Hace unos días se volvió viral un video en el que se observa una lucha cuerpo a cuerpo entre algunos pobladores de Pahuatlán y agentes de seguridad pública de ese municipio, en lo que en un principio se interpretó como un supuesto abuso policiaco en contra de un joven motociclista. La realidad es que fue el revés, se trató de una agresión de un grupo de vecinos contra los uniformados que intentaban poner orden en el creciente y caótico uso de motocicletas en la localidad y sobre todo, frenar las redes de narcomenudeo que se han instalado en esa región de la cultura otomí.
Pahuatlán es un municipio de unos 20 mil habitantes, que se encuentra a una hora y media de Huauchinango, el centro urbano más cercano. Es famoso por las manifestaciones culturales del pueblo otomí y sus hermosos paisajes. Sin embargo, la aparente vida tranquila que ahí transcurre se ha visto alterada por un notable incremento de la delincuencia común y del crimen organizado.
En esa pequeña localidad, con mayoría de población indígena, se han vuelto cotidianos los asaltos carreteros y al transporte público, los robos de autos o de las piezas de vehículos, el hurto de ganado y lo más grave, hay un fuerte incremento –sobre todo en la población joven—de la venta y el consumo de drogas sintéticas, sobre todo metanfetaminas y cristal. Además de que abundan las armas de fuego.
Lo de las armas y las drogas es una secuela del fenómeno migratorio a Estados Unidos o los campos de cultivos del norte de México.
Dicha crisis no es privativa de Pahuatlán, es un patrón de violencia que se está reproduciendo en muchas pequeñas o medianas localidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla.
El consumo de drogas sintéticas, los robos de autos y ganado, junto con la aparición de muchos motociclistas que fungen como “halcones” para alertar a las bandas del crimen organizado de la presencia de la Guardia Nacional o el Ejército, lo mismo se observa en Pahuatlán que en los municipios vecinos de Naupan, Honey, Tlacuilotepec, Tenango de Doria y Acaxochitlán.
Todo eso pasa frente a la mirada complaciente o de impotencia de los alcaldes de la región, que han preferido ocuparse de la obra y servicios públicos, que buscar contrarrestar la creciente presencia de células del crimen organizado.
Eso que ocurre en la Sierra Norte de Puebla es consecuencia de la corrupción de autoridades locales, pero sobre todo de la indolencia de los gobiernos estatal y federal que no voltean a ver lo que acontece en esas pequeñas comunidades.
El crecimiento del consumo de enervantes es proporcional al negligente comportamiento de las instituciones de seguridad pública del estado y el Gobierno de la República que únicamente se concentran en lo que pasa en las grandes ciudades y no les interesa la ola de violencia que se registra en las regiones indígenas.
El enfrentamiento
En el proceso electoral de 2021, Pahuatlán tuvo una peculiaridad: fue el único municipio del estado en el cual ganó un candidato independiente, que fue el empresario Eduardo Romero Romero, que puso fin a un periodo en que el PRI, el PAN y el PRD se habían turnado en el control de la alcaldía, mediante grupos políticos que tienen parentescos.
Durante la contienda de 2024, Romero optó por reelegirse bajo las siglas de Morena y curiosamente la oposición que enfrentó no fue del PRIAN, sino del crimen organizado.
Hubo un intento de descarrilarlo como candidato a alcalde mediante de la difusión de video en redes sociales en donde se mostraba la presencia de grupos armados en la región, como una manera de quererlo acusar de dar protección al hampa.
Una semana antes de la elección, hubo una triple ejecución en lo que muchos interpretaron que fue el último intento fallido de evitar el triunfo de Eduardo Romero en los comicios del pasado 4 de junio.
En este segundo mandato, Eduardo Romero se propuso hacer lo que no hacen muchos alcaldes de la región: intentar poner orden al uso de motocicletas que, lo mismo se usan para repartir mercancías o como transporte público, que para vender drogas o cuidar la carretera y caminos vecinales de la presencia de cuerpos policiacos o de bandas rivales del crimen organizado.
Hace unos días, un grupo de agentes de Tránsito le hicieron la parada a un motociclista que no llevaba casco, licencia de conducir y el vehículo no tenía placas. Por si fuera poco, el conductor reconoció no ser dueño del artefacto. Por esa razón le comunicaron que debían decomisar la moto y hasta que acreditara la propiedad, el ayuntamiento se la regresaría.
En algún momento el motociclista intentó arrancar y huir, pero no lo dejaron los agentes. Fue cuando un grupo de pobladores se abalanzaron a golpes contra los uniformados para exigir que el conductor fuera liberado.
Fuentes confiables indican que parte del fenómeno de violencia que se vive en Pahuatlán, es que algunas familias y dirigentes políticos se han involucrado en la defensa de las redes delictivas.
El ayuntamiento para evitar un conflicto social de mayor escala cesó a un jefe policiaco y pidió a la Fiscalía General del Estado que deslinde responsabilidades.
Lo grave de esta historia, es que parece no haber opción para frenar la fuerte presencia del narcotráfico en las regiones indígenas de Puebla.
