuparle; en nuestro país, ya se sabe, las prioridades son y seguirán siendo otras.
De hecho, casi ni sorprende que, de acuerdo con una encuesta realizada por la empresa analítica Nielsen sobre las sensaciones de la población hispana, más de la mitad de los latinos en Estados Unidos cree que el sueño americano está muriendo.
Tanto que de sueño americano ya pasó a pesadilla americana.
