Analfabetas funcionales. Corruptos. Prepotentes. Soberbios. Sordos. Mudos. Convencidos de que el nepotismo es un derecho, nunca un delito. Y muchos de ellos/ellas metidos hasta la cocina con la delincuencia.
Así gobierna la mayoría de los presidentes municipales del estado de Puebla, auténticos “varguitas” que en los hechos cometen peores horrores que en películas de terror o películas realistas como la célebre “La Ley de Herodes”.
Ellos, ellas, forman parte de una legión de espanto, que reproduce los mismos vicios y los mismos excesos que explican el atraso social, económico y político que padece desde hace décadas “la otra Puebla”, esa zona oscura, empobrecida y aislada, víctima eterna de sus autoridades.
Caciques o mini virreyes en potencia, que van por la vida sin controles ni contrapesos, sin conocimiento de la ley y de las facultades de los cabildos –el máximo órgano de decisión en un municipio-, totalmente ignorantes de los derechos humanos y de la libertad de expresión, de asociación y de manifestación, los presidentes municipales mandan “por sus pistolas” y si la realidad no es como ellos quieren, peor para ella, la realidad.
No saben de indicadores de desarrollo y tampoco es que mucho les interese dejar un legado de progreso a sus comunidades.
Fueron electos –por ser los más hábiles o los más perversos o por tener más dinero que el rival de enfrente- y sólo por eso los pueblos deberían estarles agradecidos y obedecerlos sin chistar.
Allá no hay medios de comunicación, mucho menos ese “diablo” llamado Internet, y por tanto no hay vigilantes que entrometan sus narices en lo que no les importa.
Lo suyo es la anarquía, la arbitrariedad y la locura.
Y qué mejores ejemplos de ello, que los horrorosos casos de los ediles recientemente detenidos por estar involucrados -como reveló el gobernador Alejandro Armenta Mier– en crímenes de elementos de la Sedena y la Guardia Nacional, pero cabezas visibles de un grupo caciquil regional aliado a la delincuencia organizada: los hermanos González Vieyra, presidentes municipales de Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, auténticas lacras toleradas por años por el poder en distintas etapas, hasta que le fueron funcionales a ese poder.
Hace no mucho se conocieron, también, los casos de Álvaro Tapia, de Acteopan; Emiliano Vázquez Bonilla, de Zapotitlán de Méndez, y Rafael Lara Martínez, de Huehuetla, involucrados en un feminicidio, un homicidio calificado y posesión de dinero de origen dudoso, respectivamente.
En funciones de presidente municipal, Tapia, en estado de ebriedad, golpeó, atropelló y mató a su esposa porque le reclamó su forma de conducir el vehículo en el que viajaban.
Vázquez Bonilla participó en el asesinato de Ramón Malagón García, quien era chofer de Salvador Tino, ex candidato del PT y actualmente alcalde electo.
Y Lara Martínez, entonces edil de uno de los municipios más pobres del estado, fue detenido con más de medio millón de pesos en efectivo al pasar por la caseta de Cuapiaxtla, en Tlaxcala. No pudo acreditar origen lícito de esa cantidad.
Pero, lamentablemente, todos los anteriores no son los únicos alcaldes o alcaldesas que asumen que el pueblo que dicen gobernar es de su pertenencia y por tanto tienen “derecho” a decidir sobre las personas y sus bienes; ahí, el erario no es público, sino privado, para el uso de la familia presidencial, y se impone la ley del más fuerte, la del “o te chingas o te jodes”, en pleno siglo 21.
Hay una legión de nombres que deberían también estar tras las rejas, junto con sus padrinos y promotores, algunos de ellos dirigentes de los partidos políticos que los hicieron candidatos.
Hoy mismo Yasmín Medina, muy cercana al conocido delincuente Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, busca convertirse en la presidenta municipal de Chignahuapan, con el apoyo de esa caricatura llamada Movimiento Ciudadano, en la elección extraordinaria del próximo 23 de marzo.
La vinculación de autoridades municipales con el crimen organizado no es una excepción; en Puebla es una situación cada vez más constante, cada vez más frecuente, cada vez más a la luz del día.
Son incontables los alcaldes y las alcaldesas con no pocos “cadáveres en el clóset” y un rosario de abusos y corruptelas digno de la peor película de terror.
En general, los presidentes municipales son el eslabón más débil de la cadena y al mismo tiempo más peligroso para la estabilidad del estado, pues tal debilidad es materia fértil para el crimen organizado, que mediante los jefes de las policías municipales se cuelan hasta la cocina, tanto que suelen tener el control de todo el aparato de gobierno local y por tanto del municipio, con el aval de los ediles, que muchas veces llegan al poder patrocinados precisamente por el dinero sucio de las mafias.
Ya hay muchas señales en ese sentido y se necesita ser muy necio o muy negligente para no verlas.
Menudo problema tiene el gobernador Alejandro Armenta Mier con muchos de los presidentes municipales que asumieron sus cargos en octubre pasado, pues entre ellos hay perfiles, de todos los partidos -no sólo de Morena-, que de verdad espantan. Auténticos pillos -o aspirantes a serlo- que son una auténtica bomba de tiempo para la gobernabilidad del estado.
Ahí está el caso de los hermanos Uruviel, Giovanny y Ramiro González Vieyra, con tanto poder y dfinero mal habido que incluso presos los dos primeros y prófugo el tercero fueron capaces de secuestrar por casi 10 horas el edificio del Congreso local, en la zona de Los Fuertes, con contingentes de acarreados demandando su liberación, lo que representó un verdadero desafío al Estado.
Las nuevas autoridades estatales -en especial el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala- deben estar muy atentas para poner quietos y en orden a estos presidentes cavernícolas; de lo contrario, sus “crímenes” sociales y políticos quedarán sin castigo, condenando a sus comunidades a seguir en el subdesarrollo, el hambre, el atraso, la violencia y la corrupción, en un círculo vicioso y pernicioso que no tiene ni tendrá fin, para desgracia de todos.
(*) Una versión de esta columna se publicó el 8 de julio de 2024.
