Si la auditora superior Amanda Gómez Nava piensa que “ya la libró”, bien le caería comenzar a ordenar la casa. El trato a los diputados, las evasivas, el cinismo en sus respuestas, la retención de información y la altanería con que se condujo desde que llegó y hasta que despidió a la prensa, serán solo algunas de sus preocupaciones.
Bastante nobles y hasta ingenuos, se mostraron los legisladores que en esta ocasión prefirieron hacer la comparecencia en Comisiones y no exponer a la funcionaria pública al escrutinio del Pleno, como sucedió con la extitular de Finanzas, María Teresa Castro Corro.
Al parecer, esa distinción no fue suficiente para que Amanda Gómez Nava llegara como cualquier civil al Congreso. En su arribo una veintena de escoltas, enormes camionetas y hasta el cierre de calles fueron de película.
Por desgracia, la pantalla que mostró no se reflejó en cifras o respuestas concretas; por el contrario, se atrevió a clasificar información pública, como si saber qué se hace y en qué se gastan el dinero los sujetos obligados fuera un secreto de Estado y no una rendición de cuentas.
Fueron ella y su equipo quienes, en el intento de escabullirse por los cuestionamientos de la fallida inversión en Accendo Banco por más de 600 millones de pesos, revelaron que ni siquiera tenían claro si ese dinero provenía de las arcas estatales o de las federales.
Así como lo lee. La auditora, a quien se le recuerda por aquel bochornoso video de su entrevista, no tiene claro a qué partida corresponden nada más y nada menos que 600 millones de pesos.
Con esa opacidad, lo menos que podrían pedir los diputados es que se anulen todas las auditorías que ella haya avalado y se tenga que repetir el trabajo de fiscalización. Sabemos que es inviable esta opción.
Es increíble que alguien que no puede revisar las cuentas públicas importantes –porque se excusa en su trabajo anterior–, que no nos sabe decir de dónde salen 600 millones de pesos ni cuántas irregularidades se aprobaron con los ojos cerrados, continúe en el puesto.
La opacidad con que respondió las inquietudes de las y los diputados nos llevan a preguntarnos si se trata de un tema de capacidad o en el peor de los casos, de complicidad ante presumibles actos de corrupción del gobierno anterior.
Es verdad que fue esta legislatura quien la colocó al frente de la Auditoría Superior del Estado, también es cierto que es esta misma legislatura, que entra en su último año de gestión, quien podría removerla del cargo y no solo ponerla de patitas en la calle, sino hasta fincarle responsabilidades.
Si en el pasado era ella quien tenía la sartén por el mango y podía presionar a los alcaldes, siguiendo órdenes, ahora está del otro lado de la barra esperando la sentencia.
Lo dicho por Osvaldo Jiménez a nombre del grupo parlamentario del PAN, sobre la dignidad que demostraría Amanda Gómez Nava si renuncia, habría que subrayar que al margen de que ella tome esa decisión, se aferre al puesto como ya lo anunció, o los diputados comiencen un proceso para su destitución; lo impostergable es iniciarle una investigación.
En resumen, los poblanos continuamos con las dudas sobre quién y por qué se invirtieron 600 millones de pesos en un banco a punto de quebrar, quién y por qué dejaron que este error pasara como si nada y cuántas cuentas públicas, de las que se aprobaron recientemente, realmente fueron correctamente auditadas.
Y por más que Gómez Nava se empeñe en asegurar que su anterior trabajo no afecta las finanzas de los poblanos, los boquetes financieros se empeñan en demostrarle la dura realidad.
Lo único bueno que supimos en esta comparecencia es que la auditora ya se aprendió qué es y cómo se comprende una cuenta pública. Las 720 horas de estudio que ayer presumió ante los diputados y el tiempo que ha estado al frente de la Auditoría Superior de algo le sirvieron.
¿Cuánto tiempo le queda a la auditora?.. Muy poco… y los segundos siguen contando.
