Vaya contradicción que se vive en la sede central de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla: por un lado a varios oficinistas se les ha retirado de sus puestos, bajo el argumento de que “no hay cargas de trabajo”, pero por el otro lado hay una ola de –por lo menos– 100 nuevos ingresos de empleados, que tienen como principales características: su juventud y ser amigos, parientes, protegidos, de los dirigentes de la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE 23).
Todo eso pasa bajo el cobijo de Jesé Luis González Morales, el secretario general del SNTE 53, quien apenas hace poco más de un año prometía a los maestros federalizados que habría legalidad y transparencia en el sindicato si ganaba las elecciones internas de la organización, pero ahora ya olvidó sus ofrecimientos y enarbola los vicios que han caracterizado a los dirigentes gremiales del magisterio.
Hace unos días se narró en este espacio que se había desatado una purga contra trabajadores de la SEP. A nueve de ellos los retiraron de sus puestos con notificaciones irregulares en las que se les dice que se acabaron las labores que desempeñaban, para después ser puestos a disposición del Departamento de Recursos Humanos de la dependencia, a cargo de José Martín Rodríguez González, en donde los hostigan con la intención de acabarlos despidiendo.
Se sabe que, por lo menos, hay una lista de otros 40 integrantes de la plantilla de la SEP que los tienen en la mira para buscar ser expulsados de la Secretaría de Educación Pública.
Luego de que se narró lo anterior en este espacio periodístico, fuentes bien documentadas señalaron que hay tres factores que explican la purga que se vive en la SEP:
Primero: las fuentes consultadas calculan que, en las dos últimas semanas que son las del regreso del periodo vacacional, han aparecido unos 100 nuevos trabajadores. Casi todos son muy jóvenes y muchos con grados educativos de apenas el bachillerato.
Estos ingresos recientes son de quienes están sustituyendo a los oficinistas que están siendo expulsados “a la mala”, pese a que los afectados tienen trayectorias de entre 12 y hasta 36 años en la dependencia educativa, además de contar con estudios profesionales.
Segundo: se sabe que la mayoría de esos nuevos trabajadores son hijos, sobrinos, protegidos, de empleados de la SEP y que lograron ingresar a las nóminas oficiales como parte de un tráfico de influencias de la Sección 23 del SNTE.
Tercero: que estos abusos están ocurriendo entre agosto y septiembre, para aprovechar la coyuntura del cambio del gobierno.
A las actuales autoridades de la SEP ya no les interesa involucrarse en los asuntos laborales de la institución, ya que les queda escasos tres meses en la dependencia. Situación que de manera abusiva está aprovechando el SNTE 23.
Y al mismo tiempo, desde el sindicato están acelerando los cambios en la plantilla antes de que llegue al poder Alejandro Armenta Mier, el próximo gobernador de Puebla.
Incluso algunos de los trabajadores afectados, de los que han retirado de sus puestos, han reclamado que apoyaron la campaña de Alejandro Armenta y ahora, ya los están echando antes de que asuma el cargo el político de la 4T.
En la SEP los obligan a comer pan
Como parte de estos abusivos cambios se cuenta lo siguiente: se dice que hay una funcionaria que es la encargada de los tramites a favor de los maestros que reciben premios y estímulos económicos.
Esta persona se jacta que, gracias al SNTE 23, ya pudo meter a laborar a dos de sus hijas, desplazando a trabajadores que tenían más de 15 años de trayectoria laboral.
Una de estas jóvenes, como se siente protegida por el sindicato magisterial se destaca porque le gusta gritar, ofender, regañar, a los demás oficinistas que están en su área de trabajo, sin ser jefa u ostentar un cargo superior.
La segunda joven apenas tiene 18 años y va en bachillerato. Ya se sabe que pronto va a entrar a ocupar un lugar en la SEP. Esta muchacha se ha destacado porque todos los días, en la oficina donde labora su madre, se pone a vender unas 100 piezas de pan y café. Todo mundo le compra lo que ofrece para no tener problemas con los jefes.
Es grave lo que está pasando, ya que la norma dice que todo trabajador del sector educativo luego de cumplir seis meses y un día en un puesto laboral, ya es inamovible de su plaza. Ese principio no se ha respetado con las víctimas de la purga del SNTE 23.
Y es que el sindicato que dirige José Luis González Morales es el que estaría obligado a defender a los oficinistas de la SEP, pero resulta que no cumple con su misión y se ha convertido en “el verdugo laboral” de sus propios representados.
Tal como ya se describió la vez anterior, los despidos los estarían operado Rosa María Morales Miranda y Víctor Soto González, que son representantes del SNTE 23 en la SEP y en lugar de defender a los agremiados, son los que señalan quienes son “las víctimas” que son desplazadas arbitrariamente de sus puestos de trabajo.
