Si López Obrador quiere que Morena y sus partidos aliados consigan al menos el 66 por ciento de los votos de la elección de diputados federales y senadores en la contienda del 2024, de manera que puedan obtener la mayoría calificada en las dos cámaras, necesitará escoger, en todo el país, a los mejores candidatos, que en una interpretación rápida significa postular a aquellos que le ofrezcan a la 4T la mayor cantidad posible de sufragios.
Pero no solo en la disputa por los escaños del Congreso de la Unión requerirá a los políticos con el máximo potencial de voto, sino en la pelea por todos los puestos de elección popular que estarán en juego ese año, con el propósito de que, juntos, funcionen como esa imponente maquinaria electoral que desea el presidente para concretar, en el último mes de su mandato, algunas de las reformas constitucionales que tiene atoradas “por culpa” de la oposición.
López Obrador lanzó el reto a Morena en la conferencia de prensa mañanera del jueves, hace apenas cuatro días, por lo que ha habido muy poco tiempo para reflexionar acerca del impacto que tendrá el objetivo electoral del mandatario mexicano en los estados de la República, donde será imperativo para el partido en el poder competir con quienes le garanticen, al menos en teoría, más votos.
Este nuevo ingrediente conduce a preguntarse qué ocurrirá en Puebla.
¿Elegirá Morena a los punteros en las mediciones de intención de voto, tanto para la contienda de gobernador, como para la de presidentes municipales y legisladores?
¿Irá con aquellos hombres y aquellas mujeres que ubiquen las encuestas como supuestos favoritos del eventual electorado?
La respuesta fácil dirá que sí, que no tendrá que haber discusión para decantarse por los mejor posicionados en los estudios de opinión.
La compleja guiará a reflexionar en torno a las variadas condiciones que hacen competitivo a un candidato.
Entre todas esas condiciones hay que subrayar una: la capacidad del abanderado para llevar electores a las urnas.
La mayor capacidad de movilización, sin embargo, no le pertenece a ninguno de los aspirantes, de la elección que sea, sino al gobernador Sergio Salomón Céspedes, quien por tener el cargo que tiene dispone de las mejores condiciones políticas y económicas para emprender una operación ganadora a favor del partido en el poder.
No fue casualidad que el presidente estableciera unas reglas para la renovación de dirigencias estatales de Morena, en 2022, que permitieran la intervención absoluta de los gobernadores para apoderarse del control institucional a través de sus alfiles.
Miguel Barbosa lo hizo por medio de Olga Romero Garci Crespo y Agustín Guerrero Castillo, entre otros.
Si López Obrador entregó las dirigencias a los mandatarios locales no fue por motivos de benevolencia, sino de conveniencia política, para hacerlos responsables de las elecciones en las que se jugará su trascendencia histórica: las del 2024.
La encomienda, en el caso de Puebla, será para Salomón Céspedes, quien cargará sobre sus hombros parte de la responsabilidad nacional para alcanzar esa mayoría que López Obrador busca en las cámaras.
Este es un apunte que deben considerar los aspirantes (hombres y mujeres) al gobierno del estado.
Todos, hasta el más aventajado en las encuestas de intención de voto, como Alejandro Armenta Mier, requerirá el respaldo del mandatario estatal para convencer al dueño de Morena de que, la suya, sería una apuesta segura.
El senador Armenta posee los mejores números, pero está lejos de los afectos del presidente.
La ayuda explícita de Céspedes podría ser el empujón que necesita para colarse.
Lo mismo pasa con Ignacio Mier Velazco.
El diputado federal pensaba hasta hace unos días que, con Morena, cualquier aspirante ganaría la gubernatura, incluído él.
Después de escuchar la mañanera del jueves ya debe pensar diferente.
Por su bien.
‘Nacho’ Mier requiere de esa estructura política que solo otorga la posesión del poder público y que hoy se encuentra en manos del actual gobernador.
El mejor ejemplo de esto es Julio Miguel Huerta Gómez.
El secretario de Gobernación de la administración estatal no está en competencia por la candidatura nada más por sus buenos oficios, sino gracias a las circunstancias que le han permitido ser el depositario de las facultades de Céspedes para encabezar la operación política del estado.
Huerta es aspirante gracias al gobernador.
De la misma forma, es coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo gracias a él.
A Sheinbaum no le interesa Huerta en sí mismo, le importa Huerta como representante del gobernador de un estado que se le ha ofrecido de aliado para la contienda presidencial.
Si mañana Céspedes quita a su secretario de Gobernación de esa tarea y pone a otro personaje, quien usted quiera, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México lo aceptará sin hacer un solo guiño de reprobación.
A eso pretendía jugar Miguel Barbosa antes de morir.
Por eso insistía en su capacidad de veto y en la posibilidad de encumbrar a una de sus corcholatas.
Por eso también fue que los integrantes de la clase política jugaban a especular con el nombre del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
“Si quedan Armenta o ‘Nacho’”, se cotilleaba, “el panista será su candidato”.
Hoy esa facultad está en el heredero de la silla.
El inquilino de Palacio Nacional ha dicho que quiere el 66 por ciento de los votos.
Empiece usted a hacer cuentas.
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