En los últimos siete meses, se han afiliado a Morena, en todo el estado de Puebla, unas 300 mil personas, una cifra difícil de creer que sea resultado de una simple campaña de captación de nuevos militantes de esta fuerza política.
Esto significaría que, de enero a la fecha, sin descanso de día y de noche, así como los fines de semana y días festivos, en promedio se presentaron a anotarse cada hora unas 59 personas. Una por cada minuto, sin parar nunca.
Aunque una posibilidad para lograr esos números es que dicha labor se esté haciendo de manera masiva, no por decisiones individuales de los involucrados, a través de los ayuntamiento y sindicatos. Una práctica viciada a la que han recurrido todos los partidos, sin excepción.
Una prueba de que los gobiernos municipales pudieran estar “metiendo la mano” en la afiliación morenista, es lo que se ha observado en las últimas semanas en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, del municipio de Puebla, en donde la edil subalterna Anastacia Onofre Romero ha estado expidiendo muchas cartas de residencia a favor de personas que, curiosamente, se afiliaron a Morena.
Hay dos factores interesantes, o mejor dicho cuestionables, de esa actitud de la edil de Azumiatla, de quien se dice que es muy cercana a los intereses políticos de Rodrigo Abdala Dartigues, el delegado de los programas de Bienestar en el estado y quien cada vez que hay un proceso electoral se presenta como aspirante a candidato a legislador, a alcalde, a gobernador o magistrado del Poder Judicial, para que casi siempre quede fuera de las nominaciones.
El primer cuestionamiento es que la mayoría de las cartas de residencia que ha expedido la Presidencia Auxiliar es para personas que no son de Azumiatla.
La mayoría de los beneficiarios de esas misivas –se dice– pertenecen a los grupos de “paracaidistas” que, desde hace un par de año, llegaron de diferentes orígenes para participar en la invasión de 400 hectáreas de la Ex Hacienda de San José Zetina, que es uno de los conflictos más grave de despojo que se han vivido en la capital en los últimos meses.
Como muestra de lo anterior, se reproduce en esta columna la copia de una de esas cartas de residencia. El propio texto delata la anomalía mencionada.
En dicho documento se dice: “HAGO CONSTAR… QUE EL (LA) CIUDADANO (A) María E…, CUYA FOTOGRAFÍA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE CANCELADA EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DE LA PRESENTE, CUYOS RASGOS FISIONOMICOS CONCUERDAN FIELMENTE CON LA FOTOGRAFÍA DEL SOLICINTANTE, CON FECHA DE NACIMIENTO 11 DE FEBRERO DE 1975, CON DOMICILIO ACTUAL EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA SAN JOSÉ ZETINA 08# CP 72960… Y QUIEN TIENE EL MISMO DOMICILIO HABITADO DURANTE MÁS DE 30 AÑOS…” (Sic).
Queda claro que no hay nomenclatura por una situación básica, donde habita la persona que pidió la carta en cuestión, es una zona invadida, que no tiene servicios públicos y el área no cuenta con permisos municipales para la construcción de casas habitación, así como el uso de suelo para ser una superficie destinada a la apertura de viviendas.
Incluso, no existe la colonia San José Zetina como tal, porque no hay un proceso legal de urbanización. Lo que se conoce como Exhacienda San José Zetina es el predio en donde se ha desarrollado el conflicto de invasión.
Y lo que resulta más cuestionable es que la edil diga que la involucrada tiene viviendo 30 años en Azumiatla, cuando antes de un par de años nadie habitaba en la Ex Hacienda de San José Zetina.
Además, la edil no presenta un sustento para decir que la mujer involucrada tiene tres décadas viviendo en el mismo sitio.
Un segundo cuestionamiento –sin duda–, que se esté utilizando a personas sin vivienda legal en el proceso de afiliación de Morena.
Es cierto que el partido Movimiento Regeneración Nacional tiene como lema: “primero los pobres”, pero este asunto de los invasores de la Ex Hacienda de San José Zetina no parece ser un simple proceso de afiliación en un partido con el que se tiene la misma identidad social.
Pareciera que a los “paracaidistas” alguien les estaría ofreciendo “arreglarles” el litigio que enfrentan por el presunto delito de despojo, a cambio de que se presten como “acarreados” de la 4T.
Grave, que se abuse de la pobreza de esos pobladores.
Y más grave, que Morena recurra a los mismos vicios que caracterizaron al PRI y el PAN.
