Desde hace cuatro años existe un dictamen oficial en el Ayuntamiento de Puebla que demostró la ilegalidad con que se construyeron 26 bodegas a un costado de la Central de Abasto, sobre la franja de seguridad de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), invadiendo un área común y sin permisos municipales. Exactamente hace 36 meses se ordenó la demolición de esos locales. Por lo que sorprende que ahora el secretario de Gobernación de la capital, Francisco Rodríguez Álvarez, a principios de esta semana, declarara que todavía no hay condiciones para derruir esos inmuebles que están en una zona de riesgo.
Esa postura del funcionario solo puede tener dos interpretaciones: Francisco Rodríguez es un secretario de Gobernación desinformado y sin capacidad de utilizar el aparato gubernamental para indagar las condiciones de ese conflicto.
O lo que es más grave: que estaría protegiendo los intereses de quienes gastaron más de 36 millones de pesos en edificar esas bodegas que representan un grave peligro para la colectividad, pues las estructuras están sobre un ducto de Pemex, en el área de un canal de la Comisión Nacional del Agua y debajo de las torres de alta tensión que alimentan de energía eléctrica a las industrias ubicada a un costado de la autopista México-Puebla.
No sería raro que otra vez se esté protegiendo los intereses obscuros que hay atrás de esa franja de bodegas, ubicadas en donde ya alguna vez se descubrió una toma clandestina de robo de combustible, es decir de huachicol.
Durante el gobierno de la morenista Claudia Rivera Vivanco inició la cadena de actos de corrupción y colusión de autoridades con los dueños de esas bodegas ilegales, ya que durante ese periodo no se hizo nada para frenar la construcción de dichos inmuebles, pese a que se denunció su levantamiento ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.
Al arrancar el ayuntamiento encabezado por el panista Eduardo Rivera Pérez, uno de los primeros actos de autoridad fue emitir el dictamen que demostraba las graves anomalías cometidas con la edificación de las 26 bodegas. Y medio año más adelante, se ordenó el derribo de las estructuras.
Parecería que, tal como se dice en el lenguaje popular, “alguien les llegó al precio” a los funcionarios del gobierno de Eduardo Rivera que durante los tres años desconocieron sus propios acuerdos para proceder contra tales inmuebles.
Incluso los dueños de las bodegas buscaron ampararse y perdieron los juicios de protección de la justicia federal, y aun con esa condición, no se tocaron tales construcciones por parte de la autoridad municipal de extracción panista.
Y ahora Francisco Rodríguez parece que llega a dar continuidad al manto de impunidad que ha rodeado al negocio de las grandes bodegas que se construyeron en la avenida Comerciantes sin número, en esquina con la 104 Poniente, dentro del área de la segunda sección de la Central de Abasto.
Es importante preguntarse: ¿qué poderosos y oscuros intereses hay atrás de los propietarios de los locales en cuestión como para que tres gobiernos muy distintos entre ellos, el de Claudia Rivera, Eduardo Rivera y ahora José Chedraui Budib, no pudieron o no quisieron aplicar la ley?
¿Qué está esperando la actual autoridad municipal para entender el grave peligro de esas construcciones? Tal vez hasta haya una tragedia, el secretario de Gobernación, Francisco Rodríguez, comprenderá que debía de actuar a tiempo.
Alguien necesita recordarle al funcionario que muy cerca de la Central de Abasto, el 31 de octubre de 2021, voló un ducto de Pemex en la calle Ferrocarriles de San Pablo Xochimehuacán, a un costado de la autopista México-Puebla, dejando heridos y una destrucción de casas.
Tragedia que ocurrió por la negligencia de varios gobiernos municipales de no poner orden al anárquico crecimiento urbano sobre el área de seguridad del mismo ducto de Pemex que pasa a un costado de la Central de Abasto.
Las pruebas
Cuando el gobierno del panista Eduardo Rivera Pérez llevaba dos meses de haber iniciado, en diciembre de 2021, el entonces director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, Arnulfo Aurioles Gamboa, emitió un dictamen sobre las bodegas con el número de expediente 2551/2021, que estableció lo siguiente:
Luego de una serie de supervisiones, se llegó a la conclusión de que la construcción de las 26 bodegas violó el artículo 718, fracción 2, del Código Reglamentario del Municipio de Puebla, debido a que los inmuebles se levantaron sin permisos del ayuntamiento, invadiendo un área común y porque las estructuras están sobre la zona de seguridad de un ducto de Pemex.
En ese documento se establece que se debe aplicar tres sanciones: la demolición de las construcciones o el retiro de las estructuras terminadas, además de imponer una multa equivalente de 20 a 30 veces el valor diario de la UMA.
También establece que se debe hacer una clausura inmediata y definitiva de tales locales comerciales.
Más sorprendente es que, ocho meses más tarde, es decir, en agosto de 2022, se emitió el oficio SGyDU-DDU-0-0276/2022, en el cual Arnulfo Aurioles Gamboa, a nombre de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, le ordena a Armando Barrientos Lezama, entonces subsecretario de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, para que ya proceda a demoler o retirar las estructuras de las bodegas.
Ya era una orden tajante, no una sugerencia o recomendación, sino se planteaba que en acatamiento a los ordenamientos legales se tiene que retirar dichos centros de almacenamiento de manera inmediata.
De nada sirvieron esos dictámenes, porque al final los alcaldes panistas que fungieron en el trienio pasado, Eduardo Rivera y Adán Domínguez, actuaron “como el tío Lolo”, se hicieron los omisos para cumplir los mandatos y no tocaron las bodegas “ni con el pétalo de una rosa”.
Por si fuera poco, mediante el oficio SGyDU/ST7203/2024, que se emitió en octubre de 2024, es decir, en el mes en que terminó el gobierno panista, se respondió a una solicitud de información en la cual se da cuenta que los propietarios de las bodegas en conflicto iniciaron los juicios de amparo 84/2022, 1351/2022, 1495/2022 y 1707/2022, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil.
Con esos recursos, los dueños de los inmuebles pedían frenar la orden de clausura y demolición de los centros de almacenamiento y, al final, perdieron cada uno de los juicios.
En ese mismo documento se responde a una pregunta clara y directa que hizo el solicitante de la información: “¿hay algún impedimento legal para frenar la demolición de las bodegas” y la respuesta oficial fue un simple “no”.
Por tanto, queda claro que acabar con las bodegas ilegales de la Central de Abasto es solo un asunto de voluntad política de Francisco Rodríguez, el secretario de Gobernación del gobierno de la capital. Ya no tiene pretextos para alargar este asunto.
