Inicia la cuenta regresiva: a los gobiernos de la 4T les quedan 19 meses efectivos

A partir de este fin de semana a los gobiernos de la 4T les quedan solo 19 meses de tiempo efectivo, aunque al sexenio concluya hasta dentro de 29 meses. Un año y siete meses es el periodo que les resta para cumplir promesas de campaña, terminar proyectos de infraestructura, cambiar el panorama de la inseguridad y lograr resultados positivos en proceso legales que combaten la corrupción del pasado. Luego de ese espacio, el proceso electoral –de 2024— va a opacar o congelar todo lo que se quiera hacer en ese último tramo.

Por eso en el ámbito de altos funcionarios del gobierno federal y también del estado de Puebla ha iniciado la cuenta regresiva. Para muchos miembros de la 4T, el sexenio acaba en la practica en 19 meses, aunque formalmente le queden 29 meses al actual periodo oficial.

Todo lo que se quiera hacer o los asuntos que se deban de concretar, tienen un plazo fatal que no rebasa el mes de enero de 2024, fecha en que se postularan oficialmente los candidatos a la presidencia de la República y habrá ya una definición de quienes van a ser los aspirantes a la gubernatura poblana.

Luego de enero de 2024, los gobiernos en función quedarán opacados o tendrán que consultar, consensar, sus decisiones con los abanderados de la 4T, que buscan ser las o los sucesores en Palacio Nacional o en Casa Aguayo.

De todos los temas pendientes, los más espinosos y complejos, tanto para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador poblano Luis Miguel Barbosa Huerta, son los procesos legales contra figuras de los anteriores gobiernos del PRIAN.

En los dos ámbitos, se percibe un marasmo en el avance de las investigaciones, de proceder contra importantes exfuncionarios que cometieron latrocinios o en conseguir que las acciones legales aterricen en sentencias firmes del Poder Judicial.

Esta situación plantea la disyuntiva de que muchas historias, acusaciones directas o procedimientos administrativos que se iniciaron contra figuras de anteriores gobiernos del PRIAN se queden únicamente en el terreno mediático y no aterricen en sentencias judiciales. Si esto ocurriera, sería un reforzamiento de la impunidad que priva en el país y provocaría un fuerte desencanto al sueño de justicia de la población.

Algunas voces dicen que los gobiernos de la 4T están administrando los procesos legales para que en 2023 tengan su efecto mayor e incidan en el proceso electoral del siguiente año. Lo que sería un movimiento bien ejecutado.

Pero también hay voces críticas que alertan de un fracaso más, tal como ocurre desde hace décadas, en el combate a la corrupción.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene 4 grandes pendientes:

Lograr que los casos de la llamada Estafa Maestra, que implica a Rosario Robles Berlanga, la ex secretaria de Desarrollo Social y Ordenamientos Territorial; así como los escándalos de corrupción en Pemex, que tienen como figura central a Emilio Lozoya Austin, permitan sancionar a altos funcionarios de lo que fue el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Asuntos, sobre todo en el segundo, que también apuntan a miembros de la oposición, como son los panistas Ricardo Anaya Cortés y Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Otro asunto espinoso es que los procesos contra Luis Cárdenas Palomino y el poblano Facundo Rosas Rosas, que fueron los operadores de ex secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, que está preso en Estados Unidos por dar protección al Cártel de Sinaloa, llegue hasta las altas esferas de lo que fue la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa.

Y el más importante: que el episodio más oscuro del peñismo que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se esclarezca y se castigue a los altos mandos del Ejército y del gobierno federal que conspiraron para proteger a la llamada “mafía de la heroína”, que estuvo atrás de este doloroso capítulo de la vida nacional.

Con el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta también hay tres temas espinosos:

Primero: durante el morenovallismo hubo graves abusos de sobreprecios en obras y servicios públicos, en la contratación de una brutal deuda pública de más de 40 mil millones de pesos, de pagos ilegales a beneficiarios del gobierno que duró de 2011 a 2016, así como un descarado empleo de facturas falsas.

En aquella época, algunos colaboradores del entonces mandatario Rafael Moreno Valle Rosas presumían que se había construido una bolsa de unos 60 mil millones de pesos para financiar los proyectos personales de su líder político. Hoy poco se sabe de qué pasó con todo ese dinero.

Se anunciaron que habría procesos legales contra Roberto Moya Clemente quien es senador de la República y fue secretario de Finanzas en el morenovallismo; así como contra Homero Eduardo Tovilla Lara, quien fue subsecretario de Egresos y se dice que era quien sabía al derecho y al revés todo el manejo del dinero en esa época, quien además estaba asociado con Eukid Castañón Herrera, que está preso por varios ilícitos y era el operador político-electoral del gobierno en cuestión.

Hasta ahora no se sabe si la acción de la justicia alcanzará a quienes dieron un uso faccioso, abusivo y hasta ilegal del erario.

Segundo: hubo dos ex secretarios de Infraestructura que se les señaló de presuntas anomalías en destacados proyectos de obras públicas. Uno de ellos es Diego Corona, de quien el propio Moreno Valle renegaba al final de su sexenio. Y el segundo es Xabier Albizuri Morett, quien fue parte de la llamada miniguberntura de José Antonio Gali Fayad. No se ha sabido en qué van los procesos legales en su contra, si es que lo hubo.

Tercero: Jorge Benito Cruz Bermúdez dejó el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia bajo la acusación de que habría sido responsable de múltiples anomalías financieras –con facturas falsas– en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos. Parecía que “ya le pisaban lo talones” y que en cualquier momento caía preso. Sin embargo, luego de dejar el Poder Judicial se esfumó.