La elección en Puebla de los 16 candidatos de la 4T a diputados federales y los 26 a legisladores locales tendrá dos rutas diametralmente opuestas, pues habrá métodos cualitativamente muy diferenciados para postular a los contendientes. En el primer caso se utilizarán los resultados de encuestas para decidir quiénes serán los abanderados, mientras que para los aspirantes a ser parte del Congreso del estado su designación será consecuencia de “un acuerdo político”.
Algo muy parecido ocurrirá con los candidatos de la 4T a presidentes municipales, ya que el aspirante que luchará por la alcaldía de la ciudad de Puebla será quien gane la encuesta interna de Morena. Es un criterio que se ha establecido para todas las capitales del país.
En el resto de los 216 municipios de la entidad poblana habrá el mismo derrotero para elegir a los candidatos a ediles que el utilizado con los aspirantes a legisladores locales: se van a pactar acuerdos políticos para designar a los contendientes que aparecerán en las boletas electorales –en los comicios de junio de 2024– encabezando las planillas de pretendientes que buscan formar los nuevos ayuntamientos que estarán vigentes el siguiente trienio.
Una decisión acertada, conveniente, en el ámbito federal; y que será desastrosa, conflictiva, en el ámbito local.
La diferencia de métodos se desprende de la siguiente coyuntura:
En el ámbito federal se tomó la decisión en el círculo de confianza de Claudia Sheinbaum Pardo, la aspirante presidencial de la 4T, de que todos los candidatos a gobernadores –en nueve estados– y a las 300 diputaciones federales, así como la mayoría de las senadurías, se determinarán con base en el resultado de encuestas para seleccionar a los abanderados que garanticen las votaciones más copiosas.
Sin importar que algunos de los ganadores de los sondeos pudieran ser personajes no queridos o aceptados en el grupo de Claudia Sheinbaum.
El objetivo primordial es que se pueda ganar la mayoría calificada en el Congreso de la Unión y en el siguiente sexenio, se aprueben las reformas constitucionales que en los últimos dos años frenaron el PRIAN, por un lado, y por otro la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es el llamado “Plan C” de la reforma electoral que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La única excepción de esa determinación serán las candidaturas al Senado en los nueve estados en que habrá elección de gobernadores.
Ahí, en esas entidades, se va a aplicar el método del “acuerdo político”, para dar cabida en las candidaturas al Senado a algunos de los que pierdan el proceso para ser postulados como contendientes a gobernadores.
Es un esfuerzo para intentar cuidar la unidad de todas las facciones de la 4T, que es una tarea complicada.
Más allá del propósito del llamado “Plan C”, el método de las encuestas permitirá elegir a candidatos que aporten votos, que no estén solamente esperando que los haga ganar la alta popularidad del binomio formado entre Morena y el presidente López Obrador, por un lado, o el fuerte índice de intención del voto que tiene Claudia Sheinbaum, en el otro extremo de la 4T.
Lucha de facciones
Bajo la idea de que no se tiene la suficiente capacidad técnica y económica para aplicar encuestas en todas las candidaturas que se tienen que designar rumbo a la contienda de 2024, en el ámbito local se va a permitir que sean las negociaciones entre los grupos de poder, como se decidan a los abanderados para luchar por las alcaldías y las diputaciones locales.
Ese esquema plantea los siguientes repartos:
Seguramente habrá una cuota de candidaturas para los aliados, es decir para el PVEM y el PT. Sin importar que ambas fuerzas en los últimos años no han crecido ni en militantes ni en presencia política en el estado. Viven de lo que pepenan dentro de la 4T, a cambio de que sean incondicionales de Morena en el Congreso de la Unión.
Otra cuota de candidaturas, tal vez la más grande, será para el grupo político del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
Una tercera cuota será para quien gane la candidatura a la gubernatura. Y una menor proporción de postulaciones, para los que pierdan dicho proceso interno de Morena.
También tendrá que haber espacios para los priistas que ya están incrustados en la 4T, que es una presencia creciente.
¿A qué va a llevar todo eso?
Primero a que se margine de las postulaciones, por enésima vez, a los verdaderos fundadores del movimiento obradorista.
Segundo que lleguen al Congreso del estado diputados que se destacan por carecer de toda identidad con la 4T y de convicciones de izquierda, o que no tienen el carácter y la preparación para ser legisladores.
Con lo que se van a repetir las historias de diputados de la 4T que dejan mucho que desear, como fueron los casos de Héctor Alonso, Emilio Maurer, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, que se destacaron por inyectarle una alta dosis de intrascendencia a la primera legislatura mayoritaria de Morena.
O que lleguen al poder alcaldes grises, corruptos, déspotas o ajenos a una visión de izquierda. Ejemplos hay muchos en la actualidad, en Tehuacán, Huejotzingo, Amozoc e Izúcar de Matamoros.
Incluso que se vuelva a dar una situación como la de Saúl Huerta, actualmente preso por supuestos cargos de abuso sexual contra menores de edad, que nadie revisó sus antecedentes, previo a ser postulado dos veces como candidato de Morena a diputado.
