Entre diciembre de 2022 y los primeros días de este año han puesto a disposición a unos 40 trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin que les ofrezcan un sustento que explique la causa por la cual los han retirado de sus centros de labores. Estos cambios se han dado con la complacencia del secretario general de la sección 23 del SNTE, Alejandro Ariza Alonzo. Entre los afectados la única explicación de tales abusos es que esos movimientos son para abrir espacios a personal que ha llegado –de última hora y sin méritos laborales– a esa dependencia de la mano del encarado de despacho de la SEP, José Luis Sorcia Ramírez.
Se sabe que es apenas la punta del iceberg y que viene una ola grande de trabajadores que serán “liberados” para que sus sitios sean ocupados por supuestos “recomendados” del actual titular de la SEP, quien todavía no cumple tres meses en esa responsabilidad y ya está generando un clima de malestar e inestabilidad laboral en la Secretaría de Educación Pública.
José Luis Sorcia Ramírez llegó al cargo el pasado 28 de octubre, en sustitución de Melitón Lozano Pérez, y como es encargado de despacho, aplaza muchas decisiones importantes bajo el argumento de que no tiene facultades de firmar órdenes ejecutivas hasta que sea nombrado como titular del área educativa.
Sin embargo, esa misma justificación no la ha utilizado para poner a disposición a decenas de trabajadores, sin importar que muchos de ellos tienen entre 20 y 30 años de experiencia, y que quitarlos de sus puestos laborales les provoca daños económicos y anímicos.
Pareciera que José Luis Sorcia y otros funcionarios de la SEP no han aguantado la tentación de abrir la nómina de la SEP a amigos, parientes o “recomendados”, pues solo eso explica que se desplace a varios administrativos con experiencia por personal sin conocer la materia de trabajo.
Poner a disposición a un trabajador no significa despedirlo, sino retirarlo de su lugar de labores y mandarlo al área de Recursos Humanos a esperar que le asignen un nuevo sitio. Eso acaba provocando un daño presupuestal, ya que se debe pagar el salario del administrativo afectado y de quien ocupa su espacio.
La gravedad de que lo que está pasando en la SEP es que se hace sin respetar la fracción IV, del artículo 24, de las Condiciones General de Trabajo que rigen a los burócratas estatales, en donde se establece que nadie pueda “ser separado del servicio sino por una causa justa”. Y los 40 administradores que fueron removidos no se les ofreció ningún argumento o sustento legal.
Un ejemplo es el siguiente oficio firmado por Heraclio Hernández Ramírez, director de Recursos Materiales de la SEP, que al poner a disposición a un trabajador solo le menciona lo siguiente:
“Por medio del presente me permito informarle a usted, que a partir de la fecha 15 de diciembre de 2022, queda liberado del Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Recursos Materiales, habiendo hecho la entrega correspondiente de la documentación y bienes que tuvo bajo su responsabilidad, sin dejar adeudo alguno en la Unidad Administrativa, por lo que deberá presentarse a la brevedad posible en la Dirección de Recursos Humanos…”.
¿Y cuáles son las causas o motivos? No dice absolutamente nada, de por qué al trabajador se le retira de su puesto de labores y con base a qué ordenamiento legal se tomó la decisión. Eso ha ocurrido con los 40 administrativos que han sufrido esa arbitrariedad.
Lo más cruel es que el trabajador al que se hace referencia en el anterior texto se encontraba incapacitado –por un problema grave de salud—y la norma dice que no se pueda afectar a un miembro de la burocracia cuando está de licencia médica.
Cuando han interrogado a Cecilia Sánchez Bringas, la directora de Administración y Finanzas de la SEP, por los abusos cometidos, lo único que responde es: “son unos flojos” los afectados. Sin importarle que está obligada a probar su dicho y no lo hace.
La situación se agrava cuando la parte que debe defender a los trabajadores administrativos que han sido objeto de tales atropellos, prefiere fingir que no está enterada o ser colude quien genera el abuso.
Tal es el caso de Ana Patricia Lechuga Gasca, la jefa de la delegación sindical D-III-1, quien siempre con engaños les dice a los agraviados que firmen –estar de acuerdo– los documentos en donde se ordena su remoción, para evitar “graves consecuencias”.
Esa actitud de la delegada sindical es reflejo de la crisis que se vive en la sección 23 del SNTE, en donde el secretario general saliente Alejandro Ariza Alonzo, ha actuado siempre a favor de los intereses de la parte patronal del gobierno y ha descuidado la defensa de los derechos de los agremiados.
Por eso su gestión está terminando en medio del absoluto descrédito.
