Al paso de los días, luego de los hechos violentos del mercado Cosme del Razo, han ido apareciendo evidencias de que el síndico municipal de San Pedro Cholula, Iván Cuautle Minutti, venía urdiendo una serie de movimientos tendientes a buscar debilitar o incluso hacer caer del cargo a la edil morenista Tonantzin Fernández Díaz. No solamente por lo ocurrido en el centro de abasto, sino porque en meses anteriores había permitido que se perdieran una serie de procesos legales, al parecer, con la intención de provocar daños financieros que descarrilaran al Ayuntamiento de la llamada “ciudad milenaria”.
Sin contar que pesa sobre él la sospecha de desplegar acciones de espionaje político contra la presidenta municipal.
Hasta el momento, no se sabe si Iván Cuautle ha actuado solo o en complicidad con algún grupo político interesado en querer desestabilizar al gobierno cholulteca.
Una muestra de su actuar faccioso es la siguiente:
Hasta este domingo 20 de julio, oficialmente, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula no ha presentado una denuncia penal por el asalto armado que hubo el pasado 8 de julio al mercado Cosme del Razo. Es decir, Iván Cuautle Minutti no ha cumplido con su obligación de ser quien interponga el recurso legal, toda vez que el síndico es el encargado de la vigilancia y defensa de los intereses de un municipio.
Queda claro que no es un tema de omisión por incompetencia del síndico, sino es una actitud deliberada de querer debilitar al gobierno municipal que, se supone, tendría que defender.
Por esa razón, este domingo, la mayoría de los regidores del Cabildo de San Pedro Cholula cerraron filas en torno a la edil Tonantzin Fernández, no solo para emplazar al síndico a que informe oficialmente de las razones por las cuales no ha presentado la demanda en cuestión, sino en valores entendidos los miembros del cuerpo edilicio le estarían mandando un mensaje claro de que: le han perdido la confianza.
No eran 30, eran 180 los atacantes al mercado Cosme del Razo
La versión general de los hechos del 8 de junio es que ese día un grupo de alrededor de 30 personas armadas, vinculadas a una organización de San Martín Texmelucan, ingresaron al mercado Cosme del Razo, ubicado a una calle del zócalo de San Pedro Cholula, para obligar a los administradores del centro de abasto a firmar sus renuncias y después tomar el control del lugar.
En aquella ocasión, la Policía Municipal frenó la agresión y detuvo a nueve de los atacantes. Luego de ello, surgió la versión extraoficial de que el grupo violento habría pagado al síndico municipal un millón y medio de pesos a cambio de control del mercado más emblemático de San Pedro Cholula.
Al paso de los días, se ha sabido que esa versión es muy limitada de lo que realmente ocurrió.
Para empezar, se ha podido establecer que no eran 30 los hombres armados que pretendían apoderarse del mercado, sino que, mediante las cámaras de seguridad, se ha podido establecer que había unas 180 personas en el centro de abasto, en el zócalo y en otros sitios cercanos, como parte de la operación de apropiamiento de dicho espacio público.
Los cabecillas de los asaltantes confiaban en que no iba intervenir la Policía Municipal, lo que acabó ocurriendo con prontitud y eso frustró la operación para despojar del mercado Cosme de Razo. Y es en este último aspecto donde aparece con mucha claridad “la huella” del síndico municipal.
Resulta que, en días anteriores a los hechos violentos, Iván Cuautle Minutti le comunicó a la presidenta municipal que había convocado a un foro de consulta para una reforma al Código Reglamentario del Municipio. La alcaldesa primero aprobó la propuesta, pero días después ella descubrió que el proyecto de cambios que se quería presentar era similar al de un ayuntamiento vecino. Era un plagio. Por lo que desautorizó dicha actividad.
Fue ahí cuando empezó a ser extraña la actitud del síndico que, de manera necia y casi rebelde, dijo que el foro se tenía que hacer a la hora, el lugar y día ya dispuestos. ¿Cuál era la fecha del evento? El 8 de julio, el día del episodio violento del mercado. Vaya coincidencia.
Todo apunta a que su idea era tener concentrados en un mismo lugar, y tal vez hasta incomunicados, a la presidenta municipal, a los regidores y los directivos del área de Seguridad Pública, a la misma hora en que se tenía previsto la toma del centro Cosme del Razo.
Al final, el asalto fue un fracaso y surgió la acusación –de los locatarios del centro de abasto– de que había supuestos pagos ilegales al síndico, para vender el control del mercado a una organización criminal.
Frente a esas acusaciones, la edil Tonantzin Fernández encaró al síndico, le exigió aclarar ante una investigación oficial las acusaciones y le conminó a dejar temporalmente el cargo, en lo que se deslindaban responsabilidades. En un primer momento, Iván Cuautle aceptó solicitar licencia, solo pidió unos días de plazo para cumplir con esa petición.
Al lunes siguiente, se acordó una reunión entre el síndico y la alcaldesa. Era para definir la licencia del primero de ellos por un periodo de cuatro meses.
El día del encuentro, se les pidió a los presentes no entrar a la junta con teléfonos celulares. Cuautle Minutti se fue al sanitario y tardó mucho. Finalmente, en la reunión él se negó a dejar el cargo público que ostenta y constantemente hacía menciones de que lo quería obligar a “renunciar”. La presidenta municipal le insistió que se debía aclarar los presuntos actos de corrupción que no iba a tolerar.
El encuentro terminó sin una solución.
Días posteriores, algunos medios de comunicación recibieron grabaciones de dos horas de duración de la reunión entre la edil y el síndico. Ahora, casi todos en el ayuntamiento tienen la sospecha de que la tardanza en el sanitario de Iván Cuautle habría sido para instalarse un micrófono.
No es la primera vez que han grabado a la presidenta municipal queriendo dañar su imagen.
A raíz de lo que pasó, lo del mercado Cosme del Razo se empezó a revisar el trabajo en la Sindicatura y fue entonces cuando se destapó “la caja de Pandora”.
Y lo que se descubrió es que el síndico en varios procesos legales había actuado de tal manera que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula perdiera litigios, con graves consecuencias financieras para la hacienda pública del municipio.
Por ejemplo, el anterior gobierno municipal que encabezó la panista Paola Angon dejó de pagar unos 20 millones de pesos por un servicio de cámaras de seguridad, sistema que no funcionaba cuando llegó a nueva administración municipal que, de inmediato, estableció que no cubriría un contrato oneroso –ya que el final el costo global era de 80 millones de pesos– y que además, no estaba activo el servicio que se prestaba.
La empresa de ese sistema de seguridad recurrió a la vía legal para buscar obligar al pago en cuestión.
Todo apunta a que el síndico nunca respondió a la demanda que presentó la compañía de las cámaras de videovigilancia, todo con la intención de que se obligue el Ayuntamiento a pagar por un servicio que no se está recibiendo y que le acabaría causando una “sangría económica”, que descarrilaría su gasto programado.
Como esos casos, hay otros más, en los cuales la actuación de la Sindicatura era como si fuera “el enemigo” del municipio y no el representante del pueblo cholulteca.
