Desde el sector gubernamental se ha querido imponer una narrativa tendiente a minimizar la comisión de asesinatos por parte de integrantes de bandas criminales. Cometido un homicidio, la autoridad se apresura a revelar –o inventar, no sabemos– supuestos detalles deshonrosos de la vida de la víctima para justificar el delito y conseguir el permiso social para olvidarse de él. “Lo mataron porque se lo buscó”, parecen expresar entre líneas los responsables de la seguridad. “Y si se lo buscó, porque andaba en malos pasos, no merece la pena destinar recursos económicos y humanos para perseguir a los perpetradores”, rematan.
¿Le resulta familiar la aseveración “fue un ataque directo” de las autoridades en los informes posteriores a la divulgación de un hecho criminal? Esta frase encaja en la narrativa gubernamental que busca normalizar los homicidios, en tanto tengan como blanco de la agresión a personas, hombres o mujeres, de “cuestionable” reputación.
Cuando un hecho reprobable se normaliza, el reclamo social que exige justicia disminuye. A eso le han apostado las autoridades en este país. Sean del color partidista que sean.
Con la desaparición de mujeres ocurre algo parecido.
Afirmar que “las mujeres se van con el novio” y que lo hacen por voluntad propia en el contexto de las desapariciones forzadas es la construcción de una narrativa que busca exculpar la incapacidad gubernamental para encarar el problema.
Cada vez que un servidor público o un representante popular recurre a esa afirmación, que asienta que muchas de las mujeres reportadas como desaparecidas en realidad no lo están, sino que se van por voluntad propia, con el novio, se autoriza al andamiaje institucional, de por sí negligente y perezoso, a permanecer cruzado de brazos.
Esa narrativa, construida desde las entidades gubernamentales, donde cohabitan las fiscalías y el poder judicial, mutila las posibilidades de hallar a tiempo y con vida a cientos de mujeres víctimas de desaparición forzada.
El problema en sí mismo es grave, pero se agudiza cuando la mujer es menor de edad y el “novio” mayor de 18 años, generalmente mucho más grande que la chica a la que enamoró y convenció (“manipuló” sería en realidad la palabra correcta) para irse con él a quién sabe dónde.
Que una niña de 13 años “decida” por presunta voluntad propia abandonar su casa para irse con un adulto de 22 no debe ser un hecho normalizado ni libre de suspicacias para las autoridades estatales.
Eso sucedió la semana pasada con Guadalupe N, una menor de edad de la colonia El Conde, ubicada al norte de la ciudad de Puebla, que había sido reportada como “no localizada”.
El suceso desencadenó acontecimientos desafortunados que alimentaron la narrativa de la autorresponsabilidad (en este caso de Guadalupe N) para exculpar a las instituciones de gobierno. Lo de siempre.
El lunes 3 de marzo la Fiscalía General del Estado, a cargo, por cierto, de una mujer, Idamis Pastor Betancourt, emitió un comunicado para informar del hallazgo de la menor de 13 en compañía del “masculino” de 22. El boletín agregaba que Guadalupe N expresó ante la autoridad ministerial haber salido de su domicilio “por voluntad propia”.
Parece que en la fiscalía nada saben del modo de operación de los tratantes de personas con fines de explotación sexual, que enganchan a mujeres menores de edad a partir del “enamoramiento”, una derivación institucionalizada de la esclavitud que tiene su epicentro a solo 15 kilómetros de Puebla, en Tenancingo, Tlaxcala.
Y si lo saben, descuidaron la construcción del texto con un enfoque de perspectiva de género, una condición importantísima para evitar la revictimización de la menor por medio de interpretaciones irresponsables. Como la que hizo, al día siguiente, en una entrevista, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez.
La fiscalía no dijo que el adulto de 22 fuese pareja de Guadalupe N, pero no hizo falta. En la narrativa de la que hablamos, armada, insisto, desde el poder, eso ya se da por sentado, que la chica que se va de casa lo hace, invariablemente, con el novio.
Chumacero Rodríguez condenó a las “chamaquitas que se van con el novio”, “como la de ayer” (Guadalupe N), y evocó una penosa expresión del extinto Miguel Barbosa Huerta, cuando, como gobernador, en junio de 2020, pretendió desestimar las desapariciones de mujeres con idéntico discurso. “Ahorita le estamos dando la razón a él (Barbosa), cuando (entonces) lo criticamos tanto”, dijo la legisladora, primera integrante transgénero del Congreso del estado.
No, una menor de edad no se va por voluntad propia con el adulto que la manipuló. Eso puede ser un hecho constitutivo de un delito que muchas veces termina en explotación sexual.
Si las autoridades normalizan el fenómeno para reducir las estadísticas de desaparición estarán renunciando a su deber de impartir justicia y revictimizarán a las mujeres. Con todo y que cada 8 de marzo se pinten de morado y enarbolen la bandera del feminismo para abrumar de posteos las redes sociales.
