En su celda del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el otrora poderoso Javier López Zavala espera –seguramente impaciente– una sentencia que puede ser vitalicia por su edad.
Sin embargo, pronto, muy pronto, también llegará ahí a sus manos, junto con la correspondencia personal a la que tienen derecho los reos, una comunicación oficial sobre su proceso de expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido en el que, en otras épocas, que hoy le deben parecer distantes, se encumbró y por el que hasta llegó a ser candidato a gobernador.
La semana pasada fue presentada una solicitud sancionatoria contra el ex diputado local y federal, que tiene una construcción jurídica, aseguran las fuentes, impecable y que marca el inicio de la defenestración de un militante que hoy avergüenza, por varias razones, al partido y a su militancia.
Es técnicamente un proceso de expulsión, pero también, políticamente, un deslinde claro y contundente de una oveja descarriada, que incluso acabó con las manos manchadas de sangre.
Dicho proceso es algo serio, tanto que ya está en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria.
Y repito que ahora sí es en serio porque, en 2019, cuando López Zavala exhibió sus más descaradas traiciones partidistas, el PRI estatal solo simuló un proceso y consintió sus infidelidades.
Ahora, en cambio, son incontrovertibles las causales para solicitar que sea, primero suspendido de sus derechos partidistas y, luego y como consecuencia, expulsado de las filas del tricolor.
El documentado apoyo que dio a Morena y a sus candidatos en el pasado reciente, a pesar de seguir militando en el PRI, es una de esas causales.
La circunstancia penal que enfrenta por la presunta autoría intelectual del asesinato de su expareja, la abogada y activista Cecilia Monzón, es la otra –y la de mayor peso.
“Es evidente que el denunciado incurre en 2 causales de expulsión”, señala el expediente al cual tuvo acceso este periodista.
Y añade:
“Primero por solidarizarse con fuerzas políticas antagónicas y segundo por acudir a actos de campaña de candidatos contrarios. En razón de lo anterior, para determinar el valor de las pruebas aportadas por los suscritos, sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial”.
Así sustentan el denunciante y sus abogados, cuyos nombres omitiremos, en lo que respecta al tema estrictamente político.
La cita es de dos párrafos de la página 20, de las 25 que tiene el documento.
Foto: Especial
Sobre el tema penal, la solicitud de expulsión es sumamente cuidadosa.
No hace juicios de valor sobre su presunta responsabilidad en el crimen contra su expareja, con la que procreó un hijo, pero concatena el tema judicial a las causales.
“Es evidente que el denunciado se encuentra privado de su libertad por la supuesta participación en un delito doloso, cuestión que de acuerdo a la normativa partidaria es causa de suspensión de derechos partidarios”, el primer paso rumbo a su expulsión.
Eso se expone en las páginas 22 y 23, junto con la cita de los artículos que consideran las causas para la sanción máxima partidista.
Como todo Puebla sabe, López Zavala es presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón y, en esencia, el PRI no puede permitirse seguirlo teniendo en sus filas, sobre todo ante un proceso electoral tan importante, tan sensible, como el que se avecina en 2024.
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El documento hace una narrativa precisa de los temas, la que acompaña con notas periodísticas y puntuales registros públicos que dan cuerpo al proceso de expulsión.
En la exposición de hechos también se elabora un recuento de la carrera del aún priista.
En realidad, su experiencia no es tan grande.
Su trayectoria no merecería una estatua en su natal Pijijiapan, Chiapas; sin embargo, impulsado por su jefe y mentor, Mario Marín –hoy también preso, aunque por otras razones–, recorrió varias posiciones y puestos de poder y llegó a la máxima postulación en el estado: la candidatura a gobernador en 2010, el año de quiebre en que el PRI perdió por primera vez el estado –a manos, que no se olvide, de un expriista vestido de azul: Rafael Moreno Valle.
Historias de familia, historias de poder, dirán algunos.
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Un dato importante es que, al menos desde 2019, se pudo haber expulsado al también exsecretario de Desarrollo Social estatal, pero el Comité Directivo Estatal (CDE) de entonces solo simuló.
Fue su cómplice.
Complació y transó con quien hoy está en uno de los penales más severos del país.
Y es que justamente en 2019, López Zavala apareció en varias ocasiones apoyando al entonces candidato de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta.
Ante ello, el titular del área Jurídica del CDE presentó la solicitud de sanción.
Pero solo fue para tranquilizar a los quejosos.
Para fingir.
La querella no prosperó.
Hoy, empero, es diferente:
Las fuentes consultadas ven muy sólida esta solicitud de proceso de expulsión.
Tanto que López Zavala recibirá pronto la notificación.
Llegará a una celda de Ex rancho La Palma, sin número, Santa Juana, Centro, Villa de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Y pronto nadie podrá reprochar al PRI que no procedió contra un traidor y peor: un presunto feminicida.
(Mañana la segunda y última parte de esta truculenta historia).
