Sí. Como si no tuviéramos suficiente con el huachicol y huachigas -una maldita plaga de los tiempos que corren-, ahora Puebla empieza a padecer del huachicoleo de agua, un delito que crece a pasos agigantados y un drama social sobre todo en estos tiempos de estiaje, cuando el vital líquido escasea en prácticamente todos los hogares.
El robo de agua -que no podría suceder sin la complacencia de empresas como Agua de Puebla y la complicidad del SOAPAP– empieza a ser el elefante en la sala, es decir, ese nuevo gran problema que está ahí, en las narices de todos, pero que nadie quiere ver.
El tráfico se da a través de empresas fantasma de pipas de agua, que indiscriminadamente explotan pozos sin contar con ningún título de concesión ni asignación correspondiente.
De más está decir que las ganancias son millonarias y que conocidos cárteles de la delincuencia organizada, ya le entraron al negocio, de tan jugoso que ha resultado.
Como advierte un reciente estudio del Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C., en muchas zonas del país la disponibilidad del agua se ha vuelto muy escasa, y en consecuencia se contrabandea con ella.
Los delincuentes la roban de pozos y tuberías públicas, aprovechando la falta de vigilancia por parte de autoridades.
El negocio es cada vez más rentable a medida que las sequías y los problemas de infraestructura crecen.
“Este mercado negro ha proliferado tanto en la zona norte como en el centro del país, donde es el negocio es tan rentable, que hasta ha detonado la presencia de grupos armados para resguardar las tomas clandestinas”, señala el citado estudio.
Una de esas zonas es Puebla, donde el delito crece a la par que las industrias del huachicol y el huachigas, principalmente en el denominado “Triángulo Rojo”, la zona caliente del estado.
El modus operandi es sencillo y han adoptado las técnicas de quienes roban el combustible de los ductos de PEMEX.
“Lo que se hace es pinchar los ductos utilizando métodos rudimentarios como calentar una pieza de metal y perforar las tuberías. También han creado herramientas especializadas para poder controlar la presión del líquido al momento de perforar los ductos de mayor tamaño”.
En tanto, para trasladar el agua robada, han adaptado camionetas y vagonetas con contenedores de plástico y bombas hidráulicas.
Según un reportaje realizado por El Economista y CONNECTAS, de 2019 a septiembre de 2022 se habían detectado 131,603 tomas clandestinas en ductos de agua públicos en 239 municipios de México.
El delito es ya muy común en la Ciudad y el Estado de México, pero también ya se observa de forma más frecuente en Puebla, donde todo mundo lo sabe, pero todo mundo lo calla.
La CONAGUA, por su parte, reportó que de 2012 a 2018 contabilizó 2,280 tomas clandestinas.
Gran cantidad del agua que llega a los hogares que no reciben el líquido vía la empresa concesionaria, es producto de una sucesión de ilícitos.
Puebla no tarda en vivir lo que ya se vive, por ejemplo, en el municipio de Ecatepec, EDOMEX.
Ahí, se han robado más de un millón de litros de agua, negocio que genera hasta mil millones de pesos, mientras suman alrededor de 600,000 personas sin agua.
La situación es tan delicada que, hace poco, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad tipificar y sancionar con penas de dos a seis años prisión a la persona que, sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica, o restrinja su flujo destinado al suministro de las y los usuarios, así como hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
De acuerdo con el dictamen, la pena máxima, que será de hasta nueve años de prisión, aplicará cuando el delito sea cometido por una persona servidora pública cuyo encargo o comisión facilite la sustracción del agua potable de la infraestructura hidráulica estatal.
Las reformas establecen diversas modalidades y sanciones, por lo cual, quien distribuya o suministre agua potable, a través de pipa u otro medio, para obtener un beneficio económico sin permiso de la autoridad competente se le impondrán de dos a seis años de prisión; y a quien distribuya agua potable a través de pipa y la extraiga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada, se le impondrán de uno hasta tres años de prisión.
Además, se equiparará con este delito la comercialización, explotación, almacenamiento, transportación o suministro del agua potable sustraída o apropiada, casos que se sancionarán con penas de uno a ocho años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de cinco mil, mientras que a la persona propietaria, arrendataria o poseedora de algún predio donde exista una toma clandestina se le aplicarán de dos a cuatro años de prisión.
El huachicoleo de agua ya es una realidad; es un delito, además, que ha ayudado a los grandes grupos de la delincuencia organizada a diversificar sus actividades para seguir obteniendo las mismas ganancias millonarias de siempre.
Pero en Puebla, autoridades y legisladores prefieren voltear hacia otro lado.
Más temprano que tarde, la realidad -esa terca- va a alcanzarlos.
