Con la Reforma Judicial a la vuelta de la esquina, el reloj corre, los spots se reproducen como virus y los discursos oficiales se empolvan sobre escritorios llenos de promesas recicladas.
Más que una transformación, lo que está en marcha parece un reality show nacional, con jueces y magistrados en papel de extras y una ciudadanía que, en su inmensa mayoría, no tiene la menor idea de que se aproxima una elección. Una elección, por cierto, que podría redefinir al poder Judicial de un plumazo… o convertirlo en la oficialía de partes del poder Ejecutivo.
Datos duros: según encuestas recientes, más del 65% de los mexicanos desconoce por qué se va a votar y cuándo se va a hacer.
En Puebla, la cifra podría ser aún más deprimente.
Nadie sabe quiénes están en la boleta, mucho menos cómo se votará.
Morena, fiel a su estilo, logró algo asombroso: hacer un chilaquil constitucional con la mecánica de la elección, convirtiendo el derecho al sufragio en una especie de rally con reglas cambiantes.
Resultado previsible: confusión, abstencionismo y un sospechoso orden predeterminado en las candidaturas “favoritas”.
¡Ni el PRI en sus mejores tiempos de fraudes y mapacherías!
Y es que esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de elegir a jueces, magistrados y ministros mediante el voto directo, un ejercicio inédito en nuestra historia reciente.
Pero el noble ideal de acercar el poder Judicial al pueblo se desvanece entre la sospecha de que esta solo es una jugada más para reacomodar las fichas del tablero, quitando a los que no son suyos para poner a los que, casualmente, sí lo son.
En Puebla, el panorama es un eco del nacional.
El nuevo gobierno estatal, con apenas medio año en funciones, se enfrenta a su primera gran prueba de fuego institucional. La presidenta estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, con cifras históricas en la elección pasada y con 3 de 4 ganadas en las elecciones extraordinarias, carga ahora con la responsabilidad de movilizar, convencer y legitimar una elección que nace entre murmullos de escepticismo y acusaciones veladas de operación de Estado.
La zona conurbada será el campo de batalla: funcionarios judiciales, grupos políticos, empresarios, operadores de todos colores y sabores, y hasta la vieja escuela de la C.O…. todo el aparato estará metido hasta el codo en la contienda.
Porque en este circo institucional, el botín no es menor: el control o al menos la influencia en uno de los poderes más debilitados y manoseados del país.
Y mientras tanto, la gente. Esa que no está ni enterada de que podrá votar por jueces. Esa que piensa que esto es otra farsa disfrazada de revolución. O de “transformación”. Esa que trabaja, sobrevive y que no tiene tiempo para entender por qué ahora los ministros se eligen como si fueran candidatos al club de fans de la República.
Y el gasto, ¿qué decimos del gasto?
Lo que no se invierte en medicinas, estancias o ciencia, se destinará a organizar una elección judicial que nació con diagnóstico reservado.
Porque no hay garantía de independencia, de imparcialidad, de que quienes lleguen no deban favores a quienes los pusieron en la boleta.
Y todo esto en nombre del pueblo, pero sin el pueblo.
Así que prepárense.
La democracia con toga está por aterrizar.
Y como buen espectáculo, no importa si no entiende las reglas, solo si aplaude al final.
Porque en esta democracia judicial, todos votamos… pero pocos decidimos.
