A las alarmas encendidas tras el cochinero de la elección judicial, es decir, el primer ensayo del corrupto modelo “democrático” que la 4T busca imponer para perpetuarse en el poder a nivel federal y estatal, ahora hay que sumar la preocupación ciudadana por la denominada Ley Espía.
La Ley Espía se refiere a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y a la Ley de la Guardia Nacional, que lógicamente han generado enorme controversia debido a sus posibles implicaciones en la privacidad y seguridad de los ciudadanos.
De hecho, a pesar de lo que la narrativa oficial afirma, se pueden considerar un verdadero peligro para la sociedad en general.
A saber:
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia:
– Permite la intervención de comunicaciones privadas y el uso de datos personales con autorización judicial previa.
– Busca fortalecer la estrategia de seguridad nacional y combatir delitos de alto impacto.
– Crea el Consejo Nacional de Inteligencia, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Ley de la Guardia Nacional:
– Otorga facultades a la Guardia Nacional para realizar tareas de investigación e inteligencia, operaciones encubiertas y vigilancia masiva en Internet.
– Permite la intervención de comunicaciones privadas con autorización judicial.
– La Guardia Nacional dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Pero, como puede anticiparse, son más los peligros que los beneficios para la sociedad.
Uno de ellos es la vigilancia masiva, es decir, la posibilidad de realizar vigilancia masiva en Internet y la intervención de comunicaciones privadas podría llevar a un estado de vigilancia constante.
Otro foco rojo es la militarización de la seguridad pública.
Y es que la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional podría llevar a una total militarización de la seguridad pública, lo que representa un riesgo para la democracia y los derechos humanos.
Un punto central es el abuso de poder, esto es, la falta de controles efectivos podría permitir que la Ley Espía se aplique a los críticos del régimen, al considerarlos “enemigos del Estado”, y que se violen sus derechos humanos.
Y es que, de aprobarse tal cual, el gobierno incluso podrá pedir a las compañías telefónicas la ubicación GPS, en tiempo real, sin ninguna regla y sin ningún límite, sin previa orden judicial.
La vigilancia se dará a través del teléfono móvil de cada ciudadano, como en los peores regímenes autoritarios del mundo.
La privacidad de los ciudadanos, sus datos, sus conversaciones, sus actividades y hasta su información bancaria estarían en riesgo.
De cara a las futuras elecciones, la 4T quiere más poder para vigilar sin avisar.
Es decir, convertir al Estado en un aparato de vigilancia total, al margen de la legalidad y de cualquier freno.
En esencia, estas acciones no pueden entenderse sino como un intento de legalizar el espionaje a como mejor le convenga al oficialismo, que ahora sabrá con precisión dónde estás, con quién estás y por cuánto tiempo, lo que atenta contra la libertad y los derechos de los ciudadanos, bajo el pretexto de la “seguridad”.
Ya con el control absoluto de los tres poderes, con un INE a las órdenes del gobierno, con medios de comunicación legalmente cada vez más limitados para ejercer la libertad de expresión y sin organismos o entes autónomos que sirvan de contrapeso, la 4T se dirige a instaurar un régimen totalitario en pleno, con todo lo que ello implica.
La Ley Espía es de hecho el último clavo en el ataúd llamado México.
Peor, imposible.
