Un componente esencial para que en la Zona Metropolitana de Puebla haya docenas de invasiones de bienes inmuebles es la impunidad, como consecuencia de que las autoridades no se quieren involucrar en estos conflictos por miedo o por proteger intereses económicos. Una prueba es lo que ha sucedido con dos invasiones –de 106 mil metros cuadrados– de los terrenos de la exfábrica y el exrancho de La Covadonga, al norte de la capital, en donde desde hace cuatro meses la investigación no avanza simplemente porque no ha llegado el perito asignado por la Fiscalía General del Estado (FGE) para supervisar la zona en conflicto.
Un asunto del que no es ajeno Idamis Pastor Betancourt, la fiscal general del estado, a quien en dos ocasiones los representantes legales de la Fundación Julita y Antonio –que es la propietaria de las tierras en conflicto– le han hecho llegar sendos reportes en los cuales se expone que no se ha integrado la carpeta de investigación del caso ni mucho menos se ha judicializado por el simple hecho de que, desde febrero de este año, no se ha presentado el perito topográfico para asentar que hay una posesión ilegal de los predios.
No es un asunto menor, se trata del siguiente hecho: en la madrugada del 8 de febrero de este año, un grupo de alrededor de 100 hombres armados irrumpieron en los terrenos agrícolas de la antigua ex fábrica de La Covadonga –que data de finales del siglo XIX– y rompieron las cadenas del portón que da acceso al predio, el cual se encontraba cercado en todo su perímetro.
Los agresores golpearon brutalmente a dos policías que vigilaban la propiedad, mismos que por varias horas fueron privados de su libertad.
Esta es la segunda invasión, ya que la primera ocurrió el 9 de abril de 2023, por los mismos personajes, quienes luego de despojar de 83 mil metros cuadrados, han fraccionado la propiedad en 450 lotes, mismos que están comercializando en 200 mil pesos cada uno.
Todo esto ha ocurrido sin que intervenga el Ayuntamiento de Puebla, que tendría la obligación de frenar esas ventas de terrenos que no tienen servicios públicos, que no cuentan con el uso de suelo habitacional y carecen de los permisos municipales.
Por la segunda invasión –la del 8 de febrero pasado– se abrió la carpeta de investigación 949/2025 y se denunció el despojo de 23 mil metros cuadrados, ubicados en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, la cual surgió fundamentalmente por familias de exobreros de La Covadonga.
El asunto fue asignado a la agente del Ministerio Público Claudia Rojas Cerezo, quien determinó que como parte de la investigación era necesaria la inspección de un perito topográfico y para tal propósito, ella misma asignó al arquitecto Manuel Moreno Briones, para que se hiciera cargo de la investigación pericial.
Desde febrero y hasta la noche de este lunes, no se ha presentado el perito y no hay la más mínima justificación de la FGE para que la investigación esté totalmente paralizada.
Situación que ha sido aprovechada por los invasores para avanzar en la edificación de un fraccionamiento ilegal sobre los terrenos de La Covadonga, mismo que es vigilado por un grupo armado y varios pandilleros, que tienen la misión de que cada vez que llega la policía o algún servidor público del Ayuntamiento de Puebla, o de la FGE, los ahuyentan del lugar lanzándoles piedras.
Y resulta inentendible que la Fiscalía General del Estado no eche manos de recursos de fuerzas de seguridad estatal o de la Guardia Nacional para intervenir. Por el contrario, se argumenta que no hay condiciones para entrar al área.
Dicho de otra manera, la FGE vulnera el Estado de derecho al determinar –por parte de algunos servidores públicos– que no se pueda actuar por “el miedo a las piedras”.
Los dos llamados a Idamis Pastor
El 12 de marzo de 2025, un mes después de la segunda invasión, a las 13:55 horas, según se constata en el sello oficial de la Coordinación General de Gestión Documental de la FGE, se ingresó un documento en el cual Jesús González Schmal, el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, le solicita una audiencia a Idamis Pastor para exponerle las anomalías del caso. Entre otras, que no ha llegado el perito asignado.
Un segundo documento, del 18 de junio de 2025, firmado por el mismo abogado y dirigido también a Idamis Pastor, da cuenta que no les fue concedida la entrevista solicitada con la fiscal general del estado. Los abogados fueron atendidos por el funcionario Víctor Carrasco, quien al final no resolvió nada.
Se expone: “Fuimos atendidos –en la FGE–, pero es el caso que, a cuatro meses del despojo con violencia y dos policías secuestrados y brutalmente golpeados, y aunque los autores del delito están plenamente identificados, no ha podido ser integrada la carpeta, ni mucho menos judicializada por la ausencia del peritaje topográfico que debería haber practicado el Arquitecto Manuel Moreno Briones”.
Más adelante, Jesús González Schmal señala que se desconoce si el perito no se ha presentado “por una indisposición del profesionista o una sobrecarga de trabajo”. No obstante, insiste en que se dicten las medidas cautelares pertinentes para que se proceda conforme a derecho.
Sobre todo advirtiendo que se deben atender las consecuencias sociopolíticas que implica el que se sigan vendiendo de manera ilegal los predios de los terrenos invadidos, lo que constituye un fraude para quienes están adquiriendo los lotes, pues les están pagando a personas que no son los propietarios.
Pese a los dos escritos dirigido a la fiscal, no ha pasado nada.
Lo que se ha narrado en este espacio es apenas el piquito de una larga lista de omisiones de la FGE que, por todos los medios, se niega a proceder contra los invasores de La Covadonga. En entregas posteriores se narrará todos los abusos cometidos en este caso.
Por eso Puebla es, sin exagerar, un paraíso para las mafias que se dedican a cometer despojos inmobiliarios.
