¿Es realmente la Fiscalía General del Estado (FGE) un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, como se establece en el artículo 95 de la Constitución de Puebla?
¿Acaso el edificio central que ocupa en el bulevar Héroes del 5 de Mayo y la avenida Manuel Espinosa Yglesias –mejor conocida como la 31 Oriente– y otros donde se ubican las fiscalías especializadas y demás unidades de investigación y administrativas de la FGE que son parte del patrimonio del estado ya le fueron cedidos o transferidos para el debido ejercicio y cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, como se asienta en el artículo 51 de su Ley Orgánica?
¿De verdad las patrullas y demás unidades vehiculares utilizadas por el Ministerio Público y los policías que actúan bajo su conducción y mando son parte del patrimonio de la Fiscalía General del Estado?
¿Hasta dónde el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso del estado para la FGE se ejerce con autonomía y sin injerencias de la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas?
¿Quién en realidad paga la nómina del personal de la Fiscalía, el propio organismo o la Secretaría de Administración del Ejecutivo?, ¿quién contrata los seguros de vida de los agentes y policías ministeriales y los seguros del parque vehicular que estos utilizan para el cumplimiento de sus funciones y tareas?
Ya que en el reciente proceso de designación de Idamis Pastor Betancourt como titular de la FGE en sustitución de Gilberto Higuera Bernal, ni el Congreso local ni el gobernador Alejandro Armenta cumplieron con la expectativa de nombrar un fiscal independiente que terminara con el vínculo histórico de subordinación de esta figura al Ejecutivo, lo menos que ambos poderes deberían hacer es cumplir cabalmente con la Constitución y verificar que Idamis Pastor haga y acredite los exámenes de control de confianza.
Y ambos, junto con la nueva fiscal, vigilar que los nuevos fiscales especiales y directores de unidades de investigación cumplan con los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, honradez, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, consagrados en la Constitución y la Ley Orgánica.
En otras palabras, hurgando en los antecedentes laborales, familiares y profesionales de los personajes que están llegando –varios de ellos provenientes del Estado de México–, corroborando su experiencia y conocimientos en la materia y verificando se encuentren limpios de nexos o vínculos con criminales y miembros de delincuencia organizada.
En suma: dejando pendiente su nombramiento hasta en tanto no obtengan por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), o alguna instancia federal, su acreditación de las pruebas de control de confianza.
De lo contrario, en Puebla seguirán aumentando las carpetas de investigación, la cifra negra de delitos no denunciados y la impunidad, ya que de nada sirve que cada año se denuncien más delitos si estos no se investigan, no se judicializan y, lo peor, no se castigan.
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