Los últimos acontecimientos ocurridos en territorio poblano han desatado una “ola de terror” en varios alcaldes de la Sierra Norte de Puebla, no por el temor a la violencia, sino por la posibilidad de que otros ediles pudieran caer detenidos por el Ejército o la Marina, tal como ha ocurrido con los hermanos Uruviel, Giovanni y Ramiro González Vieyra, quienes hasta hace unos días controlaban los tres principales ayuntamientos del Valle de Ciudad Serdán y ahora, los dos primeros están presos y el tercero se fugó.
Por lo menos una media docena de presidentes municipales –sobre todo aquellos que se han reelegido— no resistirían una investigación en su contra, pues no es entendible el fuerte crecimiento del crimen organizado en la parte norte de la entidad sin la participación de autoridades locales.
El robo de combustible, los asaltos carreteros, las redes de narcomenudeo, las ejecuciones y las extorsiones se han convertido en parte de la cotidianidad de comunidades pequeñas, así como de los grandes centros urbanos y de las principales vialidades que conectan a Puebla con los estados de Veracruz, Hidalgo y Tlaxcala.
Ejemplos hay muchos:
Cuando Óscar Paula Cruz fue secretario general del ayuntamiento de Cuetzalan, entre los años 2011 y 2014, y luego al convertirse en edil en el periodo 2014 a 2018, la delincuencia y la violencia se desataron como nunca en ese emblemático municipio de la Sierra Norte.
Incluso corrió la versión de que en particular “se le abrió la puerta” a un grupo delictivo de Veracruz, que sembró el pánico entre la población de ese enclave de población indígena. Nunca se supo quién habría sido el responsable directo de esa situación, pero la población veía con desconfianza a los políticos de la región.
Ahora que Óscar de Paula está de regreso como alcalde –ya no como priista, sino con las siglas del Partido Verde Ecologista de México— de nuevo han repuntado los asaltos a mano armada y la venta de estupefacientes.
¿Es solo una coincidencia que haya los mismos comportamientos delictivos en los gobiernos encabezado por Óscar Paula? Eso lo tendría que determinar las autoridades encargadas de la procuración de justicia.
Durante el trienio pasado en Huauchinango se conocieron casos de incendios provocados contra comerciantes que se negaron o no pudieron pagar el llamado “derecho de piso”, es decir no les alcanzó el dinero para cubrir las extorsiones que les exige el hampa para no ser agredidos.
En el actual periodo de gobierno, que está por cumplir sus primeros cinco meses, se escucha mucho el hartazgo de algunos comerciantes que dicen: “No tiene caso seguir abriendo –los negocios— si al final uno está trabajando para otros”, es decir, para los extorsionadores.
¿Quién ha sido el mismo alcalde en la anterior y la actual administración municipal de Huauchinango? La respuesta es: Rogelio López Angulo, que está en su tercer mandato como alcalde, luego de transitar por el PRI, luego por el Partido Nueva Alianza y ahora ya es de Morena.
Zacatlán se ha convertido en el polo de turismo más importante del estado de Puebla, luego de la capital y Atlixco.
Pero a la par de que creció la llamada “industria sin chimeneas”, se han multiplicado las redes de narcomenudeo y todo lo que conlleva esta actividad delictiva: ejecuciones en la vía pública y enfrentamientos entre grupos criminales.
A lo anterior es necesario sumar que la carretera Tlaxco–Tejocotal se ha convertido “en el paso de la muerte”. En esa vía han asesinado a mucha gente para asaltarlas. También han ocurrido secuestros, feminicidios y robos colectivos, a varios automovilistas a la vez.
El mismo grado de importancia que tiene esta carretera, es el mismo nivel de peligro que ahí se vive. Es una vialidad fundamental para conectar al estado de Puebla con Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. Es parte de un circuito que permite comunicar a la Sierra Norte con la Ciudad de México y el estado de México. Y es la principal entrada y salida para los municipios de: Zacatlán, Tlaxco, Chignahuapan, Ahuazotepec, Acaxochitlán, Huauchinango y Xicotepec de Juárez.
En el anterior trienio, el entonces alcalde de Zacatlán, José Luis Márquez Martínez, anunció muchos planes para combatir la violencia en la carretera Tlaxco-Tejocotal. Acabó su periodo y no cambió nada.
Ahora, la alcaldesa es Beatriz Sánchez Galindo, la esposa de José Lui Márquez. Esta mujer cuando fue candidata de Morena a edil prometió acabar con la inseguridad en la misma carretera. Ya están por cumplirse los primeros cinco meses de su mandato y la situación violenta en la vía Tlaxco-Tejocotal sigue igual.
Con los anteriores ejemplos, no se quiere decir que los alcaldes reelectos, o los que están en su primer mandato, sean todos cómplices del crimen organizado. Al revés, varios de ellos han sido victimas de la delincuencia al sufrir asaltos o atentados.
Pero también es cierto de que hay una fuerte y fundamentada sospecha de que algunos ediles serían cómplices del crimen organizado.
Mejor que “pongan sus barbas a remojar” muchos de los alcaldes de la Sierra Norte, no sea que sus nombres aparezcan en las listas de prioridades de la Marina y el Ejército, tal como pasó con los hermanos González Vieyra que se sentían “intocables”.
