Lo que más preocupa del proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) es que la lista de 11 aspirantes al cargo ha resultado ser una propuesta pobre, decepcionante, sin nombres relevantes de personajes que demuestren ser expertos en procuración de justicia, en tener una sólida conducta con valores éticos o que se haya destacado por luchar contra la corrupción o las injusticias.
El único nombre que se salva en ese listado es el de Francisco Fierro Sosa, un abogado con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos –desde la parte institucional–, que ha sido un estudioso del modelo de procuración de justicia y que, en fechas recientes, se desempeñó en áreas de combate a la corrupción en la FGE.
Fierro Sosa es un conocedor, con profundidad, del sistema de procuración de justicia y eso le da la condición de poder ser un titular de la FGE que provoque una reforma de este órgano, que tanta falta le hace. Pero al parecer por tener tales características, no será el elegido.
Más allá de discutir si en la propuesta en general se pueden rescatar otro par de nombres –entre los 11 aspirantes—para formar una terna final que permita hacer una elección de altura del nuevo fiscal del estado, la parte más decepcionante es que antes de iniciar con la búsqueda del próximo titular de la FGE, ya se barajeaba “como la favorita” el nombre de Idamis Pastor Betancourt, la presidenta –hasta el viernes pasado en que renunció al cargo—del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP).
Decepciona esta situación porque ocurre lo mismo a lo acontecido con la reciente selección de Rosa Isela Sánchez Soya, como presidenta de la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Puebla, que antes de arrancar el proceso de elección en el Congreso del estado ya se sabía que ella iba a ser la agraciada. Todo acabó siendo una farsa de los diputados de la 4T, que son mayoría.
Los legisladores de la 4T no solo “cargaron los dados” a favor de Sánchez Soya, sino generaron un proceso “bochornoso”, al otorgarle la mayor calificación en la evaluación de los 12 aspirantes a ser el ombudsman del estado cuando, por lo menos, hubo seis participantes que la superaban en conocimiento, experiencia y compromiso en la defensa de los derechos humanos.
Ahora pasa algo similar con Idamis Pastor Betancourt: no es una mujer experta en procuración de justicia.
El que haya sido presidenta del TEEP –desde marzo de 2021 hasta el viernes pasado—no la descalifica como una buena candidata a presidir la FGE, pero lo que si demerita su propuesta son los pésimos resultados que ofreció como encargada de la justicia electoral en el estado de Puebla.
Para dimensionar que tan mal fue su desempeño: hasta no hace mucho, la opinión generalizada de los dirigentes de todos los partidos políticos –a excepción de Morena—es que el TEEP no es una instancia confiable, pues parecía ser un órgano protector de los intereses electorales de la 4T y no una instancia sólida en la defensa de los derechos político-electorales.
En los últimos tres años se le ha visto al TEEP como “el escalón obligatorio” para acudir a la primera y segunda instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde la argumentación para resolver casos delicados y relevantes casi siempre ha acabado exhibiendo la pobreza de los fallos de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla.
Solo hay que revisar, que con Idamis Pastor como magistrada electoral, en los dos últimos procesos electorales el TEPJF le echó abajo al TEEP las sentencias sobre el reparto de diputaciones plurinominales.
Aparte, el TEEP se vio involucrado en fallos controvertidos a favor del partido Fuerza por México (FxM), que es una agrupación que no gana votos, sino vive “con respiración artificial” que le da Morena por la influencia del “dueño” de FxM, el controvertido empresario Pedro Haces Barba, quien es el operador del complicado Ricardo Monreal Ávila, el líder parlamentario morenista en San Lázaro.
O solo hay que ver el papel penoso que jugó el TEEP en fallos controvertidos que no respetaron la voluntad popular a favor de los ganadores de los comicios de alcaldes en Venustiano Carranza y Chignahuapan, en el reciente proceso electoral, lo que ha provocado una crisis de gobernabilidad en ambos municipios. Todo por el “capricho” de Morena de no querer dejar pasar a los ganadores de las votaciones.
Si Idamis Pastor acaba siendo la elegida –por el Congreso– para ocupar la titularidad de la FGE, su selección dejará un tufo de se le designó por haber sido obsecuente a los intereses de Morena en el TEEP y no porque necesariamente fue la mejor de los 11 aspirantes que buscan el cargo.
Qué triste situación para la justicia en Puebla.
