Este martes podría ser vinculado a proceso por el delito de violencia familiar otro político vinculado a los gobiernos de Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali Fayad y Eduardo Rivera Pérez: Michel Chaín Carrillo, una vez que el expediente que se abrió en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género ya fue judicializado por el Juzgado de Oralidad Penal de Cholula.
Michel Chaín fue denunciado por su expareja Elia Rojas Villalpando por las golpizas que le propinó el 21 de junio y el 23 de diciembre de 2017.
Cabe mencionar que este no es el único proceso que el excandidato a la gubernatura por el PVEM en los comicios de 2018 enfrenta, pues otra de sus exparejas, María Fernanda Reyes Carreón, también lo denunció por violencia de género e incumplimiento en la dotación de alimentos en 2018.
Chaín Carrillo fue subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Administración en la gestión de Rafael Moreno Valle a invitación del entonces titular de la dependencia, Roberto Moya Clemente; secretario de Desarrollo Económico y Turismo en el Ayuntamiento de Puebla con José Antonio Gali; secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del estado cuando Gali fue gobernador, y secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla en la administración municipal del alcalde Eduardo Rivera.
En la audiencia de este martes, al exfuncionario se le harán saber las medidas cautelares que el Juzgado de Oralidad le impondrá, y si, como parte de estas, tendrá que ser vinculado a proceso en algún penal o llevar el juicio en libertad provisional bajo caución.
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Con Biestro, la justicia laboral sigue empantanada
A propósito del 1 de mayo, Día del Trabajo.
Un asunto que el secretario del Trabajo del estado, Gabriel Biestro Medinilla, debería aclarar sobre su desempeño al frente de la dependencia es qué acciones o políticas ha realizado para abatir el rezago de casi 35 mil expedientes que existen en las ocho Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
Y es que no hay ningún avance.
En octubre de 2020 en un oficio del entonces secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, a la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, sobre la proyección presupuestal requerida para el 2021 para la implementación en Puebla de la Reforma Laboral, se dijo que la JLCA tenía un rezago de más de 35 mil juicios en trámite.
Han pasado 25 meses de ese oficio, el ST/SEPI/211/2020, y 15 meses de la llegada de Gabriel Biestro a la Secretaría del Trabajo y el rezago sigue siendo el mismo, y eso que en octubre de 2021 se dejaron de recibir juicios en las Juntas Especiales.
En las seis Juntas Especiales con sede en Puebla capital faltan insumos básicos como hojas de papel, tóner para impresoras y tinta para fotocopias, por lo que los abogados litigantes tienen que andarlos suministrando si quieren que sus juicios de agilicen.
También hay escasez de personal. Antes había dos dictaminadores por Junta Especial y ahora solo hay uno. Además, existe una constante rotación de personal, entre secretarios de acuerdos, dictaminadores, diligenciarios y escribientes, debido a las frecuentes renuncias por exceso de trabajo, bajos salarios y nulas expectativas de crecimiento profesional.
De los 40 expedientes diarios que se tendrían que acordar por Junta Especial, solo se dictaminan uno o dos, por lo que los abogados de patrones y trabajadores están tramitando cientos de amparos, cuestionando la dilación de los juicios, la falta de sentencias y el incumplimiento de ejecución de sentencias, y el no respeto de los plazos y términos establecidos por las leyes en la materia.
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