La muerte de Diana M., quien apenas era una niña de 10 años que jugaba en el patio de su casa y hace unos días una bala la alcanzó, no fue algo fortuito, es consecuencia de que autoridades del municipio de Puebla y del Gobierno del estado han dejado “que la sangre llegue al río” en un conflicto en el que, sospechosamente, se han negado a actuar frente a una invasión de 200 hectáreas de la exhacienda de San José Zetina, a cargo de un grupo armado, en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla, que es una de las zonas más codiciada de los grandes desarrolladores inmobiliarios.
Es un asunto en el que hay un tufo que hace suponer que la Policía, en particular la del municipio de Puebla, estaría vendiendo protección a un grupo de invasores, que cuenta con unos 50 pistoleros –según relatan testigos– que protegen los despojos y el intento de seguirse apropiando de grandes áreas de tierras que, en unos años, podrían convertirse en los predios más caros del mercado inmobiliario del estado.
En esta columna –no hace mucho– se narró que la exhacienda de San José Zetina fue invadida en 2012 por un grupo de particulares –encabezados por una mujer a quien apodan “María Félix”– que hace algunos años perdió un juicio por la disputa de dichos terrenos. Ahora, ya hay un núcleo importante de pobladores en esa área que compraron predios y se han dado cuenta de que todo fue un fraude, desde la instalación de servicios públicos hasta un supuesto proceso de legalización de las propiedades que les ofrecieron los fraccionadores.
En abril pasado los inconformes con el fraude y los pistoleros que defienden a los invasores se enfrentaron en la disputa por un pozo.
Ese día salieron a relucir cuchillos, tubos, palos, piedras y armas de fuego. El saldo final fueron 16 lesionados y 12 detenidos. Pero algo que llamó la atención es que antes de desatarse el zafarrancho, cuando ya había gritos y empujones, apareció una patrulla de la Policía Municipal de Puebla y pese a que le pidieron auxilio, los uniformados no dijeron una sola palabra y se marcharon.
Ya hasta que hubo los lesionados, entonces intervino la Policía Estatal, que llegó muy tarde. En esa ocasión el enfrentamiento pudo haber terminado con varios muertos.
Luego de ello, se han suscitado otros enfrentamientos más. En lo que se han vuelto común los intercambios de disparos de arma de fuego.
Siempre hay la misma tónica. Nunca intervienen las patrullas de la seguridad pública del municipio. Ven lo que ocurre y se marchan del lugar.
Hace un par de meses, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez, quien es integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso local, por escrito pidió a Beatriz Manrique Guevara, la secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno estatal, así como a Felipe Velázquez Gutiérrez, el director de Desarrollo y Gestión Urbana del municipio de Puebla, que intervinieran frente a la invasión de la exhacienda de San José Zetina y se frenara la ola de violencia que se vive en el área de conflicto.
Fuera de una superficial revisión de los terrenos en disputa, no se ha percibido el más mínimo interés de encontrar una solución el ambiente de violencia que ahí se vive.
