Desde la cúpula estatal de la 4T ya se ha hecho circular la lista –que se le ha llamado “el acordeón”– de los candidatos que, se sugiere, deben ser votados en la próxima elección judicial. Con desconcierto, se observa que se está pidiendo apoyar a personajes obscuros que representan lo más podrido del aparato de impartición de justicia, como es el caso de Lidia Antonio Sánchez, quien tiene una grave huella en su pasado reciente como jueza de Distrito en materia penal, que fue: impedir el encarcelamiento de cinco policías acusados de tortura y cometer un posible abuso sexual, situación que permitió a los uniformados poderse fugar.
Lo grave de esta situación es que en el llamado “acordeón” se está colocando a Lidia Antonio Sánchez en el primer lugar de la lista de “sugerencias” de aspirantes mujeres que compiten por el cargo de jueza de control penal en el distrito judicial 2, que abarca una parte de la capital del estado, junto con las regiones de Huejotzingo, Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros, Chiautla de Tapia, Tehuacán, Tepexi de Rodríguez y Ajalpan.
En esta columna ya se había hablado del caso de Lidia Antonio Sánchez, quien actualmente es jueza de Distrito y se inscribió en la elección judicial para buscar repetir en el mismo cargo.
Esta funcionaria el año pasado se destacó porque se negó a otorgar la prisión preventiva a cinco agentes de la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, junto con un ex juez municipal, quienes se vieron involucrados en intentar desaparecer las huellas y en algunos casos participar directamente en la privación ilegal de la libertad de las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López –ocurrida el 10 de marzo de 2023–, quienes en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública de esa ciudad fueron torturadas y sufrieron abuso sexual.
Hace unas semanas, un Tribunal Colegiado determinó que la jueza no observó las más de 100 pruebas que hay contra los seis imputados y para enmendar la mala actuación de Lidia Antonio Sánchez, ordenó que se ejecutara la prisión preventiva contra los acusados.
Frente a tal determinación, Lidia Antonio Sánchez volvió a asumir la misma actitud: desacató el mandato y no se ha hecho nada para detener a los policías acusados de tortura. Actualmente, los implicados ya huyeron de Izúcar de Matamoros, para evitar pisar una prisión.
Si ya el delito de tortura es sumamente grave, es todavía más deleznable que la juez no le dio importancia a que una de las testigos clave del caso, llamada Socorro Barrera, fue asesinada por un par de sicarios en un autolavado de Izúcar de Matamoros, para evitar que presentara su declaración ante un juzgado.
Tal comportamiento de la jueza despierta la sospecha, entre las víctimas de dicha trama criminal, de que existe un pacto de impunidad para que desde el Poder Judicial se impida a toda costa que prospere la carpeta de investigación que armó la Fiscalía General de la República y de esa manera evitar que se involucre a la exalcaldesa de Izúcar de Matamoros Irene Olea Torres, como la posible responsable de la agresión sufrida por las periodistas Michelle y Natalie Hoyos López.
Es para proteger más abusos policiacos
Desde hace unos días, desde la cúpula estatal de la 4T se ha distribuido entre grupos políticos, organizaciones sociales y juntas vecinales, con el apoyo de alcaldes, legisladores y activistas de Morena, el PVEM y el PT, una lista de las “sugerencias” de los candidatos que deben ser votados en los comicios del 1 de junio.
Entre las mujeres, lo que más llama la atención es que se impulsa con ahínco el nombre de Lidia Antonio Sánchez, pese a que es una pésima candidata que no tiene carisma y su discurso es más que pobre.
Es una abogada que al explicar sus propuestas habla mucho, pero no dice nada. Algo muy particular de los muchos jueces que, de esa manera, hacen incomprensible para los ciudadanos común y corrientes el contenido de sus sentencias.
Ejemplo de lo anterior es que, no hace mucho, como parte de sus actividades proselitistas la jueza Antonio Sánchez acudió a una entrevista en la estación de radio La Mexicana, que se ubica en Izúcar de Matamoros. Ante una pregunta sencilla y directa de un periodista de qué debe cambiar en el sistema de justicia, esta fue su respuesta:
“…el sistema acusatorio es un sistema de audiencias, todo se resuelve en audiencias; entonces, podríamos verificar lo que está pasando en esas audiencias e identificar quiénes son los juzgadores que hacen más ágiles esas audiencias y de alguna manera tener unos trabajos multidiciplinarios para impartir esas buenas experiencias y, evidentemente, evidenciar las que de alguna manera constituyen una cuestión en las que se alargue el proceso o que se resuelvan de alguna manera, en la que la ciudadanía no conozca esa manera de que se resuelven para implementar las medidas necesarias” (sic).
Su discurso no lo enfoca a hablar de los problemas de corrupción y control que grupos de poder político y económico han tenido del Poder Judicial. O la falta de sensibilidad social de los jueces, que son temas en discusión en el actual proceso electoral.
Pareciera que sus propuestas fueran como una clase de algo así de “cómo reformar el Poder Judicial, para que el final no cambie nada”.
Si es una mala candidata, surge una pregunta básica: ¿por qué desde la cúpula de la 4T en Puebla se quiere que repita como jueza de Distrito en materia penal?
Pareciera que la respuesta es la siguiente: si ya favoreció –por lo menos– una vez a unos policías acusados de participar en un acto de tortura, es probable que lo vuelva a hacer. Bueno, es lo que se puede especular.
Proteger a malos policías siempre es fundamental para el grupo en el poder.
