Ya desde hace mucho tiempo, la junta auxiliar San Francisco Totimehuacán ha solicitado convertirse en municipio, tal como era antes del decreto de 1962.
Históricamente, San Francisco tuvo el estatus de municipio desde el año de 1837, cuando la junta departamental de aquel entonces lo reconoció como tal y así se mantuvo hasta el 30 de octubre de 1962, cuando se convirtió en junta auxiliar, al igual que San Miguel Canoa y San Felipe Hueyotlipan.
El diputado local José Luis Figueroa, cercano al gobernador Armenta, presentó la iniciativa correspondiente, para que San Francisco Totimehuacán recupere la categoría de municipio y tiene, por supuesto, muchos puntos de favor para que así sea; sin embargo, económica y políticamente, quién sabe qué tan correcto vaya a ser para Puebla capital y para el actual edil, Pepe Chedraui, quien puede salir afectado en esto.
Desde su campaña, en el 2019, Miguel Barbosa prometió que haría municipios a San Miguel Canoa y a San Francisco Totimehuacán; sin embargo, ya en el poder, el oriundo de Zinacatepec, en la Sierra Negra de Puebla, olvidó sus promesas.
Hoy, el diputado José Luis Figueroa retoma este tema, sin embargo, la Legislatura local deberá analizar muy bien este asunto, no solamente por lo ya antes expuesto, sino también por el hecho de que más juntas auxiliares del estado van a pedir lo mismo y también con razón.
En este mismo espacio, hemos dado cuenta de que juntas auxiliares como Francisco Xavier Mina, mejor conocida como Chipilo, junta auxiliar de San Juan Atzompa, tiene todos los méritos para ser municipio, es mucho más grande y poblado que la cabecera.
Atencingo, junta auxiliar de Chietla, es más grande y tiene más población que la cabecera.
Santa Ana Xalmimilulco, junta auxiliar de Huejotzingo, es más grande que la propia ciudad de Huejo y así varias demarcaciones de nuestro estado, las cuales podrían justamente reclamar ser municipios, lo que traería muchos problemas políticos y económicos a la entidad.
Canoa, San Pablo Xochimehuacan, La Resurrección, Xonacatepec, San Felipe Hueyotlipan y muchas más podrían también reclamar lo mismo en el propio municipio de Puebla, que vería mermados sus ya de por sí raquíticos recursos tras la pérdida de población y territorio por las mismas fórmulas de distribución de recursos por parte de la Federación y los estados.
Suena bonito e incluso romántico el impulsar el tema, sin embargo, se debe analizar este asunto, el cual le pega directamente al municipio de Puebla capital, pero, como ya lo señalé, no es ajeno a la problemática de todo el estado.
Arde Xoxtla
Mucho, pero mucho trabajo tiene por delante el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, pues al parecer existen diversos “focos rojos” en la entidad, que el funcionario no parece estar viendo.
Desde hace poco más de una semana, les advertí sobre el problema que se iba a presentar en Xoxtla, tras la excavación del pozo 4 en esta localidad, para traer el agua a la ciudad de Puebla, como lo establece el convenio firmado por la exalcaldesa Guadalupe Siyancan Peregrina y ratificado por la actual, Guadalupe Ortiz, formalizado en 2023 con Agua de Puebla, el Soapap y avalado por la Comisión Nacional del Agua, que establece que el 50% del agua que se extraiga de este lugar será para la capital y el otro 50 será para la localidad.
El enojo de la población va creciendo a tal grado que ayer y hoy otra vez, vecinos de este lugar volvieron a bloquear la autopista Puebla-México en ambos sentidos, causando caos vial a quienes tienen que transitar por esta ruta, una de las más importantes del país.
Los inconformes alegan que el acuerdo firmado en 1997 con la población establecía que la perforación de pozos en este lugar se pararía si comenzaba a faltar el vital líquido en este lugar y dicen que así está sucediendo.
Vaya lío que tiene entre sus manos la presente administración, Xoxtla es una auténtica “bomba de tiempo”.
Corrupción en Atempan (Primera Parte)
Atempan es un pequeño municipio enclavado en la Sierra Norte de nuestra entidad.
A tan solo seis meses de asumir el cargo, la administración municipal encabezada por Fausto Moreno Salazar, emanado del partido Fuerza por México, se encuentra en el “ojo del huracán”.
Sobre su administración pesan graves señalamientos por un presunto desfalco millonario, una red de nepotismo que alcanzaría a varios funcionarios clave, y ahora, nuevas y perturbadoras acusaciones que involucran a altos mandos en supuestas relaciones ilícitas y presuntos nexos con organizaciones criminales han desatado una ola de indignación y decepción entre los ciudadanos que apostaron por un cambio. La promesa de un “gobierno incluyente y humanitario” parece desvanecerse ante la contundencia de las acusaciones.
Las alarmas se encendieron tras la denuncia de un presunto desvío de 1.5 millones de pesos, recursos que originalmente estaban destinados a programas de subsidio para beneficiarios locales. Esta situación no solo ha provocado significativos retrasos en la entrega de los apoyos sociales, sino que ha sembrado un profundo malestar en la comunidad.
En el centro de la controversia se encuentran tres figuras prominentes de la actual administración: Manuel Ildefonso García, tesorero municipal; Javier Viveros León, contralor municipal, y Daniela Jiménez Pliego, directora de Bienestar Social. Fuentes internas sugieren que estos funcionarios habrían operado en conjunto para sustraer los fondos.
La incógnita que resuena entre la población es si el alcalde Moreno Salazar tenía conocimiento de estas presuntas irregularidades o, incluso, si fue el artífice detrás de ellas. La exigencia ciudadana es clara: una investigación exhaustiva y la destitución inmediata de los implicados. (Continuará)