Mónica Roldán Reyes, exabogada de Antonio Valente Martínez, controvertido agricultor de la zona del Triángulo Rojo y padre de la presidenta municipal de Quecholac, María Guadalupe Martínez Gerardo, que cobró notoriedad por hacer campaña en una camioneta Lamborghini Urus de seis millones de pesos, acaba de ser contratada en la Fiscalía General del Estado.
Por decisión de la influyente titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt, fue nombrada como encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, en sustitución de Coral Franco Medina.
Si su registro y participación como aspirante a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla) generó polémica, imagínese lo que sucederá ahora que las organizaciones y defensores de los derechos humanos se enteren en quién recayó esta área de la FGE.
Roldán Reyes carece de experiencia en el servicio público, lo que no fue obstáculo para que la “estimada amiga” de Idamis Pastor fuera promovida para encabezar la Fiscalía encargada de atender las denuncias por violaciones a las garantías individuales y las libertades fundamentales inherentes a todas las personas.
Es licenciada en Derecho, maestra en Política Electoral y feminista. En enero de 2024 fue nombrada delegada en Puebla de la Coordinación Nacional del Movimiento Feminista. También preside la Comisión Ciudadana por la Democracia y Derechos Humanos, organización que la postuló para suplir a Félix Cerezo Vélez en la CDH Puebla.
No está de más aclarar que una de las dependencias con más quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos es justamente la FGE, lo que significa que Mónica Roldán será la encargada de integrarlas, investigarlas y procesarlas.
La duda es qué pesará más en su desempeño: su compromiso con los derechos humanos y las víctimas, o su amistad y compromisos con su amiga Idamis Pastor, los ministerios públicos y policías ministeriales bajo el mando de esta.
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Proveedor denuncia ante la Secretaría Anticorrupción concursos amañados
No lo cuente en voz alta, pero le puedo confirmar que ante el cúmulo de irregularidades en las dos licitaciones públicas nacionales y el concurso por invitación nacional a tres proveedores para el servicio integral de laboratorio clínico para la Secretaría de Salud del estado, hay una empresa que se inconformó ante la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado.
Tal situación es extraordinaria, pues los proveedores evitan quejarse o denunciar las anomalías habidas en los procesos de licitación, compra de bienes y contratación de servicios por temor a ser bloqueados o congelados por años en todas las dependencias e instancias gubernamentales.
Sin embargo, las irregularidades en la licitaciones y concursos para el servicio integral de laboratorio clínico han sido de tal magnitud que una de las empresas afectadas no tuvo más remedio que hacerlo.
Sus dos inconformidades tienen preocupados a la secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero; al subsecretario de Administración, Ángel Pérez Portada; a la directora general de Adjudicaciones, Myriam Marcell Mateos Zárate, y, sobre todo, a la directora de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Alma Luz Villegas Pozas.
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