Imposible, ya, tapar el sol con un dedo.
En Puebla son cada vez más las evidencias –dejaron de ser meras sospechas– de vínculos directos de presidentes municipales con el crimen organizado.
Alcaldes que quemaron sus naves y decidieron ser narcoalcaldes, ya sea porque cedieron a las amenazas de los grupos interesados en controlar la plaza o porque simplemente encontraron una gran oportunidad de enriquecerse aliándose a los criminales.
En cualquier caso, los que pierden son los ciudadanos y el estado, que, poco a poco, como sucede en otros puntos del país, va claudicando y cediendo terreno a los delincuentes.
Que lo que está pasando no se reconozca desde el oficialismo no significa que no sea verdadero. El fenómeno comenzó hace varios años, en un lento pero sostenido proceso de degradación institucional. Hoy, sin embargo, ya adquirió carta de naturalidad.
Hace unos días, la hija del exalcalde de Amozoc José Cruz Sánchez Rojas, Citlamina, fue detenida junto con su pareja sentimental, un sujeto llamado Marco y apodado “El Mono”, y quien no tendría nada de particular si no fuera líder del grupo delictivo conocido como “Los Monos”.
Los hechos ocurrieron cuando elementos de seguridad federal hicieron una revisión a un vehículo en el que viajaba la pareja en la autopista Puebla-Veracruz.
Al detener la unidad, la Guardia Nacional realizó una inspección y encontró armas y drogas.
La hija del exedil y “El Mono” fueron detenidos, destapándose así una cloaca largamente anunciada en Amozoc, un municipio estratégica y geográficamente neurálgico, punto clave entre Puebla y Veracruz.
No es casual que durante el periodo del exedil Sánchez Rojas (2014-2018), en esa cabecera se incrementaron la venta de drogas, el robo de combustible, los homicidios y la violencia en general.
Tampoco es una sorpresa que “El Mono”, de acuerdo con fuentes oficiales, está relacionado con tráfico de sustancias ilícitas, extracción y comercialización de huachicol, y tráfico de personas.
Pero eso no es todo: este fin de semana, mediante un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales, se llevó a cabo el decomiso de armas y drogas en propiedades de Gerardo Cortés Caballero, presidente municipal de Cuautempan por PT y Morena.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer que el cateo se realizó de manera simultánea en diversos inmuebles en los municipios de Cuautempan y Ahuacatlán, propiedad del edil, donde se logró el aseguramiento de droga, armas de fuego, cartuchos útiles y vehículos.
La operación fue resultado de meses de labores de inteligencia y de campo tras diversos reportes de diversas actividades ilícitas en ambos municipios, principalmente extorsión, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano.
El alcalde Gerardo Cortés Caballero ya había llamado la atención de las autoridades debido a que era público que cobraba cuotas de hasta 500 pesos a comerciantes de la zona por dejarlos trabajar, pero investigadores de la FGE ya lo relacionaban con delitos como robo de mercancía a transportistas y venta y distribución de droga.
Mientras tanto, el presidente municipal de Cuautempan –población de la Sierra Negra– ha decidido poner tierra de por medio y se separó del cargo, aunque en los hechos es un prófugo de la justicia.
“Nos hizo llegar un acta de Cabildo donde pide 20 días de licencia (…) La Ley Orgánica Municipal dice que en menos de 90 días no hay ningún movimiento, ningún cambio, y nosotros esperamos la resolución de la autoridad”, dijo, al respecto, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.
Agregó que en el Gobierno del estado no pueden hacer un juicio sobre el edil sin antes esperar la determinación judicial y señaló ser respetuoso del trabajo de la Fiscalía General del Estado.
Será, en todo caso, en los próximos días cuando se conocerá el verdadero alcance de los supuestos nexos de este edil con la delincuencia organizada.
¿Cómo es posible que los partidos políticos postulen a este tipo de perfiles para cargos públicos? ¿Qué tipo de controles o filtros aplican para impedir que el crimen organizado imponga alcaldes y regidores? ¿Los aplican? ¿Cuántos otros casos más hay en el estado de Puebla, pero aún no se destapan? ¿No fue suficiente con el presunto delincuente Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, quien gracias a la torpeza, la complicidad y el cinismo de Movimiento Ciudadano estuvo muy cerca de convertirse en alcalde de un municipio tan importante como Chignahuapan?
No, en Puebla, los narcoalcaldes no son una leyenda ni un invento de los medios de comunicación.
Nada se gana intentando tapar el sol con un dedo. Urgen leyes, golpes de timón y una limpia generalizada para curar lo que empezó como una pequeña infección y hoy es una gangrena.
